Revelan la desaparición de pruebas en el caso de corrupción en la Ungrd: Sneyder Pinilla borró conversaciones

El 7 de agosto de 2024, desde las 9:18 a. m., inició la audiencia para solicitar la medida de aseguramiento contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); Sneyder Pinilla, exsubdirector de gestión del riesgo; y Luis Eduardo López Rosero, contratista conocido como El Pastuso. La Fiscalía General de la Nación vinculó a estos tres individuos en un escándalo de corrupción que implicaría el desvío millonario de recursos destinados a la atención de desastres.

La acusación formal, presentada el 25 de julio, incluye cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. La fiscal delegada, María Cristina Patiño, solicitó que los acusados sean detenidos preventivamente en un centro carcelario, argumentando que representan un peligro para la comunidad y podrían seguir destruyendo evidencia.

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En su intervención durante la audiencia, la fiscal Patiño destacó la grave preocupación por la pérdida de evidencia en el caso. Según la fiscal, Sneyder Pinilla admitió en un interrogatorio que eliminó varios chats que podrían ser cruciales para la investigación. Además, la Contraloría General de la República alertó sobre la desaparición de 69 cajas que contenían material probatorio vital para esclarecer los hechos de corrupción.

La fiscal Patiño expresó serias preocupaciones sobre la posible manipulación de pruebas en el contexto del caso de corrupción en el que se encuentran involucrados varios procesados. Durante su intervención, la fiscal destacó los riesgos asociados con la falta de concesión del principio de oportunidad o la ausencia de un preacuerdo, que podrían llevar a los acusados a intentar destruir, modificar o falsificar la evidencia física y los elementos materiales probatorios. También se advirtió sobre la posibilidad de que los implicados induzcan a terceros a comportamientos desleales hacia la administración de justicia.

La fiscal Patiño citó específicamente el comportamiento de uno de los procesados, Sneyder Pinilla, que reconoció haber eliminado conversaciones en la aplicación de mensajería WhatsApp que comprometían su responsabilidad en los delitos que se le imputan. ”Yo eliminé el chat porque yo decía, yo no estaba metido en el delito, yo decía, eso era una evidencia y no”, mencionó la fiscal citando a Pinilla. “A lo anterior debe mencionarse la grave pérdida de documentos en la Ungrd”, agregó.

“Lo que hemos observado es una situación alarmante en la Ungrd”, aseguró Patiño. “Los elementos de prueba han sido sistemáticamente eliminados. La Contraloría ha reportado la desaparición de 69 cajas que contienen documentos esenciales para la investigación. Esta situación sugiere que existen contratistas dentro de la Ungrd que están intentando borrar las pruebas del ilícito”, añadió la fiscal.

La solicitud de medida cautelar también se basa en el riesgo de que los imputados, en libertad, continúen interfiriendo con la justicia. La fiscal argumentó que la detención preventiva es crucial para prevenir la destrucción de más pruebas y para garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera efectiva.

Por estas razones, la Fiscalía hizo la solicitud de una medida cautelar, basada en el riesgo de que los imputados, en libertad, puedan continuar interfiriendo en el proceso judicial y destruyendo pruebas. La fiscalía argumentó que solo mediante la detención preventiva se puede garantizar la integridad del proceso judicial y evitar la perpetuación de actos delictivos.

En su intervención, la fiscal Patiño destacó una preocupación central: la pérdida de evidencia crucial para el caso. “Ninguna de las nueve medidas cautelares no privativas de la libertad (...) son suficientes para evitar la obstrucción a la justicia y la continuidad de la actividad delictiva, pues al encontrarse en libertad existe un mayor grado de probabilidad de que prolonguen la actividad criminal, ya que tendrían contacto con otros integrantes de la banda delincuencial que actúa no solo al interior de la Ungrd, sino también en otras entidades públicas para apropiarse de los dineros del Estado, dineros de la Ungrd, dineros oficiales por medio de la contratación, sin que alguna de las medidas no restrictivas de la libertad haga desaparecer esa probabilidad”, dijo la fiscal en la audiencia.