Los 10 escándalos que empañaron a la familia Petro en el último año: lujos, investigaciones y denuncias

El presidente Gustavo Petro cumplió dos años en el cargo que le ha permitido dirigir al país. El camino ha estado lleno de problemas, polémicas, críticas y defensas que han acaparado los titulares de la prensa colombiana e internacional. Varios de los escándalos que han surgido en medio de su administración, fuertemente cuestionada por la oposición, ha involucrado a integrantes de su familia que, incluso, llegaron a los estrados judiciales por involucrar acciones ilegales.

Estas diferentes situaciones, que se suman a graves revelaciones de corrupción que enlodan a miembros de su gabinete y otros servidores públicos, han generado una percepción negativa con respecto al futuro del país manejado por el primer presidente de izquierda. De acuerdo con una encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para la revista Semana divulgada en abril de 2024, el 66,6% de las personas encuestadas aseguró que Colombia va por mal camino.

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Pues, además de las problemáticas en materia de seguridad y de expansión y fortalecimiento de los grupos armados, generan escozor los escándalos de presunta corrupción que involucran a la familia del presidente. Su hijo Nicolás Petro está envuelto en un proceso penal que podría llevarlo a la cárcel por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su expareja Daysuris Vásquez lo señaló de haber recibido dineros ilícitos que, al parecer, iban a entrar a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Por eso, la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente, indicando que, además, no declaró los ingresos que tuvo y que no surgieron por su trabajo como diputado de la Asamblea de Atlántico. Con ese dinero; no obstante, adquirió varios artículos de lujo.

“Los elementos materiales de prueba indican que el hoy procesado, entre junio y diciembre de 2022, habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Marlboro”; y diversas sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca Elajdue, del político Máximo José Noriega Rodríguez y de algunos empresarios de Cúcuta y Villavicencio”, informó la Fiscalía en un comunicado.

En medio del proceso penal, Nicolás Petro declaró que su padre, el presidente de la República, sabía del presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña. No obstante, después se retractó y denunció presiones. Asimismo, aseguró haber sido víctima de un procedimiento de captura ultrajante por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que lo grabó semidesnudo cuando allanó su apartamento. En el video, divulgado irregularmente a los medios, también se ve a su pareja, Laura Ojeda, que ese momento estaba embarazada, desnuda y cubierta con una cobija.

El abogado penalista Iván Cancino explicó a Infobae Colombia que la filtración del video habría sido responsabilidad del fiscal Mario Burgos, que hasta hace poco estuvo al frente de la investigación. “Los abogados de Nicolás Petro no tienen copia, el único que tiene copia es el fiscal. El guardián del proceso es el fiscal”, precisó.

El caso ahora está en manos de la fiscal Lucy Marcela Laborde, puesto que Burgos fue recusado por la filtración de piezas de reserva sumarial y otras irregularidades identificadas en el proceso. De acuerdo con Cancino, el cambio de fiscal no tendrá mayores efectos en el proceso, que ya está bastante adelantado. Además, sostuvo que la Fiscalía no podrá cerrar el caso porque ya está ante un juez. “Ya cualquier decisión de fondo, ya sea de condena, absolución o de preclusión que se intente, la resolverá un juez”, indicó.

El profesional, de hecho, explicó que la salida del fiscal Mario Burgos es “apenas obvia”, teniendo en cuenta que, al parecer, se extralimitó en sus funciones al preguntarle a Nicolás Petro en su proceso por el presidente de la República, buscando indagar si sabía de los movimientos irregulares de dinero.

Aseguró que el funcionario no estaba en la competencia de preguntar por Gustavo Petro, porque tiene fuero constitucional y, en ese sentido, una investigación por presuntas conductas irregulares le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Así las cosas, afirmó que, teniendo en cuenta el avance del proceso, los cambios que se han hecho y el peso de las pruebas presentadas por la Fiscalía, es difícil que la justicia falle a favor de Nicolás Petro. “La presunción de inocencia de él cada vez se ve más menoscabada. Tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para no recibir una condena”, concluyó.

Además de las dudas que hay sobre la legalidad de los recursos que entraron a la campaña de Gustavo Petro para la Presidencia en 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga la violación de los topes de financiación por más de $5.300 millones. Justo por eso, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz decidieron presentar pliego de cargos contra el primer mandatario y su exgerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.

Según el CNE, de la totalidad del dinero que sobrepasó el umbral de aportes, $3.709 millones fueron reportados en la primera vuelta y $1.646 millones, en la segunda. Adicionalmente, hay inquietudes sobre la transparencia de la donación de $500 millones por parte de a Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a la Colombia Humana, puesto que se cree que esos recursos pudieron haber ido a parar a la campaña presidencial.

