Crisis en Aerocivil: Contraloría encontró detrimento patrimonial de 4.000 millones de pesos

Una reciente auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para el año 2023 reveló una serie de irregularidades significativas, que habrían resultado en un detrimento patrimonial de casi 4.000 millones de pesos. Este hallazgo puso en el foco la gestión y administración de la Aerocivil, generando preocupación y necesidad de tomar medidas correctivas.

El exhaustivo informe de 465 páginas emitido por el órgano de control documenta 34 hallazgos administrativos. De estos, 27 presentan presunta incidencia disciplinaria, dos tienen connotación fiscal con un valor de más de 3.000 millones de pesos, y otros dos fueron remitidos para abrir indagaciones preliminares.

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Entre los puntos más críticos señalados en la auditoría se encuentra el contrato 18001748-H3, destinado a realizar estudios y diseños para la prolongación de la cabecera 19R, la construcción de la pista 19L-01R y otras obras en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia.

El análisis del órgano de control evidenció un incumplimiento parcial en la fase I del contrato y un incumplimiento total en las fases II y III. A pesar de haberse pagado un anticipo de más de 1.000 millones de pesos, solo se amortizó el 15% de este valor. Además, se realizó un pago parcial de más de 2.000 millones de pesos correspondiente a la fase I, de los cuales, durante la liquidación del contrato, se determinó que 360 millones de pesos correspondían a franjas de seguridad no diseñadas para la pista del aeropuerto.

La Contraloría señaló que, a pesar de los incumplimientos, los montos pagados al contratista no fueron devueltos a la Aerocivil y no existe evidencia de que los estudios y diseños incompletos entregados tuvieran alguna relevancia o uso para la ejecución de un contrato posterior. La Aeronáutica Civil, por su parte, informó que había iniciado un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento, resultando en las Resoluciones 00378 del 23 de febrero de 2022 y 00589 del 18 de marzo de 2022. En estas resoluciones, se cuantificaron los perjuicios en 360 millones pesos y se hizo efectiva la cláusula penal por 1.500 millones de pesos.

Sin embargo, la Contraloría consideró que, a pesar de las acciones emprendidas por la Aerocivil, las dificultades administrativas del consorcio complican el cobro de los valores adeudados. Además, destacó que el dinero no fue reintegrado a las cuentas de la entidad, lo que generó un detrimento patrimonial al Estado.

La auditoría también señaló deficiencias en la Aerocivil para hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta al contratista, así como la devolución del anticipo no amortizado. Se cuestionó la inactividad de la entidad en el inicio del proceso de cobro de la garantía contractual por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, específicamente en el buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Las implicaciones de los hallazgos de la reciente auditoría de la Contraloría General de la República a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) son profundas y variadas, afectando tanto a la gestión interna de la Aerocivil como al sector público en general. El detrimento patrimonial de casi 4.000 millones de pesos representa una pérdida significativa de recursos públicos, indicando una gestión ineficiente de los fondos asignados a proyectos para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria.

Esto erosiona la confianza pública en la capacidad de la Aerocivil para gestionar contratos y proyectos de manera transparente y efectiva, al tiempo que afecta la percepción general de corrupción o mala administración en la entidad.

Los retrasos o cancelaciones de proyectos importantes relacionados con la ampliación y mejora de pistas y otros componentes de la infraestructura aeroportuaria pueden tener repercusiones negativas en el sector aeronáutico, afectando la capacidad de los aeropuertos para manejar el tráfico aéreo de manera eficiente y segura, impactando así la economía y el turismo.

La situación demanda una mayor rendición de cuentas por parte de la Aerocivil y del gobierno en general. La vigilancia y control por parte de órganos como la Contraloría son esenciales para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y eficiente. Las revelaciones de la auditoría también pueden generar presión política para realizar cambios en la administración de la Aerocivil, incluyendo demandas de renuncia de altos funcionarios, reestructuraciones administrativas y un mayor escrutinio por parte de legisladores y otros actores políticos.