En la mañana del 7 de agosto se viene realizando la audiencia en contra de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López.
En un audio revelado por el medio Revista Alternativa, Olmedo López afirmó que existía una “organización criminal” en la Ungrd para apropiarse de recursos de la Agencia Nacional de Tierras. “Voy a narrar de cómo construimos una organización criminal dirigida a los montajes para gastarse un recurso que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por un valor de $100.000 millones”.
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Además, Olmedo López afirmó que César Manrique, director de la Función Pública, estuvo participando en los hechos. “Y cómo fue el entramado que se construyó con él el director de la función pública César Manrique y con los exdirectores de manejo. Eso es uno. Vengo a narrar igualmente la participación del hecho de corrupción en La Guajira”, afirmó López.
Los sobornos en el caso de la Ungrd
Olmedo López también confirmó que iba a sobornar a los presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por órdenes directas de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre).
“Entre el 18 y 21 de septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, le solicitó a Olmedo López conseguir contratos por valor de $60.000 millones para Iván Name y un poco más de $10.000 a Andrés Calle. Contratos que posteriormente se cambiaron por $3.000 en efectivo para Name y $1.000 millones para Calle. Instrucción que fue trasladada por Olmedo López a Sneyder Pinilla para la consecución de los recursos”, afirmó la fiscal.
María Cristina Patiño, la fiscal delegada, afirmó que Luis Eduardo López se apropió $7.821.213.723, mientras que Olmedo López $724.000.000 y Sneyder Pinilla $342.000.000. Según la investigación de la Fiscalía, este dinero salió de los contratos de los carrotanques destinados para La Guajira.
López Rosero entregó un total de $6.342 millones en sobornos, repartidos de la siguiente manera:
- $1.000 millones a Pedro Rodríguez Melo.
- $5.342 millones a Sneyder Pinilla como parte del soborno pactado por el contrato de los carrotanques.
De los $5.342 millones que recibió Pinilla, se hicieron los siguientes pagos:
- $3.000 millones a Iván Name.
- $1.000 millones a Andrés Calle.
- $276 millones en intereses del 6.9% por un préstamo realizado por Pinilla.
- $724 millones entregados a Olmedo López.
María Cristina Patiño aclaró como inició el escándalo de los carrotanques: “El 6 de septiembre Pedro Rodríguez envío por WhatsApp a Sneyder Pinilla la propuesta de carrotanques para La Guajira y materiales de construcción para San Pablo, Nariño, realizadas por la empresa Luket, de propiedad de Luis Eduardo López Rosero. Luego Rodríguez le informó a Pinilla que ya tenía el proveedor para el suministro de 8 carrotanques y que en el negocio ‘iban a ganar todos’”.
Olmedo López sostiene la participación de Ricardo Bonilla
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue mencionado en las declaraciones de López por haber aprobado supuestamente la entrega de contratos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar poner en riesgo los diálogos de paz.
Durante la audiencia, el ente acusador aseguró que Olmedo López se reunió con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla, para el direccionamiento de contratos para Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar. Además, la Fiscalía también afirmó que estos contratos “estaban interesados indebidamente senadores y representantes a la Cámara de la Comisión Tercera del Congreso”.
El 26 de julio, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que se brindarán todas las garantías procesales al ministro de Hacienda. En ese contexto, Bonilla afirmó que está dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos y despejar cualquier duda sobre su implicación en el escándalo.
Por otro lado, otros altos funcionarios del gobierno también son objeto de investigación en la audiencia realizada el 7 de agosto, mientras que sectores del Congreso y del ejecutivo observan de cerca el desarrollo de los acontecimientos.
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