Presidente de Colpensiones es investigado por la Procuraduría: Lo acusan de apropiarse de dineros públicos y dar beneficios a sus más cercanos

Tres semanas después de que el presidente firmara la reforma pensional en Colombia que, a partir de junio del 2025, transferirá a al menos a 19 millones de empleados al fondo de pensiones del Estado, Colpensiones, se conocen denuncias del actual presidente de la entidad que lo acusarían de apropiarse de dineros públicos de forma indebida.

Jaime Dussán, uno de los alfiles más cercanos del presidente Gustavo Petro y una ficha clave en la reforma del Gobierno nacional, ahora se enfrenta a la Procuraduría General de la Nación, después de que al ente de control llegara una carta en la que habría suficientes pruebas para acusarlo de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción.

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El nombre de Dussán volvió a la escena pública después de que que se viralizara un video en el que se muestra al funcionario besando a Paola Palmariny, vicepresidenta comercial de Colpensiones, el cual fue publicado por la periodista Darcy Quinn.

Sin embargo, el acto catalogado como inapropiado para varios sectores políticos, resultó ser el menor de los problemas después de que el medio Cambio revelara una denuncia que fue presentada y luego sorprendentemente retirada en la Procuraduría General de la Nación contra Jaime Dussán.

La denuncia, firmada por Carlos Enrique Ribero Rueda, presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero (Sintrasecfin), acusaba a Dussán de una serie de delitos que incluían también celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Sin embargo, al Ministerio Público llegó después otra carta de Ribero en la que alegó que había sido suplantado, por lo que pidió que se desestimara la investigación contra Dussán, una petición que fue omitida por la Procuraduría, que decidió utilizar la información para abrir una indagación formal contra el presidente de Colpensiones.

La denuncia original incluía detalles sobre contratos con supuestos sobrecostos, el incremento presuntamente injustificado del patrimonio de Dussán y los nombres y contactos de otros funcionarios involucrados.

Algunos ejemplos de las irregularidades incluyen a Luis Alfredo Chaparro, vicepresidente de Planeación y TIC de Colpensiones, y a Wilson Eduardo Pineda, quien ocupa tres cargos dentro de la entidad. La denuncia alega que estos individuos han sido beneficiarios clave de la cercanía con Dussán y se apoderaron de cinco cargos, y sus salarios, del fondo de pensiones.

Además, uno de los contratos más polémicos discutidos en la denuncia es uno por 65.000 millones de pesos destinado a la adquisición y operación del contact center de Colpensiones, mencionado también por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien acusó un sobrecosto del 151 por ciento en este proyecto.

Quien supuestamente suplantó al lider del sindicato también hizo referencia a un presunto aumento patrimonial inexplicable de Dussán, que se reflejó con la supuesta compra de una parte del restaurante El Butcher, ubicado en la zona G de Bogotá. Según los documentos, Dussán también pudo haber liquidado deudas de grandes montos con el Banco de Bogotá e Itaú desde que asumió su cargo.

Otros de los posibles contratos irregulares que rodean al presidente de Colpensiones serían los de una serie de gastos en la contratación de la entidad sin los debidos procesos de selección pública, elevando los costos a más de 226.000 millones de pesos, y el posible detrimento por pago de indemnizaciones después de que Dussán decidiera hacer despidos masivos injustificados que ya le ha cobrado a la entidad más de 2.500 millones de pesos.

Las especulaciones y rumores en los pasillos de Colpensiones sugieren que la tripleta de poder formada por Dussán, Chaparro y Pineda, tiene comportamientos irregulares en la administración de la entidad. A este grupo se le atribuyen decisiones que presuntamente han favorecido intereses personales y han súbitamente aumentado el patrimonio de sus miembros clave.

Además, la carta retirada por Ribero, que había sido enviada a la Procuraduría el 11 de julio, solicitó de manera inusual que la denuncia no se tramitara por la falta de veracidad y, si ya se había iniciado, que se archivara o se declarara nula.

En los próximos años, Dussán manejará uno de los presupuestos más robustos del país, alrededor de 78 billones de pesos, destinados a las pensiones de la mayoría de los colombianos, y las denuncias recientes han despertado la incertidumbre de sectores políticos que desde siempre han criticado la concentración de tanto dinero en una sola entidad pública.