Dos años de aciertos y tropiezos: así va el Gobierno Petro

La Plaza de Bolívar recibió el 7 de agosto de 2022 a Gustavo Petro como nuevo presidente de la República de Colombia hasta el 2026. Durante su discurso, el mandatario dijo: “A partir de hoy empieza nuestra segunda oportunidad, es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel, y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible”.

El primer mandatario también presentó un decálogo a los colombianos sobre los compromisos que su Gobierno iba a asumir durante su cuatrienio. “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos; defenderé a los colombianos y colombianas de las violencias y trabajaré para que las familias se sientan seguras y tranquilas; trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva”, fueron algunas de las promesas de Petro.

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Dos años después de su posesión como jefe de Estado, el país avanzó en el cumplimiento de su agenda política. Sin embargo, a mitad de su periodo electoral el cumplimiento de los diez frentes de su administración sigue sin concluirse, lo que generó opiniones divididas entre los colombianos que confiaron su voto al gobierno del cambio.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, la administración de Petro ha tenido que sortear varios escándalos que involucran a su familia. Su hijo Nicolás Petro Burgos se encuentra bajo una investigación por los delitos enriquecimiento ilícito y lavado de activos al recibir cerca de $1.000.000.000 de financiadores, como el exnarco Samuel Santander Lopesierra, que estaban destinados a apoyar la campaña electoral del presidente de la República.

En el 2024, estalló el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo y Gestión de Desastres (Ungrd). Olmedo López, exdirector de la entidad y Sneyder Pinilla, su segundo al mando, revelaron a las autoridades una red dirigida por altos mandos del Gobierno nacional, que utilizaron cerca de $4.000.000.000 para sobornar a congresistas y otros funcionarios con el fin de facilitar la aprobación de las reformas sociales planteadas por el jefe de Estado.

Entre los presuntos implicados destacan el saliente presidente del Senado de la República, Iván Name, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Wadith Manzur, representante a la Cámara de Representantes, entre otros políticos del país. A su vez, López señaló al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de autorizar la designación de un contrato, presuntamente, para financiar las operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras se encontraban en diálogos de paz con el Gobierno.

El presidente de la República, Gustavo Petro, apostó por un modelo diferente para alcanzar la paz con varios grupos armados ilegales. Para ello, sancionó la Ley 2272 de 2022 en la que estableció las bases de la política de Paz Total, con el propósito de fomentar el diálogo con el ELN o las disidencias de las Farc como la Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central (EMC), que tienen una presencia marcada en varios departamentos del país.

A lo largo de los dos años de mandato, el Gobierno nacional se sentó a la mesa a dialogar con los grupos al margen de la ley. Sin embargo, las discusiones se han visto frustradas por el incumplimiento de los actores, lo que en definitiva “ha permitido que la violencia siga siendo una constante para la población, se siga presentando extorsión, asesinatos, secuestros, reclutamiento, entre otros”, aseguró el Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz (Indepaz).

Según las cifras de Indepaz, en 2022 se registraron 94 masacres, 189 líderes y 42 firmantes de paz asesinados; en el 2023 hubo 94 masacres, 188 líderes y 44 firmantes de paz asesinados. Y en lo que va de 2024 se han reportado 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz muertos, números superiores a los registros de la administración del expresidente Iván Duque.

Aun cuando, crear espacios de diálogo es una tarea retadora, se ha logrado avanzar en los ceses bilaterales y temporales al fuego. Además de llegar a consensos para la apertura de corredores humanitarios que permiten mejorar la atención médica, así como el acceso a recursos en mejora de la calidad de vida de las comunidades que están en medio del conflicto armado, señaló Indepaz.

El Gobierno nacional le ha apostado a proponer medidas en sintonía con su promesa de cambio. Desde que el presidente Petro tomó las riendas del país se propuso con su bancada reformar el sistema tributario, el pensional, el laboral y de salud, lo que generó debate en los distintos sectores del país.

En su propuesta de reforma a la salud, la meta del primer mandatario fue eliminar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del mapa; además de centralizar la administración de los recursos destinados al sistema por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) e implementar los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) en todo el territorio nacional, cuyo objetivo es preventivo y no reactivo.

En consecuencia, el gremio de salud y la bancada de oposición en el Congreso de la República cuestionaron el proyecto de ley, lo que llevó a que se hundiera en dos oportunidades. Sin embargo, para cumplir con su propósito, el jefe de Estado decretó que los artículos de la reforma a la salud se aplicaran a las EPS del Estado.

La medida causó el colapso del sistema de salud de los profesores, que recibió varias denuncias. Según el gremio, la Fiduprevisora no estaba lista para asumir el modelo planteado en la reforma a la salud.

A pesar del revés que sufrió el gobierno Petro con la reforma a la salud, logró aprobar la reforma pensional, que fue sancionada el 18 de julio de 2024. Esta ley está estructurada en cuatro pilares: Ahorro Individual Voluntario; Contributivo; Semicontributivo y Solidario, que buscan fortalecer el sistema pensional del país

De acuerdo con la agencia calificadora de riesgo Moody’s, el nuevo sistema, que regirá a partir de julio de 2025, cuenta con aspectos significativos en lo social, como las ayudas monetarias a las personas que no alcanzaron a cotizar las semanas necesarias para recibir la pensión. Sin embargo, “tiene consecuencias negativas a nivel crediticio para los administradores privados de pensiones, cuyo mercado potencial se reducirá significativamente”, resaltó.