La formulación de cargos llevó al jefe de Estado a pronunciarse y a alegar un presunto “golpe blando” en su contra. “Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo”, sostuvo Petro.

Mientras tanto, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes está investigando al jefe de Estado por estos mismos hechos. No obstante, las indagaciones que adelanta la célula legislativa han sido puestas en duda debido a que el congresista Wadith Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la preside.

Según el abogado Cancino, mientras Gustavo Petro sea presidente, será la Comisión la que lo investigue, de lo contrario, sería la Fiscalía la encargada de poner la lupa sobre las presuntas irregularidades cometidas por el mandatario. Detalló que, si la Comisión encuentra alguna responsabilidad penal en él, tendrá que presentarla ante la Plenaria de la Cámara. El proceso podría pasar también por la Comisión y la Plenaria del Senado y, en últimas, por la Corte Suprema de Justicia.

Cabe resaltar que, de acuerdo con el profesional, las revelaciones que dio Nicolás Petro sobre el presidente, indicado que sabía del ingreso irregular de ciertos dineros a su campaña, no tendrían validez. Eso quiere decir que no serían consideradas como pruebas en la investigación que se adelanta en contra de Gustavo Petro.

“Esas declaraciones se dieron en el marco de un proceso de colaboración. La colaboración no había llegado a su fin y Nicolás Petro decidió no seguir en ese proceso”, precisó el abogado penalista a Infobae Colombia.

Por otro lado, Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, tampoco se ha salvado de los escándalos. En enero de 2024 fue blanco de críticas por los millones de pesos que recibieron las personas que conforman el “séquito” que la acompaña a los eventos públicos y compromisos.

De acuerdo con un informe publicado por La Silla Vacía, el mencionado séquito incluye un maquillador y vestuarista personal (Fady Flórez), un fotógrafo profesional para sus redes sociales (Mauricio Vélez), una asesora personal (María Antonia Pardo) y una persona encargada de la logística y los actos “protocolarios” (Carolina Plata, su mejor amiga). Todos recibieron mensualmente, por concepto de honorarios, entre $10 y $30 millones.

Los polémicos lujos que se estaría dando la primera dama a costa de los impuestos de los colombianos llevó a la Presidencia de la República a aclarar las cosas. En un comunicado emitido el 11 de enero, aseguró que Alcocer cumple una “función social” que implica el desarrollo de labores protocolarias y el liderazgo de ciertas iniciativas.

Además, explicó que las personas que conforman el “séquito” son contratistas del Estado que no solo prestan servicios a la primera dama, sino también a la Presidencia y a presentadores de informativos oficialistas. En todo caso, según la investigación del medio citado, los pagos que recibieron los contratistas corresponden a más de $1.000 millones.

Varios políticos se pronunciaron al respecto, criticando el malgasto de los recursos públicos. “Esto es abuso de poder. Este desgobierno exprime al ciudadano con reformas tributarias, aumenta la gasolina y otro tipo de cosas para gastarse la plata de los colombianos de esta forma tan vil. No hay respeto por lo público”, sostuvo la concejala de Bogotá Diana Diago.

La primera dama también generó polémica tras denunciar una presunta campaña de desprestigio de la que estaría siendo víctima por parte de funcionarios del mismo Gobierno nacional. Según explicó en un documento enviado a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, la estarían involucrando en el escándalo de corrupción de la Ungrd, que está relacionado con la desviación de recursos públicos y el redireccionamiento de contratos.

“Respetuosamente acudo ante su despacho a fin de interponer denuncia con ocasión de las conductas que a continuación se describen, las que posiblemente hacen parte de una estrategia sistemática de desinformación, atentatoria contra la dignidad humana, la honra y el buen nombre, como parte de un ataque orientado a desacreditar personas y grupos, afectando la credibilidad y confianza de sus destinatarios, mediante la difusión de contenido inexacto y engañoso”, sostuvo Alcocer en su denuncia.

Detalló que, algunas personas del mismo Gobierno Petro están buscando “confundir a la opinión pública” con rumores e información falsa en su contra. Esto tendría como fin evitar ser señalados por “sus propias acciones”, presuntamente ligadas a casos de corrupción. Además, insistió en que las narraciones utilizadas en su contra han mezclado hechos verdaderos con “montañas de mentiras” que llegan a los medios de comunicación.

La denuncia de la primera dama captó la atención de la Procuraduría General de la Nación, que ya abrió una indagación preliminar a funcionarios por determinar del Gobierno nacional para esclarecer los hechos y tomar acciones disciplinarias, si se requiere.

