Juez de garantías aplazó la audiencia de Olmedo López, Sneyder Pinilla y ‘El Pastuso’ para el 31 de agosto de 2024

El juez propuso la realización de la audiencia en un día no hábil para evitar contratiempos en materia de seguridad. Después de una concertación decidió la fecha para el 31 de agosto de 2024

La fiscal encargada señaló a Pablo Bustos, representante de víctimas, de realizar, en varias ocasiones, comentarios soeces sobre la investigación que adlanta el órgano acusadpr. Igualmente, solicitó al juez tomar medidas para mitigar los ataques a su gestión del caso.

El representante de la Ungrd en la audiencia aseguró que, “se debe dar claridad de la potencial existencia de una organización criminal”. A la par, solicitó que se tome medida de aseguramiento privativa de la libertad para López, Pinilla y el contratista por los graves daños realizados al país.

El juez le llamó la atención a la abogada de Kenworth por soliictar medida de aseguramiento en su intervención. Asimismo, sostuvo que ese tipo de declaraciones no serán tomadas en cuenta al momento de decidir.

Francisco Bernate, abogado de Luis Eduardo López Rosero El Pastuso, solicitó a la abogada de Kenwort de la Montaña, empresa comercializadora de camiones, entregar las pruebas sobre una supuesta reunión entre su cliente y el asesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

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Ninguna de las medidas cautelares no privativas de la libertad debería ser considerada, “ya que podría generar que los implicados tengan contacto con los otros funcionarios implicados en la apropiación de recursos estatales”, afirmó la fiscal encargada.

La medida preventiva carcelaria es idónea porque facilita la protección de la comunidad y obstaculiza la continuidad de las actividades delictivas de los acusados.

La Fiscalía también aseguró que ya está trabajando para proveer seguridad de los centros penitenciarios a López, Pinilla y El Pastuso . Además de explicar que ya gestionó los cupos para encarcelar a los implicados en distintas cárceles para evitar que se relacionen y planeen tácticas para defenderse.

De acuerdo con la fiscal María Cristina Patiño, faltan otros funcionarios por ser judicializados. “Olmedo y Sneyder utilizaron la actividad política para realizar alianzas con otros funcionarios del Estado y particulares a sabiendas de las graves consecuencias que su conducta podría generar para la seguridad pública”. Igualmente, aseguró que, “están implicados funcionarios de todos los niveles que están siendo indagados”.

La Fiscalía pide urgencia de la medida cautelar para evitar la manipulación, adulteramiento y ocultamiento de las pruebas. “Estamos ante un asunto que requiere un actuar inmediato para responder a la gravedad y modalidad de las conductas y resolver el futuro de los implicados que todavía no han sido llevados a la justicia”.

En ese sentido, señaló que, “teniendo en cuenta el daño realizado al país se debe avanzar para desentrañar la red de corrupción y evitar que los demás miembros de este escándalo desaparezcan pruebas que puedan afectar el proceso judicial”.

La fiscalía aseguró que tiene pruebas suficientes para determinar que los tres acusados se congregaron para obtener dineros ilícitos de recursos públicos y enriquecerse. A la vez, sostuvo que acordaron apartar un equivalente al 7% de cada contrato que sería entregado a Olmedo López para repartirlos entre sus ayudantes.

En ese sentido, aseguró que los acusados actuaron de manera consciente, por lo que deberían ser imputados y tener una medida cautelar.

La Fiscalía explicó que Olmedo López trasladó dineros equivalentes a $100.000 millones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Asimismo, negoció con César Manrique, director de Función Pública, para manejar estos ingresos y dar contratos a dedo con el fin de asegurar un porcentaje de los mismos.

Ante el delito de falsedad ideológica en documento público agravado, la Fiscalía aseguró que hubo un interés indebido en la celebración de contratos para enriquecerse a costa de dineros públicos.

De acuerdo con los documentos presentados por el ente acusador, tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla también incurrieron en el delito de interés Indebido en la celebración de contratos, “ya que acordaron direccionar dinero a empresas dirigidas por varios amigos y los ocho contratos de los carrotanques”, aseguró la fiscal encargada del caso.

