Gustavo Petro: a dos años de una promesa de cambio que se desbarata para rehacerse, como los “pescaditos de oro” de Aureliano Buendía

Si las encuestas pudieran resumir la percepción popular del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, el balance es –a todas luces– negativo. La más reciente medición de Invamer, en vísperas de que se cumplieran los primeros dos años de su mandato, apenas lo ubica con un 34,6% de aprobación, que según los expertos es, en realidad, su capital político. En contraste, el 58,3% desaprueban su labor al frente del Ejecutivo.

Como el mismo jefe de Estado lo ha mencionado, en un paralelismo que es el molde perfecto, la promesa de cambio durante su campaña presidencial se hizo para luego desbaratarse, y así hacerse de nuevo con el olvido popular, para volverse a derretir frente a cada escándalo, como los “pescaditos de oro” del coronel Aureliano Buendía, aquel pintoresco personaje de ‘Cien años de soledad’, en un ciclo que parece no tener fin.

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La red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), de la que ya se habla de direccionamiento de contratos por cerca de $1,4 billones en favor de congresistas y otros personajes afines al Gobierno, se encargó de tapar los logros en materia social de los que el propio Petro, apegado a cifras del Dane, indica que 1.600.000 personas salieron de la pobreza monetaria y 1.120.000 de la pobreza extrema.

Como también este grave hecho ha sepultado, como revindicaron desde el Ejecutivo, el incremento del PIB agrario del 9,3%, que reflejó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística; la entrega de 326.000 hectáreas para sectores productivos del campesinado y la administración de bienes incautados a la mafia, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en favor, incluso, del sector educativo.

La Paz Total, una de las grandes apuestas del Gobierno, no es más un proyecto en obra negra, pues, aunque hay abiertos tres procesos de negociación –y uno más en ciernes– con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el fragmentado Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia; estos dos últimos grupos disidencias de las Farc, ninguno parece tener un futuro claro; en especial con el del ELN, en el que había centradas múltiples esperanzas.

Y aunque el Gobierno se resiste a reconocerlo, durante su gestión son preocupantes niveles de los cultivos de coca en el territorio nacional, que según las cifras de la Policía Nacional pasaron de 230.500 hectáreas, en diciembre de 2022, a 246.693, un año después. En lo que sí acierta es que ese es el combustible que mantiene viva la confrontación armada en departamentos como el Cauca, un fiel reflejo de la aguda crisis social.

Con ello, prácticas conexas como el secuestro y la extorsión como métodos de financiamiento ocurren sin que haya una ofensiva clara contra estos flagelos. El ambicioso eslogan de Colombia, potencia mundial de la vida, no pasó, hasta el momento, de ser un gancho de mercadeo, pues solo en 2024 se han asesinado casi 100 líderes sociales, según datos de Indepaz, más de 17 firmantes de paz y se han registrado masacres.

En el legislativo, el principal logro en 24 meses ha sido la aprobación, mediante ‘pupitrazo’, de la reforma pensional, que parte de la intención de entregar $200.000 mensuales a la vejez que no pudo acceder a un monto más alto, pero que cambia de forma radical el modelo en Colombia, con una alta carga para las próximas generaciones. En tanto, la laboral sigue estancada en comisiones, y la de la salud viene de hundirse de forma estridente.

Los cuestionamientos a miembros del Gobierno son cada vez más frecuentes, pues de su círculo más cercano, con Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a la cabeza, hay no solo ministros, como Ricardo Bonilla, de Hacienda, también otros funcionarios que estarían en la mira de la justicia. Y otros, fuera del territorio nacional, como Armando Benedetti, siguen dando de qué hablar.

De acuerdo con Christian Rojas, profesor de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, el desempeño del jefe de Estado en estos dos años podría calificarse con una sola palabra: desastroso. A lo que llamó pobres avances en la agenda social prometida a los ciudadanos, con algunos pilares atados al éxito de iniciativas en el Congreso, se sumó lo que considera la ya perdida lucha en materia de corrupción.

“Si esta fuera una empresa y hay unos indicadores de gestión y hay que responderle a una junta directiva, pues el CEO tendría que irse. La ejecución presupuestal es mínima, a niveles históricamente bajos. Entonces se entiende que los planes y todo lo que pueda hacer aún están pendientes y no se van a lograr los objetivos”, expresó el académico, que ve un panorama poco alentador de cara a los dos años que restan de mandatario.

E hizo énfasis en que la agenda legislativa no ha avanzado como se esperaría de cualquier Gobierno; en especial con reformas como la de la salud, que no prosperaron, y pensional, que sí logró ser aprobada, está, en su óptica “tambaleando” en la Corte Constitucional. En síntesis, en términos de desempeño, estrictamente hablando, “la calificación sería de 2 sobre 10″, advirtió el analista consultado por Infobae Colombia.

Teniendo en cuenta este breve compendio, para Rojas es claro que la ilusión de cambio que vendió Petro a sus simpatizantes se ha desvanecido. En especial, por dos razones: la primera, se necesita gestión para llevarlo a cabo, como no ocurriría en este caso, a juzgar por las cifras que desde el propio Ejecutivo dejan mal parada la inversión de recursos, además de un crecimiento estimado de solo un 1,7%.

