Con dos años de Gobierno Petro, Colombia enfrenta aumento del 36% en presencia de grupos armados en 2024

Desde hace más de 50 años Colombia ha lidiado con el conflicto armado interno; sin embargo, en los últimos dos años, el país experimenta un alarmante incremento en la presencia y actividades de grupos armados y en la delincuencia, afectando gravemente diversas regiones del país. La situación ha sido documentada por informes oficiales y expertos en seguridad que analizan a fondo esta problemática.

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Durante el primer trimestre de 2024, se observó un aumento del 36% en la presencia de grupos armados en Colombia, extendiéndose a 253 municipios. Entre los principales actores se encuentran Clan del Golfo, el Estado Mayor Central (EMC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Clan del Golfo se consolida como el mayor grupo paramilitar y criminal del país, con influencia en 60 zonas, mientras que EMC, la facción disidente más grande de las Farc, opera en 29 zonas. Por su parte, el ELN mantiene presencia en 26 áreas, pese a una leve disminución en algunos aspectos de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa.

Los primeros tres meses de 2024 registraron 272 episodios violentos documentados, que incluyen violaciones a los acuerdos de cese al fuego y agresiones directas a la población civil. El tráfico de cocaína sigue siendo un gran problema, otorgando a Colombia una calificación escalofriante de 9,5 sobre 10 en este aspecto. Además, la minería ilegal y el tráfico de armas y cannabis son otras actividades delictivas preocupantes.

Las áreas más afectadas por la reactivación del conflicto incluyen a Montes de María, Sur de Bolívar, Occidente antioqueño, Sur de Chocó y Bajo Calima, Medio y Bajo Atrato, Norte del Cauca y Sur de Valle del Cauca, Catatumbo, Caguán, Yarí, Ariari y Bajo Putumayo, Sabana y piedemonte araucano, Nordeste antioqueño y Bajo Cauca, Urabá antioqueño y Sur de Córdoba.

Estas regiones han experimentado un incremento significativo en los actos hostiles perpetrados por los grupos armados, con un aumento del 70% en comparación con periodos anteriores, según los informes oficiales revisados por diversos medios de prensa.

El Gobierno colombiano enfrenta un reto formidable para contrarrestar esta expansión de grupos armados y la creciente delincuencia. Se requieren acciones coordinadas y estratégicas para garantizar la seguridad y la paz en todo el territorio nacional. Expertos en seguridad insisten en la necesidad de un enfoque integral que considere tanto la acción militar como las políticas de desarrollo y justicia social.

Colombia ha vivido un conflicto armado interno que se ha extendido por más de seis décadas, involucrando a diversas agrupaciones y marcando distintos períodos históricos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgidos durante el período del Frente Nacional (1958-1974), comenzaron su lucha armada en las zonas rurales y montañosas como Sumapaz y los Llanos Orientales en la región sudeste del país. Estos grupos de guerrillas de extrema izquierda se convirtieron en actores principales del conflicto en los años 60 y 70.

Durante las décadas de 1970 a 1990, el panorama colombiano se complicó con la aparición de grupos paramilitares de extrema derecha. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emergieron como respuesta a las guerrillas, aumentando la violencia en regiones como Urabá, Magdalena Medio y el norte de Antioquia. En este período, las Farc lograron expandir su influencia a vastas áreas rurales, manteniendo una presencia significativa mientras los paramilitares fortalecían sus operaciones en diferentes partes del país.

En los años 90 y 2000, Colombia fue testigo de una intensificación del conflicto con la entrada de los cárteles del narcotráfico, en particular el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Estos cárteles no solo se enfrentaron entre sí, sino también con las guerrillas y los paramilitares, aumentando la complejidad del conflicto. Las AUC continuaron expandiéndose, especialmente en el norte de Colombia, mientras las Farc mantenían su control en áreas rurales y selváticas.

El comienzo del siglo XXI trajo cambios significativos. La desmovilización oficial de las AUC en la década de 2000 dio lugar al surgimiento de las Bandas Criminales (Bacrim), herederas de los paramilitares. Estas bandas se establecieron tanto en áreas urbanas como rurales, especialmente en regiones cocaleras y de minería ilegal. “Aunque las AUC se desmovilizaron, su legado criminal continúa en forma de Bacrim”, según reportó el medio nacional El Tiempo. Las Farc y el ELN mantuvieron su lucha durante este período.

La década de 2010 marcó un hito importante con la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno y las Farc, lo que significó la desmovilización de una parte importante de este grupo guerrillero. Sin embargo, algunas disidencias no se acogieron al acuerdo y continuaron con la lucha armada. Mientras tanto, el ELN persistió en su operar en regiones como Arauca y Chocó. Las Bacrim también permanecieron activas, manteniendo su influencia en áreas rurales y explotando economías ilegales, pero cambiando de nombre.