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, salpicado en el escándalo de la Ungrd, habló sobre la denuncia durante una rueda de prensa, indicando que Verónica Alcocer no se atrevería a exponer un “fuego amigo” sin pruebas. “Es una acusación delicada. (sic) Una persona como la primera dama no hace una afirmación si no tiene elementos de juicio suficientes. Eso lo tengo claro y no respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, precisó el ex jefe de cartera.

Adicional a la indignación que generó primera dama por el aparente malgasto de lo recursos públicos para mantener su imagen, existe una puja jurídica por el cargo que tuvo como embajadora de Misión Especial. Fue designada como tal en enero de 2023 en un viaje que hizo a Italia y en el que se encontró con el Papa Francisco; sin embargo, en abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó su designación al verificar que se incumplió el artículo126 de la Constitución Política de Colombia, que reza lo siguiente:

“Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”, detalla la normativa.

Esta decisión fue impugnada por la Agencia Jurídica del Estado en julio de 2024, que salió en defensa de la primera dama como “institución” de relacionamiento con “otros Estados”. Por eso, el caso fue tomado por el Consejo de Estado. “Ese proceso va a definir mucho a futuro como va a ser la manera en la que intervienen las primeras damas en esa representación que ellas hacen del Estado ante entidades internacionales”, explicó en su momento el director de la Agencia Jurídica del Estado.

Andrea Petro, la hija mayor del presidente de la República, también se ha visto envuelta en polémicas que la han obligado a pronunciarse públicamente para disipar dudas. Pues, fue vista en el Carnaval de Barranquilla de 2024 en compañía de Day Vásquez, la exesposa de su hermano Nicolás Petro que denunció sus presuntos actos ilegales en medios de comunicación y ante la justicia.

El escándalo se desato por varias fotografías en las que aparecen juntas, por lo que Andrea Petro dio una corta explicación de por qué resultó al lado de Vásquez, disfrutando de las festividades. Según detalló en sus redes sociales, su viaje a la capital del Atlántico tenía como objetivo estar en un encuentro relacionado con la trata de personas. “Vine a participar a una mesa de trabajo para hablar de trata de personas. Llegué dos días antes para poder asistir al carnaval. Dejen el show”, indicó la hija del primer mandatario en una publicación en su cuenta de Instagram.

En una anterior publicación ya se había referido a la relación que tiene con la polémica exesposa de su hermano. En una dinámica de preguntas que llevó a cabo en su Instagram, contó que desde hace varios años es amiga de Vásquez.

Dicha amistad, al parecer, no se habría visto afectada por las revelaciones que hizo la mujer en contra del hijo del jefe de Estado y que hoy lo tienen ad portas de perder su libertad. “Lo que haya pasado entre ellos. Es entre ellos. Yo ahí no tengo nada que ver. Hay que disociar las cosas. Si cometieron errores eso les corresponde a ellos. Es su vida privada. Son responsables de sus acciones”, sostuvo.

Otra de las hijas del primer mandatario, Antonella Petro, fue tema de discusión en redes sociales y medios de comunicación luego de que fuera abucheada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde se llevaría a cabo un partido entre Colombia y Brasil. Los hechos se presentaron el 17 de noviembre de 2023, cuando la menor de edad estaba esperado el inicio del compromiso futbolístico.

Los asistentes, que portaban camisetas de la selección Colombia, empezaron a gritar arengas en contra del primer mandatario, dirigiendo sus insultos a la menor que se encontraba en un palco elevado. “¡Petro, hijueputa!”, vociferaron los hinchas, ahuyentando a la hija del presidente.

El jefe de Estado llamó “cobardes” a los fanáticos del deporte que fritaron las arengas criticándolo, pero en dirección a su hija. Lo mismo hizo, Sofía Petro, hija del primer mandatario, que se pronunció en X cuestionando lo ocurrido y defendiendo a su hermana. Resaltó que este tipo de situaciones no lograrían apagar su “luz” jamás.

“Antonella llena de luz todo espacio en el que se encuentre. Ni todo el odio que llevan esas personas en su corazón podrían apagarla. A ellos les deseo que encuentren paz. Si no podemos sentarnos a ver un partido de futbol al lado del que piensa diferente, estamos fregados...”, escribió.

Una situación similar se presentó en enero de 2024, en un parque de Disney en Orlando, Florida, donde Verónica Alcocer fue confrontada por una colombiana que la criticó por estar fuera del país luego de la polémica que se generó por la pérdida de los Juegos Panamericanos 2027. “Oye, ¿qué tal los Panamericanos? Bien, ¿no? Sabroso paseando y quejándose del capitalismo”, dijo la mujer.

