Fiscalía otorga principios de oportunidad a vinculados en caso Odebrecht y Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación otorgó principios de oportunidad en medio de las investigaciones de los casos de Odebrecht y Centro Poblados, según resoluciones emitidas el 1 de agosto de 2024. Los beneficiarios de estas figuras jurídicas son Gabriel Alejandro Dumar Lora y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona. De acuerdo con la Fiscalía, las decisiones se tomaron con el objetivo de avanzar en la investigación de macrocasos de corrupción y asegurar la colaboración de los implicados.

Para Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, investigado por el delito de peculado por apropiación en el caso de Centro Poblados, se acordó una “suspensión parcial de la acción penal por un término de un año”. Este acuerdo, el ente acusador aseguró que se condiciona a su cooperación como testigo en las investigaciones en curso que involucran a otros presuntos responsables de corrupción. La Fiscalía aseguró que Cáceres Bayona se ha comprometido a restituir un total de 9.062 millones de pesos, dinero correspondiente al anticipo del contrato 1043 de 2020, destinado a proveer internet a escuelas rurales en varios departamentos del país. Hasta la fecha, Cáceres ya ha reembolsado 3.302 millones de pesos, quedando un saldo pendiente de $5.760.427.303.

En cuanto a Gabriel Alejandro Dumar Lora, relacionado con el caso de Odebrecht, la Fiscalía le otorgó el principio de oportunidad en la modalidad de renuncia a la acción penal bajo inmunidad parcial. Según detallan las declaraciones oficiales recogidas por la Fiscalía, Dumar Lora ha sido fundamental para el avance de la justicia, honrando sus compromisos y proporcionando declaraciones voluntarias que han permitido esclarecer hechos relacionados con la corrupción de Odebrecht. Su testimonio ha sido clave para imponer condenas a otros involucrados en el escándalo.

Estas decisiones judiciales hacen parte de una estrategia más amplia para desentrañar redes de corrupción y acelerar los procesos judiciales. La Fiscalía persigue no solo la cooperación activa de los acusados, también la reparación del daño económico causado.

El caso de Centro Poblados ha sido particularmente mediático debido a la magnitud del fraude y el impacto en la infraestructura de conectividad educativa en zonas rurales. Los medios han seguido de cerca las implicaciones del contrato 1043 de 2020, denunciando la situación de abandono de muchas escuelas que debían ser beneficiadas por este proyecto.

Por el lado del caso Odebrecht, este ha sido uno de los más resonantes en América Latina, y en Colombia ha vinculado a numerosos políticos y empresarios. Las revelaciones de Dumar Lora han sido valoradas como un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la corrupción sistémica. Según fuentes de W Radio, la cooperación de testigos como Dumar ha permitido construir un panorama más claro de las operaciones corruptas de la multinacional brasileña en el país.

El caso Odebrecht en Colombia se refiere al escándalo de corrupción política que sacudió al país. Todo comenzó con una investigación internacional llevada a cabo por la justicia de Estados Unidos. Odebrecht, la multinacional brasileña de construcción, admitió haber pagado sobornos millonarios a políticos, empresarios y exfuncionarios en varios países, incluyendo Colombia.

En 2016, Odebrecht confesó ante las autoridades estadounidenses que había pagado sobornos para obtener contratos de obras públicas en Colombia y otros países. Altos funcionarios del gobierno colombiano, políticos y empresarios locales habrían recibido sobornos para favorecer a Odebrecht en proyectos de infraestructura en el país.

Varios proyectos de infraestructura en Colombia se vieron afectados, incluyendo la Ruta del Sol II, una importante carretera. Se llevaron a cabo investigaciones para determinar la magnitud de la corrupción y llevar a los responsables ante la justicia.

El 9 de diciembre de 2020, el Ministerio TIC adjudicó el contrato 1043 a la Unión Temporal Centros Poblados. El objetivo era conectar a 7.277 colegios en zonas rurales de 15 departamentos en Colombia, incluyendo Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, entre otros. Este proyecto formaba parte de una licitación más amplia para brindar conectividad a internet a un total de 14.745 colegios oficiales en el país.

En junio de 2021, se descubrió que la empresa Unión Temporal Centros Poblados había presentado garantías bancarias falsas del Banco Itaú. Estas garantías les permitieron acceder a un adelanto de 7.243 millones de pesos. La situación se agravó cuando se evidenciaron atrasos en el desarrollo de las obras. El supervisor del contrato inició un proceso de incumplimiento. Durante una reunión, el contratista presentó al Banco Itaú como su entidad garante, pero la apoderada del banco indicó que la garantía presentada no era válida