La Armada nacional denunció al Clan del Golfo como un cartel narcotraficante durante negociaciones con el gobierno

Incluso, la Defensoría del Pueblo afirmó que esta estructura al margen de la ley ha actuado en contra de los derechos humanos

El almirante Juan Francisco Rozo indicó que las Fuerzas Militares seguirán actuando en contra del grupo armado - crédito infodefensa.com y Fiscalía

En medio de las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro Petro y el Clan del Golfo, el comandante de la Armada Nacional, almirante Juan Francisco Rozo, lanzó una dura advertencia contra el grupo armado.

En declaraciones recogidas por Semana, Rozo indicó que la naturaleza criminal de la organización sigue siendo relacionada con el tráfico de droga. “Claramente el ‘Clan del Golfo’ es un grupo narcotraficante, se abastece para sus finanzas y su estructura criminal, del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, de la extorsión. Ahí es donde nosotros seguiremos haciendo el trabajo para demostrar la voluntad que tienen las Fuerzas Militares para neutralizar estas acciones”, informó a la prensa.

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La Defensoría del Pueblo también destacó esta situación. “En relación con las economías ilícitas de las AGC, del total de las AT emitidas hasta la fecha, en 166 de ellas —el 92%— ha identificado al narcotráfico como una de las principales actividades asociadas a su actuar delictivo. Igualmente, en 70 AT ha identificado su operación en minería ilegal; en 66 AT, actividades relacionadas con contrabando, y en 20, con los préstamos conocidos como ‘gota a gota’”.

En ese sentido, las Fuerzas Militares seguirían actuando en contra del grupo armado al margen de la ley, en aras de evitar efectos negativos, en especial, en la población civil.

Un informe de la Defensoría del Pueblo revela cómo este grupo armado ha extendido su influencia en el 75% del territorio colombiano, incluyendo 24 departamentos - crédito Colprensa

En ese contexto, la Armada Nacional asestó un golpe significativo al grupo criminal con la captura de dos presuntos cabecillas de la subestructura Manuel José Gaitán. Según información difundida en la prensa, los detenidos, conocidos como alias “Titi” y alias “Manco”, eran los responsables de coordinar homicidios, extorsión y tráfico de estupefacientes en Sucre, bajo el mando de alias “Dago”.

Según informó Semana, en medio de estas detenciones, representantes del gobierno de Gustavo Petro emitió una resolución autorizando nuevas conversaciones con el Clan del Golfo. El objetivo declarado es desmantelar el grupo a través de un proceso de sometimiento a la justicia. Ahora bien, estos diálogos no serían los primeros a través de los cuales el Gobierno intenta un acercamiento, ya que hubo un primer intento fallido de cese de hostilidades.

En el reciente operativo fueron incautados 42 kilogramos de insumos líquidos del Clan del Golfo los cuales fueron puestos a disposición para judicialización - crédito Colprensa

Aún así, la iniciativa de negociación sigue generando un fuerte rechazo. El gobernador de Antioquia, Julián Rendón, declaró que la apertura de diálogo con el Clan del Golfo “es una cachetada a los Antioqueños. La violencia en el Nordeste, Bajo Cauca y en el Oriente del Departamento arrecia por la presencia de este grupo criminal que posa de contrainsurgente.

El impacto de esta estructura que tiene preocupadas a las entidades de Derechos Humanos

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también se pronunció el 6 de agosto del 2024, sobre el impacto del Clan del Golfo en la ciudadanía, en territorio nacional. Según este organismo, la presencia del grupo armado ha aumentado en un 84% en los últimos cinco años, con una ampliación de acciones de 213 a 392 municipios.

Julio Luis Balanta Mina, defensor del Pueblo - crédito Defensoría del Pueblo

“Entre el 2017 y lo que va del 2024 ha emitido 317 Alertas Tempranas (AT); en 173 de ellas, es decir, del 54% del total, ha alertado sobre la presencia y operación criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en distintos lugares del territorio nacional”, informó la entidad.

La Defensoría insistió en que “los hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos, además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, llevan a la Defensoría del Pueblo a solicitarles e insistirles al Gobierno Nacional y los entes competentes del orden territorial lo importante que es emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado”.