Iván Velásquez respondió a petición de trasladar a los implicados en el caso de la Ungrd a guarniciones militares

El 7 de agosto de 2024, a las 9:18 a.m., dio inicio la audiencia para definir la medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, su segundo al mando y el contratista Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso por el entramado de corrupción que sacude a la entidad.

Los tres investigados están acusados de utilizar dineros para sobornar a congresistas y se aprobaran las reformas sociales del Gobierno nacional. Sin embargo, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación de concierto para delinquir, peculado por apropiación y en favor de terceros agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

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Entre los principales implicados en el escándalo de corrupción al interior de la Ungrd destacan los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, que, presuntamente, recibieron multimillonarios incentivos para apoyar varios proyectos de ley.

En respuesta a la solicitud de la defensa de que López, El pastuso y Pinilla fueran traslados a una base militar para garantizar su seguridad, el ministro de defensa, Iván Velásquez, se pronunció al respecto, señalando que esa es una decisión que toma el juez de garantías a donde envía a los privados de la libertad.

En ese sentido, dijo que la solicitud fue realizada para que los acusados fueran traslados a un batallón en Bucaramanga, pero “solo se hará si el juez de garantías aprueba la solicitud y si existe disponibilidad para ejecutar la acción”.

A su vez, aseguró que había “una solicitud de la Fiscalía para determinar si hay cupos en guarniciones militares, en caso de que el juez lo ordene tenemos que acatar”, dijo el ministro de Defensa sobre solicitud de que Sneyder Pinilla y Olmedo López vayan a guarniciones militares.

Según la fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, tanto López, Pinilla y El Pastuso son considerados como “un peligro para la comunidad”, por lo que solicitó al juez medida cautelar para los acusados.

Igualmente, recordó que se enfrentan a penas de hasta 22 años privados de la libertad, pero estas no se cumplirán en su totalidad por los principios de acuerdo que se están negociando para ayudar en la resolución del caso. Para López Rosero, la pena se reducirá en una cuarta parte, en algunos delitos, por no ser funcionario público, indicó la fiscal Patiño.

La defensa de Olmedo López realizó una propuesta formal al órgano de control para alcanzar un acuerdo y reducir la pena del exdirector de la Ungrd. En la oferta, se precisa que, a cambio de información valiosa, la condena de López no fuera mayor a 70,8 meses; es decir, casi seis años.

A la par, el acusado se comprometió a devolver cerca de $1.024 millones, a modo de reparación, por los daños y perjuicios que él y sus subalternos realizaron al departamento de La Guajira, que debía recibir 40 carrotanques para llevar agua a los habitantes de esa localidad.

También se conoció que la defensa de los implicados pedirá que la medida se cumpla en una guarnición militar en Medellín. Este pedido por el peligro que corren las vidas de sus clientes. A cambio de estos beneficios, se comprometen a entregar información relevante y documentada sobre cómo se fraguó un esquema de corrupción para direccionar contratos de la Unidad, y sobre la participación de los otros implicados.