Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al igual que el contratista Luis Eduardo López, alias de El Pastuso, la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada, pidió que los tres hombres sean cobijados con esta medida en una guarnición militar.
En efecto, la fiscal María Cristina Patiño y que lleva el caso que involucra a los exfuncionarios, indicó que la petición que trasladó al juez 35 penal de Garantías de Bogotá obedece a que corre en riesgo la vida de los implicados en este escándalo, debido a las múltiples amenazas de muerte que según sus abogados defensores han recibido por relevar información crucial con respecto al entramado.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
“Se disponga que esta se cumpla en guarnición militar. Los motivos que amparan este requerimiento se cimientan en razones de seguridad de los imputados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal”, afirmó la fiscal durante la diligencia judicial, en la que destacó la intención de los procesos de colaborar con la justicia y acceder a un principio de oportunidad parcial.
Los motivos de la Fiscalía para pedir medida de aseguramiento
La fiscal Patiño indicó que tanto López como Pinilla han venido delatando a lo que consideró “actores criminales” en esta red de corrupción, además de que entregaron evidencia física y demás tipo de informaciones que los vincula con los ilícitos que son investigados, “que los afecta de forma individual, económica y política”, que ha llevado a que se registren una serie de amenazas contra su integridad.
La delegada del organismo de justicia insistió en que es deber del Estado proteger sus vidas, “más aún si se considera el interés de la justicia y la comunidad en que los procesados concurran a los diferentes procesos generados”, por los graves hechos de corrupción en la Ungrd. Una petición en la que se mostraron de acuerdo los abogados Luis Gustavo y José Luis Moreno, al igual que Francisco Bernate.
Es válido recordar que el exdirector y exsbudirector de la Unidad no aceptaron los cargos y fueron imputados de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación agravado por cuantía, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, por los que tendrán que responder ante la justicia.
Según se conoció, uno de los motivos por los que la Fiscalía pidió recluir a los dos exfuncionarios tiene que ver con que hay documentos considerados clave de este escándalo que, según denunció la representante del órgano investigador, están desapareciendo. Y señaló que hay miembros de la entidad que buscan ocultar información en este caso, que ha despertado la atención del país, por sus dimensiones.
“Por la modalidad de contratación de la Ungrd no existe una digitalización de la información, ni están subidas a las bases de datos que maneja el Estado para la contratación pública el trámite contractual que se utiliza. Es decir, solamente hay rastros y vestigios de la contratación en físico y estos documentos están siendo, según la Contraloría, desaparecidos. Sesenta y nueve cajas desaparecieron”, advirtió la fiscal.
En este orden de ideas, y con el fin también de que no tengan contacto con otros miembros de lo que habría sido esta banda delincuencial, la fiscal pidió que fueran llevados a guarniciones militares, pues no tendría sentido que compartieran celda con otros funcionarios y exfuncionarios que podrían verse mencionados en las declaraciones de los implicados en este megaescándalo.