Al cambio en el sistema de pensiones se suma la aprobación de la reforma tributaria planteada en 2022 por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Dos años después de entrar en vigor, consiguió disminuir el hueco fiscal del país, que pasó de $20 billones cifra registrada al terminar el gobierno Duque a $9 billones, según datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el escenario del país no es alentador; ya que, en los últimos años, el gasto público creció de manera exponencial. Además, el bajo recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), dejó un déficit superior a los $12 billones, y las deudas adquiridas en la pandemia estarían pasando factura.

“El próximo año el camino pinta incluso más complicado. Pese a que esta cifra todavía no es vinculante, todo indica que la inversión pública el próximo año sufrirá recortes por el orden de $36 billones en pesos constantes, lo que representa una caída de 33%”, indicó la entidad.

Igualmente, destacó que la reducción presupuestal es problemática, ya que “a través del gasto de inversión se proveen bienes y servicios públicos que impulsan el desarrollo y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos”.

Por su parte, el informe del Banco de Bogotá generó preocupación en torno al déficit fiscal del Gobierno nacional. Entre enero y abril de 2024, el déficit alcanzó el 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB), el peor margen registrado desde 2006.

Para atender la situación, el Ministerio de Hacienda planteó una discusión de los gastos de Estado que pasará por una reducción de los presupuestos ministeriales, que son claves para la ejecución de las propuestas del Gobierno.

Para Cesar Tamayo Tobón, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT, la situación actual del país responde a una desaceleración de la economía. A lo largo del 2024, se espera que este rubro tenga un crecimiento lento del producto interno bruto (PIB) del 0.9 %, tres puntos conceptuales más que en el año anterior, pero son inferiores a las cifras alcanzadas en los dos gobiernos anteriores.

En palabras del experto, el bajo crecimiento económico responde a “factores relacionados con la disminución en la inversión, la baja productividad y la incertidumbre que afecta al sector privado, lo que plantea una coyuntura compleja para el país”.

Según Tamayo, en los años del gobierno Petro, el desempleo muestra una tendencia a la baja, ya que para mayo de este año fue de 10,3%, mientras que el mismo mes de 2023 fue 10,5% y en 2022 del 10,6%. También aseguró que el país avanza en su meta de reducir la inflación “la cual viene disminuyendo desde marzo de 2023, lo que abre las posibilidades a que el Banco de la República pueda seguir disminuyendo las tasas de interés y aliviar, en cierta medida, los problemas de inversión”.

Ante el panorama del país en materia económica, el experto señaló que para impulsar el crecimiento es necesario que las políticas implementadas por el Estado “deben generar más confianza a los inversionistas para que inviertan aquí”.

Los datos de los indicadores de pobreza evidencian una reducción a nivel nacional. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2023 1,6 millones de colombianos salieron de la pobreza extrema con respecto al 2022. Mientras que la inequidad y las brechas sociales en el país aumentaron, lo que se ve reflejado en varios aspectos que afectan la calidad de vida de los colombianos.

En los dos años de gobierno Petro, se registró un aumento de los precios de la canasta familiar. Para 2023, el valor de los productos de primera necesidad subió un 46%, reveló la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Además, en 2024 el precio unitario de los productos tuvo un aumento del 11%, lo que tiene efectos en la alimentación de los colombianos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Colombia entró a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. “Colombia sigue siendo una de las naciones de América Latina, donde la inseguridad alimentaria y la malnutrición son preocupaciones persistentes”, aseguró el Informe Global de Crisis Alimentarias 2024.

El Ministerio de Ambiente, dirigido por Susana Muhammad, logró por segundo año consecutivo reducir la deforestación en todo el país en un 36%, lo que representa la cifra más alta en los últimos 23 años.

Según cifras de la cartera, 44.261 hectáreas (ha) de bosque dejaron de ser taladas, pasando de 123.517 ha deforestadas en 2022 a 79.256 ha en 2023. Además, el Gobierno ya superó la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) de disminuir la deforestación en un 20%, alcanzando una reducción del 54% entre 2021 y 2023.

Otro de los pilares del gobierno Petro es impulsar la transición energética en el país. Para ello, se fijó como meta reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero (Gei) para el año 2030. Según los expertos, el país está lejos de cumplir la meta, ya que las medidas planificadas van a paso de tortuga.

Aunque en reiteradas ocasiones el presidente anunció que no tenía intenciones de firmar contratos para autorizar exploraciones de yacimientos petroleros y ha explicado su intención de que el país avance hacia una economía no dependiente a las energías no renovables, la influencia del petróleo y del carbón sigue siendo prominente en la economía nacional.

De acuerdo con Naturgas y XM, el operador del mercado mayorista de energía en el país, el 84% de la producción de energía viene de la hidroelectricidad, el 1% de gas natural, mientras que las energías renovables solo aportan el 1%, por lo que el sector considera necesario poner el acelerador a las medidas que impulsen el paso a las energías limpias.