Inspecciones de Policía de Bucaramanga se encuentran colapsadas por la acumulación de procesos

Las inspecciones de Policía de Bucaramanga se encuentran colapsadas como resultado de la acumulación de 10.000 procesos y 40.000 comparendos que no han sido resueltos. De acuerdo con las autoridades, resolverlos podría tardar hasta 10 años.

Esta alarmante cifra muestra la sobrecarga laboral a la que son sometidos 19 inspectores de Policía de Bucaramanga, de los cuales tres hacen parte del área rural. “Hay un incremento excesivo de comportamientos contrarios a la convivencia que se han dado a partir de la implementación de la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), la emergencia del covid-19 y los que quedaron estancados”, confirmaron los inspectores por medio de un comunicado.

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La difícil situación afecta la eficiencia de la justicia, y perjudica a los ciudadanos que asisten a estas audiencias, además de presentar un grave problema salarial. “Los inspectores de Bucaramanga son los peor remunerados del área metropolitana, a pesar de tener las mismas funciones y responsabilidades que los colegas en Girón, Piedecuesta y Floridablanca, así como de otras ciudades del país. Esta disparidad salarial, combinada con la reducción de presupuesto, la falta de personal especializado y la ausencia de tecnología adecuada, ha creado un entorno insostenible para los inspectores”, agregó el documento.

Debido a los retrasos y a la ineficiencia del sistema, los abogados y la comunidad en general ha mostrado su descontento. Desde enero del presente año, los funcionarios de las inspecciones han tratado de iniciar un diálogo con el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; sin embargo, luego de varios intentos y solicitudes, no han logrado obtener una respuesta de la administración.

“Actualmente, carecemos de las herramientas mínimas que debemos tener en los despachos, como por ejemplo impresoras. También carecemos de recurso humano, como auxiliares de oficina. Los usuarios se quejan por las demoras y la lentitud en los procesos, pero esto se debe a la crisis administrativa que hoy se presenta”, denunció uno de los funcionarios al medio Vanguardia.

Por esto, los inspectores de la ciudad hacen un llamado a todas las entidades para abordar la crisis que enfrentan. “Nuestras funciones y responsabilidades no están siendo valoradas ni bien remuneradas, sobre todo teniendo en cuenta la congestión y la falta de apoyo de personal y herramientas. Estamos manejando un juzgado prácticamente solos, cuando deberíamos contar con un equipo interdisciplinario”, dijo otro inspector al medio anteriormente mencionado.

Gracias a un operativo de 150 policías en las cárceles El Pedregal en Medellín y Bellavista en el municipio de Bello, las autoridades lograron incautar más de 100 celulares que estaban siendo usados para levar a cabo acciones delictivas en la región.

Por otro lado, los uniformados también decomisaron 20 armas blancas, dos módems de internet, un reloj inteligente y más de 300 gramos de estupefacientes. De acuerdo con la Policía Metropolitana, ante múltiples denuncias de estafas que se estarían cometiendo desde estos sitios, el objetivo de los operativos fue “proteger la tranquilidad y el patrimonio económico de las personas y prevenir la comisión de delitos ejecutados a través de llamadas telefónicas desde los centros de reclusión”.

El brigadier general Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana, se pronunció frente a los hechos: “Bandas delincuenciales, los cuales eran utilizados para la ejecución de diferentes conductas delictivas, tales como exigencias extorsivas, coordinaciones delictivas, entre otras, que afectan la tranquilidad de todos los ciudadanos”, afirmó.

Gracias a las investigaciones, las autoridades lograron determinar que estos dispositivos tecnológicos estaban siendo utilizados para llevar a cabo distintos delitos como exigencias de sumas de dinero, coordinaciones delictivas, entre otras.