En la mañana del sábado 3 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) presentó una nueva condición para continuar el cese al fuego bilateral con el Gobierno Nacional de Colombia, que expira el 3 de agosto a la medianoche. La guerrilla exige ser retirada de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) mediante un decreto presidencial. Esta demanda ha generado una ola de reacciones entre los políticos colombianos, quienes han manifestado diversas reservas y preocupaciones respecto a la solicitud.
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Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, expresó su incomodidad ante lo que considera una falta de respeto hacia los ciudadanos colombianos. “Según la Defensoría del Pueblo, en 2023 los grupos armados con los que el Gobierno adelanta diálogos fueron responsables de cerca de 236 violaciones a los Derechos Humanos. Que ahora se pretenda reconocer al ELN como una organización con carácter político es un mensaje de irrespeto para todos los colombianos que han sido testigos de su nula voluntad de paz y la falta de contundencia del Gobierno,” publicó el senador.
Motoa destacó que el ELN ha sido responsable de cientos de violaciones de derechos humanos, un recordatorio de que no se puede otorgar calidad política a grupos que no han demostrado un verdadero compromiso con la paz.
En la misma línea, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, rechazó la posible concesión de más beneficios al ELN. “El Gobierno le dará carácter de grupo político al ELN. ¿Más curules? No aceptamos más chantaje al pueblo colombiano,” afirmó el congresista, destacando su oposición a ofrecerles mayor representación política sin que haya resultados claros hacia la paz.
Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, cuestionó la autoridad en la negociación entre el Gobierno y la guerrilla. “¿Quién lleva las riendas de la ‘negociación’? Condicionar la continuidad si son quitados de la lista de Grupos Armados Organizados… Una ONG claramente no son,” declaró, evidenciando su escepticismo sobre la capacidad de la mesa de diálogos para mantener el control de la situación sin ceder en puntos fundamentales.
El contexto de estas reacciones se encuentra en la histórica situación de tensión y diálogo entre el Gobierno colombiano y diversos grupos armados que han operado en el país. El ELN es una de esas organizaciones, y los intentos de llegar a acuerdos de paz han sido largos y complejos. Cada paso en estas negociaciones es visto con atención por diversos actores políticos y sociales, ya que las experiencias previas con grupos como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han dejado lecciones y cicatrices que todavía resuenan en la política y la sociedad colombiana.
El cese al fuego actual, que vence a la medianoche del 3 de agosto, salvo nuevos acuerdos, es solo una parte del difícil y crítico camino hacia la paz. Representantes de diferentes partidos políticos han señalado que cualquier concesión debe ser minuciosamente evaluada y debe tener un fundamento sólido en avances reales y verificables en el terreno de la paz y la seguridad.
Además, algunos expertos y analistas manifiestan que la descalificación de la demanda del ELN de ser excluidos de la lista de GAO podría cerrar oportunidades para avanzar en la negociación. Si bien los políticos expresan su preocupación por la falta de respeto a las víctimas y la continua violencia, también se debate si un cambio de este tipo podría llevar a avances significativos en el proceso de paz.
Miguel Ceballos, excomisionado de paz, recordó en una entrevista con Noticias Caracol que “cada paso en la dirección correcta, con rendición de cuentas y compromisos claros, podría significar una diferencia en la consecución de una paz duradera”. Sin embargo, enfatizó que esos pasos deben construirse sobre actos de buena fe y no sobre demandas que pueden percibirse como chantaje.
La Defensoría del Pueblo, en su último informe, detalló que en 2023 los grupos armados con los que el Gobierno tiene diálogos fueron responsables en gran medida de acciones que violaron los derechos humanos.
El futuro inmediato en la mesa de negociaciones es incierto. Sin embargo, las dinámicas en torno a este manejo mostrarán si hay espacio para encontrar una solución que, sin vulnerar la justicia y la memoria de las víctimas, permita avanzar hacia una estabilidad que tantos colombianos anhelan.