En la década de 2020, el escenario se ha mimetizado. Las disidencias de las Far, como el EMC y la Segunda Marquetalia, y grupos emergentes como el Clan del Golfo han jugado un papel predominante en el conflicto actual. “El Clan del Golfo tiene influencia en más de 200 municipios”, afirmó el informe reciente de Semana. Estos grupos mantienen su presencia en diferentes regiones del país, aprovechando la debilidad del Estado en ciertas zonas fronterizas y selváticas.

A pesar de los avances hacia la paz con el proceso de desmovilización de las Farc, la violencia no ha cesado, de hecho parece ser lo contrario. Según datos publicados por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “la persistencia de la violencia en estas regiones muestra los desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia una paz duradera”. Los retos incluyen no solo la presencia continuada de estos grupos armados, sino también la explotación de economías ilegales que financian sus actividades, siendo las Bacrim un ejemplo claro de cómo estas economías ilícitas siguen alimentando el conflicto.

En Colombia, el el recrudecimiento de la violencia ha hecho que la presencia de diversos grupos armados y delictivos plantee desafíos para la seguridad y estabilidad del país y es que ya los grupos que en algún punto fueron Bacrim ahora se dividen en varios como: los Grupos Armados No Estatales (GANE), Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Cada uno presenta particularidades que los distinguen y afectan de manera distinta al entorno en el cual operan.

Grupos Armados No Estatales (GANE) son organizaciones caracterizadas por su capacidad para participar en conflictos armados o actuar como actores de la delincuencia común. A pesar de su naturaleza diversa, no siempre tienen una ideología política clara. Por ejemplo, los GANE pueden estar involucrados en actividades que van desde delitos comunes hasta conflictos armados, sin seguir necesariamente líneas ideológicas precisas.

Dentro de la categoría de GAO, los Grupos Armados Organizados se destacan por su estructura jerárquica y su capacidad de ejercer control territorial significativo. A menudo cuentan con un mando responsable que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

GDO, o Grupos Delincuenciales Organizados, operan de manera diferente a los GAO. Centran sus actividades en delitos específicos como el tráfico ilícito de drogas, la extorsión, el secuestro y el contrabando. A diferencia de los GAO, los GDO no siempre controlan amplias regiones territoriales ni poseen estructuras jerárquicas tan definidas.

Es notable que los GANE, GAO y GDO difieren en múltiples aspectos, principalmente en cuanto a su orientación, estructura, control territorial y actividades criminales. Mientras que los GANE abarcan una categoría más amplia de actores involucrados en distintos tipos de violencia y crimen, los GAO y GDO se distinguen por sus objetivos más específicos y métodos operativos. Diferente a lo que son los GAOr o Grupos Armados Organizados residuales.

Pese a que ahora en la administración Petro el recrudecimiento de la violencia es más evidente, en 2019, Colombia enfrentó un in cremento de acciones armadas que se tradujo en un deterioro significativo de las condiciones humanitarias. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó 987 violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, destacándose amenazas, homicidios, violencia sexual y el reclutamiento de menores como los más prominentes. “El 77% de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros hechos de suma gravedad”, informó el Cicr

Las zonas más afectadas incluyen Chocó, donde más del 83% de los 27.600 habitantes confinados se encuentran. La pobreza y la falta de servicios básicos agravan la situación en este departamento. En palabras del Cicr: “Este fenómeno deja a comunidades enteras en medio de enfrentamientos, desabastecidas y con limitado acceso a sus cultivos y centros de salud”.

Otras áreas críticas incluyen Nariño, Antioquia (especialmente en Bajo Cauca), Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta y Córdoba. “Aunque el contexto mejoró de manera importante en muchas partes del país, en otras, las carencias de la respuesta institucional contribuyeron al sufrimiento ya causado por la escalada en la intensidad del conflicto y la violencia armada”, declaró el Cicr.

Según los datos del Cicr, retomados por Pares (Fundación de Paz y Reconciliación) hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas antipersonal. En total, se registraron 352 víctimas en 2019, destacando la persistencia del uso de estos dispositivos a pesar de los esfuerzos por la paz. Además, más de 25.300 personas se desplazaron masivamente debido a la violencia, reflejando el impacto continuo del conflicto en la población civil. “En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica”, confirmó el Cicr.

La Misión Médica también enfrentó importantes desafíos, con 218 agresiones registradas en zonas con menor cobertura sanitaria. “Estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país”, mencionó la organización humanitaria. La destrucción de recursos naturales y la violencia sexual fueron otros problemas graves documentados por el Cicr.

Las promesas de paz aún no se han materializado en Colombia. El Cicr dice que “las acciones armadas indican que las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables”, destacando la falta de una consolidación integral de la presencia del Estado y los desafíos adicionales que trae la llegada de migrantes.

La organización también señala que la población civil sigue enfrentando las peores consecuencias del conflicto. “Todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra”, denunció el Cicr.