Suspenden clases a más de 1.400 estudiantes por enfrentamientos entre grupos armados en el norte del Cauca

El recrudecimiento del conflicto armado en el Cauca ha generado graves afectaciones en el derecho a la educación, debido a los constantes enfrentamientos y hostigamientos que deja en medio a la comunidad estudiantil.

Esta es la situación que enfrentan más de 1.400 estudiantes en el norte del departamento por los combates entre el frente 57 y la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, ocurridos hacia las 5:40 a. m. del martes 6 de agosto, justo cuando muchas familias se alistaban para iniciar sus actividades diarias.

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“Se trata de 1,490 estudiantes que no asisten a sus sedes educativas debido al enfrentamiento presentado”, afirmó Anyi Zapata, autoridad ancestral de Toribío.

Las sedes educativas de los colegios Vichiquí, El Congo, Belén, Toribío y La Mina son las que se han visto más afectadas, pues en sus entornos prima la muerte y la violencia por cuenta de los grupos armados al margen de la ley. “Prácticamente a diario están asesinando personas en nuestro territorio y dentro de eso le pedimos a la comunidad que sea prudente: que evite salir de noche, no andar solos. Es una guerra que no nos corresponde y lo único que nos corresponde es ser prudentes con nuestras familias e hijos” complementó la líder comunera.

Y es que la situación se tornó más compleja luego de que se reportara el crimen de dos indígenas, a quienes habrían sacado de sus viviendas para ejecutarlos en una de las carreteras del municipio. “Lamentablemente, fueron asesinados dos comuneros. Al haber presencia de los grupos armados y por ser prudentes con la vida de nuestros niños indígenas, la autoridad tomó la decisión de cancelar las clases, precisamente, porque hay mucho movimiento de actores armados”, apuntó Zapata.

Los profesores que se desplazan hasta los rincones más remotos del departamento para dictar las clases a sus estudiantes, también padecen la crueldad de una guerra que no les corresponde.

De hecho, el sábado 3 de agosto, se reportó el homicidio de Edgar Eduardo Victoria Segura, que se desempeñaba como docente de matemáticas en la Institución Educativa Monte Cruz, en el resguardo Indígena de Vitoncó, en Páez (Cauca).

De acuerdo con las versiones del crimen, Victoria Segura se movilizaba en una camioneta por una vía del municipio con destino a La Plata (Huila), cuando fue interceptado por hombres armados que le habrían disparado en repetidas ocasiones. En el vehículo también viajaban otros dos docentes. “Allí, sobre el puente de la vereda Ricaurte, fueron interceptados por un grupo de hombres, que lo atacaron con arma de fuego a él y otros dos profesores”, afirmó Leonardo González, director de Indepaz, citado por Noticias Caracol.

Según lo que indicó Jhoe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en la camioneta también se movilizaban personas de la comunidad y una menor de cinco años.

Luego del repudiable ataque, el profesor de 28 años, que también hacía parte de los procesos culturales con niños indígenas en el municipio, fue trasladado a un centro asistencial en La Plata; sin embargo, murió horas después por la gravedad de las heridas.

Ante este preocupante panorama, Víctor Jiménez, representante del Sindicato de Maestros del Cauca, Asoinca, enfatizó en que el Gobierno nacional debe reforzar las medidas de protección para la comunidad educativa, pues los estudiantes terminan siendo los más afectados. “Le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a los organismos internacionales para que defiendan la vida de los actores en la educación”, dijo el representante de Asoinca, citado por el medio reseñado.