El director de la Función Pública, César Manrique, está bajo fuego porque fue vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía reveló que Manrique, con la participación de otros funcionarios, pactó coimas de hasta el 7% por el traspaso de cien mil millones de pesos. La controversia surgió al mismo tiempo que el presidente Gustavo Petro daba su discurso del pasado 7 de Agosto.
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De acuerdo con el ente acusador, César Manrique Soacha gestionó el traslado de una partida de cien mil millones de pesos que originalmente había sido entregada por la Ungrd a la Agencia Nacional de Tierras, y posteriormente devuelta. El acuerdo presuntamente incluyó el direccionamiento de contratos para plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos a cambio de sobornos.
Según El Tiempo, a pesar de las serias acusaciones, no se ha discutido oficialmente la posible renuncia de Manrique. En declaraciones a ese medio de comunicación el funcionario afirmó no tener intención de dimitir.
No obstante, voces externas al Gobierno, como las del senador David Luna, del partido Cambio Radical, exigen que Manrique sea separado de su cargo, al igual que ocurrió con Carlos Ramón González, que renunció tras ser mencionado en el mismo escándalo.
“El presidente ha dictado un discurso de reconciliación y perdón, pero no ha actuado con la responsabilidad política esperada. Un ejemplo claro es el director de la Función Pública, César Manrique, que sigue en su puesto a pesar de su implicación en este vergonzoso escándalo de corrupción”, enfatizó el senador Luna de acuerdo con El Tiempo.
En la misma línea, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, aseguró que la Fiscalía identificó a Manrique Soacha como uno de los líderes de la supuesta estructura delictiva, en un nivel comparable al del director de la Ungrd, Olmedo López.
“Este funcionario, vinculado desde hace tiempo a Gustavo Petro, ya estuvo implicado en el pasado en otro escándalo sobre motos eléctricas en Bogotá”, comentó Briceño.
Expertos en la materia, como el analista Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, aseguró que la permanencia de Manrique en su cargo es insostenible. Cuervo argumentó que la salida del director de Función Pública no solo es necesaria por el escándalo de corrupción en sí, sino también por su falta de eficiencia en su rol.
“La Función Pública tiene una misión clara de implementar políticas relacionadas con el empleo público y la transparencia. Manrique no ha aportado a la resolución de los problemas de gestión del gobierno actual”, afirmó Cuervo.
El Departamento de Función Pública se encarga de formular políticas vinculadas con el empleo público, el control interno y el desempeño de los servidores públicos, buscando aumentar la confianza ciudadana en la administración pública. Sin embargo, la implicación de su director en un caso de corrupción pone en cuestionamiento sus funciones esenciales y afecta negativamente la percepción pública.
Hasta el momento, el único funcionario que ha renunciado debido al escándalo es Carlos Ramón González, exdirector del DNI (Departamento Nacional de Inteligencia), quien aún sigue en funciones a la espera de un reemplazo. En cambio, otros implicados como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el mismo director de Función Pública, César Manrique, continúan en sus puestos. El presidente Petro ha defendido públicamente a Bonilla, calificándolo como esencial en el contexto de la inestabilidad económica que afecta al país.
El manejo de este escándalo y la aparente renuencia a remover a los implicados del Gobierno, genera respuestas mixtas dentro y fuera del ámbito oficial. Según El Tiempo, varios funcionarios cercanos al presidente Petro no han sugerido la salida de Manrique, reflejando una postura de respaldo hacia el funcionario a pesar de las serias acusaciones.
Como suele ocurrir en casos de alta repercusión, la opinión pública también juega un papel crucial. La presión de la sociedad y de distintos sectores políticos y académicos parece orientarse hacia la exigencia de una mayor transparencia y responsabilidad por parte de los dirigentes públicos. El futuro de César Manrique y su permanencia en el cargo serán determinantes en este escenario, que pone en tela de juicio la integridad de las estructuras gubernamentales en Colombia.
Manrique se defiende
A través de redes y desde la vocería de sus abogados, Manrique rechazó el vinculo que se le hizo con el escándalo de corrupción de la Ungrd: “Es falso, y así se demostrará ante cualquier autoridad que lo requiera, que el doctor Manrique Soacha haya tenido alguna relación delictual con los señores Olmedo López o Sneyder Pinilla. La Fiscalía General de la Nación está siendo engañada por los señores López y Pinilla, cuyos dichos tienen que ser investigados a profundidad y, una vez verificado el engaño, se les debe negar cualquier beneficio por colaboración, debiendo ser investigados, además, por el nuevo delito de fraude procesal que estarían cometiendo”, se lee en el documento.
Añade que “César Augusto Manrique Soacha no ha intervenido, directa ni indirectamente, en ningún proceso contractual dentro de la entidad a la que pertenecían los señores López y Pinilla, ni tenía ningún interés particular en ninguna de sus operaciones contractuales. Hemos comunicado a la Fiscalía General de la Nación nuestra completa disposición para desmentir cualquier dicho falso y malintencionado de los señores López y Pinilla, de quienes esperamos asuman su responsabilidad, colaboren efectivamente con la justicia y no engañen más a las autoridades”, finalizan los abogados de Manrique.