Petro defendió el cobro de valorización “a los ricos” en la vía Barranquilla-Cartagena: “No se le cobrará a los pobres ni a la clase baja”

Previo a un debate de control político en la plenaria del Senado de la República, que se realizará el martes 6 de agosto, frente a la propuesta del Gobierno nacional para la aplicación de la contribución nacional de valorización (CNV) en la ruta Barranquilla - Cartagena, el presidente Gustavo Petro defendió la medida, asegurando que existe un “egoísmo social” por parte de un sector del Caribe colombiano.

A través de su cuenta de X, el mandatario respondió a un video publicado por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quienes consideraron que el cobro es “antitécnico y confiscatorio”, y afectaría a miles de ciudadanos que residen en el sector.

“¿Por qué la población rica, la mayoría extranjera, que vive en condominios estilo La Florida, no devuelve parte del dinero de una obra hecha por la nación y que les valoriza los predios individuales? ¿El dinero público es acaso, según el presidente del Congreso, para enriquecer a los ricos y no para los pobres del Atlántico y Bolívar? (...) a tal punto de egoísmo social ha llegado la clase política”, cuestionó el mandatario en sus redes sociales.

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Igualmente, Petro agregó que la medida de valorización a la vía al mar “no se le cobra ni a los pobres, ni a la clase media que viva por ahí”, e indicó que los dineros recaudados por este aspecto “se invertirán en los municipios y sectores de la ciudad pobres”.

La posición del Senado ante el cobro de valorización en Vía al Mar

Según los congresistas Cepeda y Gómez Amín, la aplicación de esta contribución pretende recaudar cerca de 724.000 millones de pesos, lo que afectaría entre 52.000 y 240.000 predios en una radio de cinco kilómetros alrededor de la vía al mar y la circunvalar prosperidad.

El presidente del Congreso señaló que el primer tramo de esta vía se construyó hace más de 40 años y está depreciado, y calificó de injusto que el Gobierno de Gustavo Petro pretenda cobrar este trayecto como si fuera nuevo.

“Los temas de país nos deben unir a todos, por eso hacemos este frente común para alzar la voz por la región Caribe, que es la primera golpeada, pero lo mismo viene para muchas regiones más. Este cobro es absolutamente antitécnico y confiscatorio, que llega a sumarse a la expropiación que sufrimos mes a mes con las tarifas de energía eléctrica”, expresó Efraín Cepeda.

Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez Amín resaltó que la vía Barranquilla - Cartagena aún no está completa, ya que aproximadamente 10 kilómetros están pendientes de entrega y otros 60 kilómetros no cuentan con doble calzada.

“Lo más preocupante es que el 50 por ciento de los recursos recaudados, si bien el Gobierno ha propuesto transferírselos al Atlántico, el otro 50 por ciento se utilizarían para otros departamentos situados en otras regiones del país, lo cual no estamos dispuestos a aceptar esta injusticia para el Atlántico y Bolívar”, explicó el congresista.

A su vez, Gómez Amín dijo que, en representación del caribe colombiano, “no vamos a permitir este cobro. Colegios, hospitales, universidades, empresarios y los habitantes de la zona van a resultar afectados”. Adicionalmente, los congresistas de la Bancada del caribe dijeron que la valorización anunciada se basaría en valores comerciales y no catastrales, lo que podría generar un detrimento para la población.

Al debate de control político está citada la ministra de Transporte, María Constanza García, quien abordará las inquietudes y críticas que han surgido en torno a esta propuesta del Gobierno Petro.

Frente al cobro de valorización, en el Consejo de Estado fue presentada una demanda de nulidad por la firma Aroca Vives Abogados, al considerar que estos actos violan varios principios constitucionales en materia tributaria, vulnera los principios de buena fe y confianza legítima.

Adicionalmente, los demandantes afirmaron que la aplicación retroactiva del cobro viola la legalidad, la justicia y la equidad tributaria, y sostienen que la normativa prohíbe tributos con carácter retroactivo y confiscatorio.