Alias Maracuyá irá a la cárcel: la Fiscalía le imputó cargos por lavado de activos

Javier García Rojas y su hermana habrían lavado más de cuarenta mil millones de pesos mediante la compra de predios

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Alias Maracuyá fue imputado por cargos de lavado de activos - crédito Fiscalía General de la Nación
Alias Maracuyá fue imputado por cargos de lavado de activos - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías envíe a la cárcel a Javier García Rojas, conocido con el alias de Maracuyá, y a su hermana Ruth García Rojas, acusados de ser parte de una organización ilegal dedicada al lavado de activos a través de la administración y compra de bienes inmuebles.

Según la investigación, habrían blanqueado grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico.

La investigación de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) reveló que los hermanos García Rojas encabezaban una red criminal diseñada para darle apariencia de legalidad a recursos obtenidos del narcotráfico. Se estima que el monto de lavado de activos asciende a 44.500 millones de pesos.

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Además de los hermanos García Rojas, la Fiscalía identificó la participación de tres reconocidos empresarios y un contador de Javier García Rojas.

Estos individuos, según la investigación, habrían administrado y ocultado la verdadera procedencia del dinero mediante múltiples negociaciones a través de contratos de fiducia.

Sin embargo, estos cuatro sospechosos seguirán vinculados a la investigación en libertad, por decisión del juez.

“La Fiscalía General de la Nación realizó allanamientos en cinco propiedades ubicadas en Cali (Valle del Cauca) y una en Itagüí (Antioquia), con el apoyo de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Gaula Militar Valle y en Medellín de la Cuarta Brigada del Ejército”, informaron las autoridades. Estos procedimientos permitieron la captura de los seis judicializados.

Alias Maracuyá es señalado de utilizar el dinero producto del envío de estupefacientes a España, Chile y Centroamérica para la adquisición de los bienes inmuebles. “La investigación evidenció que varias personas eran contactadas para que, mediante la celebración de fideicomisos, administraran y ocultaran bienes inmuebles”, detalló la Fiscalía General de la Nación.

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