Cobro que pretende hacer el Gobierno a quienes utilicen las carreteras puso a tambalear a la ministra de Transporte

El martes 6 de agosto de 2024 se llevará a cabo un debate de control político en la plenaria del Senado de la República dirigido por los senadores Efraín Cepeda, presidente del Congreso, Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, y la bancada del Atlántico, en rechazo a la propuesta del Gobierno nacional para la aplicación de la contribución nacional de valorización (CNV) en la ruta Barranquilla - Cartagena, así como para el resto de Colombia.

El debate contará con la asistencia de la ministra de Transporte, María Constanza García, para discutir una medida considerada perjudicial para la región, especialmente para los departamentos del Atlántico y Bolívar.

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De acuerdo con la información presentada en el Senado, la aplicación de esta contribución pretende recaudar cerca de $724.000 millones y afectaría entre 52.000 y 240.000 predios en una radio de cinco kilómetros alrededor de la vía al mar y la circunvalar prosperidad. “Este cobro es absolutamente antitécnico y confiscatorio”, afirmó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, al destacar que el primer tramo de esta vía se construyó hace más de 40 años y está depreciado, sin embargo, el Gobierno pretende cobrarlo como si fuera nuevo.

Mauricio Gómez Amín resaltó que la vía Barranquilla - Cartagena aún no está completa, con aproximadamente 10 kilómetros pendientes de entrega y 60 kilómetros sin doble calzada. Según Gómez, lo más preocupante es que el 50% de los recursos recaudados serán transferidos a departamentos situados en otras regiones del país, algo que se considera injusto para el Atlántico y Bolívar.

Al respecto, Gómez puntualizó: “No vamos a permitir este cobro. Colegios, hospitales, universidades, empresarios y los habitantes de la zona van a resultar afectados”.

La preocupación no termina allí. Cepeda destacó que la valorización anunciada se basaría en valores comerciales y no catastrales, lo que es inaudito y podría generar un grave detrimento para la población. Resaltó la importancia de alzar la voz por la región Caribe que, a pesar de ser la más golpeada por esta medida, podría verse beneficiada en términos económicos. Sin embargo, “los temas de país nos deben unir a todos”, agregó.

Para el senador Gómez Amín, la situación en Atlántico se agrava porque este departamento es el sexto con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, debido a que aporta alrededor del 4,3%. A pesar de este punto significativo a la economía nacional, el Gobierno busca imponer una carga adicional que afecte directamente a millas de predios y residentes. “Tenemos el cobro del peaje que se reanudará en estos días”, manifestó al destacar que la nueva medida complica aún más la situación para los habitantes.

Además, Gómez enfatizó que la región Caribe trabaja de manera muy ardua para contribuir a la economía nacional y que medidas como esta frenan su desarrollo. Cepeda, por su parte, insistió en que esta contribución es inaceptable y exigió transparencia y justicia en las decisiones del Gobierno, por lo que llamó la atención sobre la necesidad de no castigar de manera económica a una región que demuestra compromiso con el crecimiento del país.

Este martes se espera un debate tenso en el Senado, con los senadores del Atlántico firmemente posicionados en defensa de la región. La asistencia de la ministra de Transporte, María Constanza García, será importante para abordar las inquietudes y críticas que han surgido en torno a esta propuesta del Gobierno Petro.

Lo que pasa con la contribución nacional de valorización ya generó que se haya presentado una demanda de nulidad simple en el Consejo de Estado contra los actos administrativos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Estos pretenden adelantar el cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la vía al mar y la Circunvalar de la Prosperidad. La firma Aroca Vives Abogados lideró la iniciativa al argumentar que estos actos violan varios principios constitucionales en materia tributaria.

La firma jurídica señaló que el cobro de valorización vulnera los principios de buena fe y confianza legítima. También explicó que la aplicación retroactiva del cobro viola la legalidad, la justicia y la equidad tributaria. A estos argumentos se suma la consideración de que la normativa prohíbe tributos con carácter retroactivo y confiscatorio.

Aroca Vives Abogados resaltó que el derecho a la propiedad también se ve afectado por esta medida. Según lo presentado ante el tribunal, la aplicación de la valorización se hace de manera retroactiva, al considerar que este mecanismo fue creado en 2016 y reglamentado en 2022, mientras que las obras correspondientes comenzaron en 2014 y finalizaron en 2021.

“Al aplicar intempestivamente un nuevo e inesperado tributo a una situación que había configurado expectativas legítimas”, añade la firma, que deja claro que se afectan inversiones y actividades económicas que se llevaron a cabo bajo condiciones previsibles.

Además de los principios constitucionales mencionados, la firma argumentó que “este cobro sería ilegal por la falta de hechos relevantes”. En el documento presentado se señaló que no se demostró que existan montos pendientes por financiar en el proyecto Cartagena-Barranquilla-Prosperidad. Aroca Vives Abogados indicó que la normativa solo permitiría aplicar esta contribución a un proyecto de infraestructura de transporte que se financiará con ella.