Alerta en cárceles de Antioquia y Chocó, 100 profesionales de la salud renunciarán

La difícil situación que afrontan las cárceles podría empeorar en los siguientes días

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Más de 100 profesionales de la salud renunciarán en cárceles de Antioquia y Chocó - crédito Colprensa
Más de 100 profesionales de la salud renunciarán en cárceles de Antioquia y Chocó - crédito Colprensa

Debido a cambios en sus contratos laborales, cerca de 100 profesionales de la salud renunciarán a sus labores en las cárceles de Antioquia y Chocó, lo que supone una crisis sanitaria en los centros de reclusión.

La entrada de un nuevo operador del millonario contrato de prestación del servicio de salud en los centros penitenciarios ha hecho que médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y regentes de farmacia mostraran su rechazo, debido a las nuevas condiciones laborales impuestas por la Unión Temporal Norsalud PPL.

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Según explicó una de las profesionales en diálogo con Blu Radio, desde la ejecución de su contrato, el 29 de julio el presente año, las nuevas condiciones desmejoran en gran medida su situación laboral.

Ya nos dijeron que si no aceptamos esas condiciones, entonces más bien nos retiramos, que ellos se encargaban pues de contratar nuevo personal y que ya tienen pues como un plan de contingencia ante una renuncia masiva, que es digamos lo que se viene”, dijo al medio anteriormente mencionado.

El cambio en sus condiciones laborales los obliga a dejar los centros de reclusión - crédito Colprensa
El cambio en sus condiciones laborales los obliga a dejar los centros de reclusión - crédito Colprensa

De acuerdo con la fuente, aunque el impacto de la falta del servicio de salud se sentirá en cárceles de mayor ocupación como Bellavista, El Pedregal o Puerto Triunfo, también afectará a otras más pequeñas donde hay reclusos con patologías complejas que requieren de un seguimiento constante.

Igual en todos, aunque sea en menor proporción, tenemos pacientes con patologías crónicas con enfermedades, pues requieren un seguimiento y no sabemos realmente si nosotros nos vamos a quedar o quién va a hacer encargado”, agregó. La decisión de los trabajadores se tomó por la disminución en los salarios, la contratación por prestación de servicios que les obliga a asumir el pago de su seguridad social y una póliza que cobija a los contratos.

El defensor de derechos humanos de esta población, Jorge Carmona, afirmó que el problema no es reciente, pues en varias ocasiones se ha pedido mejorar la situación a la Unidad de Servicios Penitenciarios. “Tenemos una precariedad con el tema, no hay las suficientes personas idóneas para administrar y para atender la población, existen varios pendientes del tema de salud y es por eso es porque no les está pagando es un tema que tiene que ver, netamente con la unidad de servicio penitenciarias de su especie no están haciendo esa contratación de manera responsable”, afirmó.

Y es que la situación que viven los reclusos es tan compleja que el pasado 31 de julio de 2024, familiares de los presos de la cárcel El Pesebre, en Puerto Triunfo, ubicada en el Magdalena Medio antioqueño, se manifestaron en las calles del centro de Medellín por las condiciones de vida a la que están siendo sometidos, pues en lo corrido del año han muerto 15 personas.

15 reclusos han muerto en la cárcel en 2024 - crédito Colprensa
15 reclusos han muerto en la cárcel en 2024 - crédito Colprensa

María Victoria Barrientos, madre de uno de los presos, en entrevista con H13N, afirmó que “no es justo que los presos de Puerto Triunfo tengan tantas cosas, aguantando hambre, sin agua potable”. En las cárceles hay brotes de varias enfermedades y la estrategia de los funcionarios es aislar a los reclusos porque no hay atención médica.

Cárcel con dignidad y que tengan agua potable y lo mismo que les organicen la alimentación, que la alimentación de la cárcel El Pesebre es una comida que ni para animales, ni para marrarnos, eso vinagre, las cosas malas en malas condiciones”, agregó la mujer.

En esta prisión hay espacio para 900 presos, sin embargo, en el lugar habitan más de 1.700 personas que pagan su condena. El hacinamiento es más del 90%, y hay presunta violación de los derechos humanos que sufren los condenados.

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