“Un Gobierno con este perfil se esperaría que tuviera una ambiciosa política social, pero con ese nivel de gestión y ejecución el cambio no se materializa. Pero otro aspecto es que cuando se habla de cambio, hay una referencia a la ruptura de un pasado relacionado con la corrupción. Y la verdad, con lo de la Ungid, es un escándalo de unas dimensiones que no se había visto en Gobiernos anteriores”, puntualizó.

Supera los escándalos de otros mandatos cuando apenas estamos llegando a los dos años. Y muy cerca del presidente, con lo cual agrava la situación, porque quien renuncia, Carlos Ramón González, en medio de este caso, lo hizo del Dapre. “Con lo cual, quien estaba ilusionado que este Gobierno fuera distinto en materia de corrupción, ya se desilusionó y, en la social, tampoco, pues es claramente incompetente”, afirmó.

En estos dos años, en lo que respecta a victorias, para el académico es claro que no hay, pese al logro de la reforma pensional y la aprobación de la primera reforma tributaria, en 2022. “El nivel de recaudo ha sido bajo, así que, por un lado, hay un triunfo, pero por el otro un fracaso, por lo que no es mucho lo que hay que celebrar”, enfatizó Rojas, que también mencionó la creación del Ministerio de la Igualdad, que desaparecerá en 2026.

“El Gobierno pierde en estos dos años y la evaluación es un fracaso para Petro”, concluyó en su análisis sobre el desempeño del Ejecutivo.

Por su parte, el representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, detalló los episodios según los cuales la ilusión de cambio que Petro intentó trasladar a los ciudadanos se quedó en solo eso: un sueño lejos de cristalizarse. El congresista, que se ha opuesto a los tres grandes proyectos que radicó el Ejecutivo, también señaló cómo los señalamientos sobre la honorabilidad del jefe de Estado han deslegitimado su intención.

“Nosotros lo hemos definido como un cambio, pero en reversa. Prometió luchar contra la corrupción y este es el Gobierno que más escándalos, lamentablemente, ha registrado frente a los otros. También hablaba de un cambio alejado de la política tradicional y vemos cómo está gobernando con políticos que lo único que saben hacer es tranzar, presuntamente con el Congreso, para que les pasen todas sus reformas”, acotó.

Espinal hizo mella en cómo la lucha contra la burocracia también se ha perdido. “Ha aumentado de manera desmedida. Si uno analiza la creación del Ministerio de la Igualdad, que le construyeron a la vicepresidenta Francia Márquez, es burocracia al 100%”, agregó. Además de relacionar el aumento de puestos en consejerías, como la paz, que pasó de 14 a 100 funcionarios, y la Cancillería, “con creación de embajadas para pagar favores”.

Y no dudó en afirmar que el país va por mal camino, como también lo reflejan las encuestas. “La seguridad está completamente debilitada, la economía, el desempleo sigue aumentando y la inseguridad jurídica, en especial con el sector de los hidrocarburos, es preocupante. Nos estamos enfrentando a un desabastecimiento de gas que no se había visto en los últimos 45 años”, puntualizó el congresista en mención.

A su turno, su colega de bancada, Óscar Villamizar, que también ha sido epicentro de la agenda informativa por la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema, de la que alegó es infundada, pues no tendría nexo alguno con estructuras al margen de la ley como lo ha denunciado la representante Carolina Giraldo, atacó fundamentalmente la intención de Petro de llevar a cabo un proceso reformatorio de la Constitución.

“Han sido dos años en los que no hubo cambio, sino que además incumplieron las promesas que hicieron. Firmaron en mármol no hacer una asamblea nacional constituyente y ya están buscando cómo poder iniciarla. Un cambio que nunca les llegó a los colombianos, seguramente con mucha expectativa, pero también con mucha corrupción y escándalos. Todos los días hay una noticia peor que la anterior”, detalló Villamizar.

Y denunció como en materia de seguridad, Cauca y gran parte del país está sometida bajo el accionar de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Quienes son los únicos a los que les ha ido bien en estos dos años”, agregó, en una clara y contundente crítica a la política de Paz Total que se ha impulsado por parte del presidente, que pretende poner fin al conflicto armado; aunque sean más las dudas que las certezas.

Para el congresista, es frustrante ver cómo la población que tenía expectativas en tener oportunidades de negocio y crecer en sus negocios, hoy los han dejado de lado. “Los que querían que sus emprendimientos fueran una realidad y tener algún ingreso para darle de comer a sus familias, hoy se dan cuenta de que viene una nueva reforma tributaria, más agresiva para sus sectores”, manifestó el parlamentario santandereano.

“Dos años que sin lugar a dudas han venido acabando a Colombia y con las esperanzas de todos los hombres y mujeres que vivimos en este país”, expresó el representante, que integra la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

(En aras de tener en este artículo una visión cercana al Gobierno, Infobae Colombia invitó, a través de su equipo de prensa, a la senadora Martha Peralta Epieyú, ponente de la reforma pensional, para que expresara sus postulados sobre los dos años del mandato Petro; sin embargo, y pese a múltiples mensajes, no se obtuvo el concepto de la congresista, perteneciente al Pacto Histórico).