Este es el panorama actual de las denuncias de delitos que no fueron investigadas en la Fiscalía

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación disponibles desde el año 2010, en un periodo de 14 años hasta el 3 de julio se han registrado un total de 19.024.859 noticias criminales, es decir, 19 millones de denuncias sobre hechos delictivos.

De este número, 3.154.383 casos continúan investigándose en estado activo, mientras que otros 4,8 millones han sido resueltos mediante sentencias, preclusiones, preacuerdos o principios de oportunidad, entre otros mecanismos.

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Por otro lado, 11.040.656 casos han terminado archivados, lo que implica que se ha detenido el acto de investigación en el 58 por ciento del total de las pesquisas abiertas por la Fiscalía en este periodo de 14 años. No obstante, el porcentaje de casos que dejan de ser investigados es aún mayor si se analiza el comportamiento anual de las denuncias.

Un análisis realizado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) reveló que en 2023 el 86,5% de las denuncias inactivas terminaron archivadas. En comparación, en 2022 la cifra fue del 82%, en 2021 del 79,9%, en 2020 del 79,5% y en 2019 del 75,8%.

Para 2022, el 55,2% de las denuncias se archivaron por la imposibilidad de identificar o establecer a la víctima o victimario de la conducta. El 39,6% se archivaron por ser conductas atípicas, es decir, que no configuran delito o por inexistencia del hecho, y el 5,2% restante por otras causas.

En 2021, el 70,4% de los archivos se dieron por conductas atípicas, el 26,2% por la imposibilidad de determinar al sujeto del delito y el 3,5% por otros motivos. En 2020 se observó una tendencia similar a la del año anterior, con porcentajes análogos, según cálculos de la CEJ.

Es un mecanismo que se utiliza para revertir la decisión de los fiscales cuando sepultan o archivan una denuncia o noticia criminal. Puede darse ante el aporte de nuevas pruebas, cuando se demuestra que la conducta archivada sí constituye delito o mediante la decisión de jueces de tutela.

Desde la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) calcularon que el desarchivo de los procesos solo se ha dado en el 1 por ciento de los casos. De esta manera, la entidad señaló que de los 4.8 millones de noticias criminales que ingresaron al sistema penal desde 2010 y que ya han sido resueltas, 417,267 terminaron por preclusión y otras 886,043 finalizaron con sentencias (658,068 condenatorias y 131,608 absolutorias). Este último dato con corte a marzo de 2024.

En cuánto a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, indica que las cifras reveladas sobre los millonarios archivos son cuestionables porque se realizó bajo una lectura lineal.

“Yo no creo que podamos entender por impunidad que si entran 10 denuncias al sistema penal y salen dos sentencias condenatorias, hay impunidad en ocho casos, porque no todos los casos están llamados a ser resueltos con una sentencia condenatoria. Esa lectura lineal de la impunidad es una lectura errada que desinforma. La impunidad no tiene que ver con lo numérico. Tiene que ver más con lo esencial. Con cómo tramitamos nosotros nuestros problemas frente al crimen”, explicó la funcionaria al diario El Tiempo.

De esta manera, la Fiscal informó sobre un mecanismo diferente para medir el éxito o el fracaso de la actividad de su institución.

“¿Cómo medirnos con un indicador de justicia distinto a las denuncias que ingresan y sentencias que salen? La denuncia es un reclamo de justicia que hace el ciudadano, pero el ciudadano no siempre denuncia y no siempre tenemos las denuncias de los fenómenos que más nos afectan. Lo que queremos hacer es un ejercicio donde miremos los delitos que más nos afectan. Por ejemplo, en el Chocó el delito más denunciado es la violencia intrafamiliar. Pero en el Chocó el fenómeno criminal más preocupante es el desplazamiento forzado. Debemos trabajar en el desplazamiento así las denuncias no existan”, añadió.