La fiscal delegada María Cristina Patiño retomó la audiencia y presentó pruebas con las que se demuestra como los tres acusados falsificaron documentos para sustentar la compra de los carrotanques. Asimismo, reveló los reportes de pago en los que inflaron los precios de los costos de los carrotanques para aumentar la apropiación ilícita de recursos. El total de apoderamiento de recursos fue de más de $14.000.000.000.

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La audiencia fue suspendida para que todos los acudientes logren almorzar. La audiencia retomará a las 2:00 p.m. La Fiscalía ya presentó toda su exposición.

La fiscal delegada, María cristina Patiño presentó la secuencia de cómo se habría llevado a cabo la compra de carrotanques para La Guajira.

La fiscal precisó que, “la línea del tiempo donde se estructuró y desarrolló la organización criminal tuvo origen entre el 26 de junio y el 1 de julio de 2023, cuando el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, y su asesor jurídico, Pedro Rodríguez, asistieron a una visita presidencial en La Guajira donde se anunció la necesidad de proveer de agua potable al departamento”.

Posteriormente, el 25 de julio del mismo año, Luis Eduardo López se quedó con la licitación de los carrotanques.

“El 6 de septiembre Pedro Rodríguez envío por WhatsApp a Sneyder Pinilla la propuesta de carrotanques para La Guajira y materiales de construcción para San Pablo, Nariño, realizadas por la empresa Luket, de propiedad de Luis Eduardo López Rosero. Luego Rodríguez le informó a Pinilla que ya tenía el proveedor para el suministro de 8 carrotanques y que en el negocio ‘iban a ganar todos’”, informó la fiscal delegada.

Asimismo, la Fiscalía detalló que entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, “Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por $60 mil millones para Iván Name; y por un poco más de $10 mil millones para Andrés Calle, contratos que se cambiaron por 3.000 millones de pesos en efectivo para Name y 1.000 millones de pesos en efectivo para Calle, instrucción que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”.

El 5 de octubre, Pedro Rodríguez, presentó a Luis Eduardo López con Sneyder Pinilla la cotización. “Ahí se empezó a direccionar los contratos y porcentajes de las coimas de todos los contratos, entregados a las empresas de López Rosero, conversación de la que tuvo pleno conocimiento Olmedo López”, aseveró la fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, Olmedo López coordinó con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, “María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso”.

La fiscal delegada María Cristina Patiño, aseguró que Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Carlos Barreto, César Manrique Soacha, Luis Eduardo López Rosero “acordaron generar una empresa criminal” para llevar a cabo delitos contra la administración pública.

“Por lo menos desde mayo de 2023 a marzo de 2024, Olmedo López, director de la Ungrd, Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres, Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección, y Luis Carlos Barreto, y funcionarios de otras entidades estatales como César Manrique Soacha, director de Función Pública, así como servidores públicos y contratistas de la Ungrd, junto con particulares entre los cuales tenemos a Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, y quien por interpuesta persona dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas, entre estas Impoamericana (...) acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd”, aseveró la fiscal delegada.

Según la fiscal delegada, El Pastuso se apropió de $7.821.213.723, mientras que Olmedo López de $724.000.000 y Sneyder Pinilla de $342.000.000. Según Patiño, estas cantidades de dinero salieron de los contratos de los carrotanques destinados para La Guajira.

La fiscal delegada María Cristina Patiño afirmó que la Fiscalía solicitará medida cautelar de detención preventiva en centro carcelario contra los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), así como para el contratista de la entidad. Según Patiño, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López “son un peligro para la comunidad”.

El abogado del exdirector de la Ungrd Olmedo López, José Moreno, espera que la medida de aseguramiento avance en las investigaciones que se adelantan por el escándalo que sacude a la entidad.

“Hoy vamos a escuchar los argumentos que tiene la Fiscalía frente a la solicitud de medida de aseguramiento y sobre todo van a sustentar los hechos en los que ha colaborado el señor Olmedo López. La expectativa es que se llegue a la verdad, que la medida de aseguramiento permita que pueda continuar hablando y diciéndole la verdad al país, aportando las pruebas”, aseguró Moreno.

El abogado Francisco Bernate, defensa de Luis Eduardo López, aseguró que su defendido aceptará la medida de aseguramiento intramural.

A las 9:00 a.m. de este miércoles 7 de agosto de 2024, inició la audiencia contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, conocido como ‘El Pastuso’. La cita fue en Paloquemao.