La hija del primer mandatario preguntó si se dirigía a ella, a lo que la ciudadana respondió: “No quiero nada contigo, porque a ti no te estoy diciendo nada”. Lo sucedido motivó, incluso, a congresistas de la oposición a mostrar su rechazo.

Una de las personas que se pronunció es la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. “Los niños deben ser cuidados y queridos por toda la sociedad. Y esta consideración debe estar por encima de todo lo demás. Qué tristeza que por lo político estemos perdiendo de vista las conexiones humanas”, aseveró.

Las relaciones diplomáticas con otros países se han visto afectadas por decisiones tomadas por el Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, y por hechos y determinaciones correspondientes a las otras naciones. En ese contexto, los dos países que han evidenciado una especie de quebranto en la diplomacia con Colombia son Argentina e Israel.

En el primer caso, el Gobierno colombiano ordenó la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina luego de que el presidente del país sudamericano, Javier Milei, insultara a Gustavo Petro en una entrevista: “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, fueron las palabras del mandatario argentino.

Según indicó en su momento la Cancillería, el jefe de Estado no solo ofendió “la dignidad” del presidente de Colombia, sino que deterioró la confianza de la nación. En ese sentido, ordenó la expulsión de los diplomáticos, generando un ambiente de tensión entre los países.

Para entonces, el analista político Mauricio Jaramillo Jassir explicó a Infobae Colombia que la decisión del Gobierno no supondría graves repercusiones para la nación más allá del ámbito político. Pues, entre Colombia y Argentina no hay una “relación robusta” en materia de comercio y, aunque hay varios colombianos en ese país, la expulsión de diplomáticos no tendría que afectar su estadía.

No obstante, esas relaciones diplomáticas que parecían estar en un punto de quiebre empezaron a restablecerse y la delegación diplomática colombiana retornó a Argentina al poco tiempo.

El segundo caso implica el rechazo público por parte del presidente Gustavo Petro al genocidio que están cometiendo las tropas israelíes en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, cuando el grupo terrorista palestino Hamas atacó Israel con misiles. Debido a que hasta la fecha no ha parado el asesinato de la población palestina, el Gobierno colombiano rompió relaciones diplomáticas con el país de Medio Oriente en mayo de 2024.

Esta decisión ya venía gestándose e, incluso, el primer mandatario ya lo había advertido meses antes, indicando que, si Israel se negaba a cumplir con una resolución de las Naciones Unidas en la que se exigía el cese al fuego, habría un quebranto en las relaciones diplomáticas.

Es importante aclarar que el Gobierno israelí suspendió las exportaciones de seguridad a Colombia por declaraciones del presidente en las que comparó a Gaza con los campos de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial.

El hermano del primer mandatario, Juan Fernando Petro, por su parte, fue salpicado en un caso de presunta estafa perpetrada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (Cldh), de la cual hizo parte. Familiares de soldados colombianos que están privados de la libertad en Haití por el asesinato del expresidente de dicho país Jovenel Moïse, ocurrido en 2021, aseguraron que la Comisión los engañó.

Presuntamente, se les había prometido ayuda si pagaban cierta cantidad de dinero a la ONG, por lo que habrían alcanzado a entregar $6 millones. No obstante, dicha colaboración nunca llegó. Juan Fernando Petro negó estar vinculado con el caso y precisó que su nombre fue utilizado en el entramado sin su consentimiento, puesto que apareció en un documento catalogado como “alto comisionado de paz”.

Asimismo, aseguró que la Comisión lo incluyó como integrante para poder “hacer negocios” y sacar de ellos un “usufructo económico”. De igual manera, según La Silla Vacía, afirmó que nunca ha visitado Haití y que jamás ha visto el documento en el que aparece su nombre.

La más reciente polémica que sacudió a la familia Petro involucró directamente al primer mandatario. Una persona, señalada de ser Gustavo Petro fue grabada en las calles de Panamá paseando, de la mano, con una mujer trans. Aunque existen dudas sobre la veracidad del video, la ciudadanía se despachó contra el presidente y la persona que supuestamente lo acompañaba.

El jefe de Estado se pronunció al respecto en X, cuestionando a quienes insultaron a la persona trans. “Estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria deben ser rechazadas por el presidente”, aseveró mandatario.

Igualmente, indicó que un demócrata sabe que los seres humanos son iguales, por lo que afirmó que, aunque es heterosexual, nunca hará comentarios en contra de la población trans, “porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano”, concluyó.