ELN acusa al Gobierno de incumplir los acuerdos de paz y pone condiciones para retomar proceso de paz

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia emitió un comunicado oficial criticando duramente al Gobierno colombiano por el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados durante las negociaciones. En esta nueva declaración, el grupo insurgente rechaza la guerra mediática y los intercambios de comunicados, buscando que la opinión pública conozca su perspectiva de primera mano.

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“No tenemos el propósito de seguir en una guerra de comunicados o responder a la matriz mediática, sólo buscamos que la opinión conozca directamente nuestro punto de vista y el Gobierno tenga más elementos para dilucidar su camino”, comienza la comunicación del grupo guerrillero.

De acuerdo con el pronunciamiento, “hasta el momento, el ELN ha cumplido todos y cada uno de los acuerdos firmados”. En contraste, acusan al Gobierno de Colombia de repetidos incumplimientos que han puesto al Proceso de Paz en estado de crisis cíclica. El comunicado también menciona que el manejo mediático del Gobierno ha intentado modificar o tergiversar lo pactado.

El grupo insurgente instó al Gobierno a cumplir con los acuerdos que previamente han señalado como incumplidos: “Existe un camino para retomar el proceso de conversaciones y terminar con su congelamiento, simplemente se trata de cumplir los acuerdos que hemos señalado como incumplimientos de parte del Gobierno”.

En su misiva, el ELN responde a las acusaciones del Gobierno, que han calificado al grupo de no tener voluntad de paz y de manejarse únicamente con la intención de fortalecerse militarmente. El grupo insurgente acusa la alianza del Estado con fuerzas paramilitares y diferentes bandas surgidas de las exFarc como una amenaza a su seguridad y a la integridad de sus territorios. Argumentan que esta alianza ha tenido como propósito incumplir y violar el cese el fuego pactado, mejorando sus posiciones territoriales y extendiendo el control de los grupos paramilitares basados en la minería extractivista.

En el documento también se hace referencia a los recientes eventos en Nariño, los cuales califican como un acto de irrespeto y una muestra del desconocimiento del ELN como fuerza nacional insurgente. Acusan al Gobierno de adelantar una operación de inteligencia en medio del cese al fuego, la cual describen como una misión ofensiva contra ellos. Según el grupo insurgente, al ser descubierta dicha operación, se tornó en “un acuerdo de desmovilización”.

La guerrilla insiste en su postura de que el Gobierno ha pasado por encima del proceso de paz al priorizar las operaciones de inteligencia sobre los acuerdos y procesos pacíficos. Bajo su visión, los trabajos para incorporar la participación de la sociedad en el proceso de paz han sido obviados en favor de operativos militares y de inteligencia.

En el mensaje publicado en redes sociales, el ELN asegura que el Gobierno colombiano debe demostrar su voluntad de cumplimiento y retome las negociaciones desde una posición de respeto y reconocimiento de los acuerdos firmados. Esta disputa entre la administración Petro y el grupo insurgente está marcando un punto crítico en el proceso de paz que no ha avanzado como muchos sectores de la sociedad colombiana esperaban.

“El 3 de agosto se vence la prórroga del cese bilateral, nacional y temporal, si es de interés del Gobierno darle continuidad, y aprovechando que su Delegación de Diálogos ha manifestado que ‘existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde’, entonces la haga efectivo decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAO (Grupo Armado Organizado)”.

De parte del Gobierno, lo anterior podría considerarse como una manipulación de parte de la guerrilla ya que aseguran que si bien tienen “voluntad de paz” está condicionada al reconocimiento como GAO y es que eso tiene ciertas implicaciones y beneficios.

El Gobierno Nacional ha implementado una estrategia llamada “Ruta de la Legalidad” para que los miembros de grupos armados organizados (GAO) se acojan a un proceso de desmovilización. Esta iniciativa busca que quienes forman parte de grupos como el ‘Clan del Golfo’, ‘los Pelusos’, ‘los Caparros’ y las disidencias de las Farc puedan transitar de la ilegalidad a la legalidad.

La persona que decide acogerse a este programa tiene garantizados sus derechos humanos desde el momento en que se presenta ante las autoridades civiles, policiales o militares. Se trabaja con la Fiscalía para resolver su situación legal y se busca una reintegración familiar y comunitaria. Además, se otorgan beneficios económicos durante un período de hasta 7 años.

También se les brinda apoyo para iniciar actividades productivas. La idea es que, al pasar de la ilegalidad a la legalidad, estas personas se conviertan en miembros activos de la sociedad y contribuyan al proceso de paz con legalidad. En palabras simples, si el ELN logra ser retirado por el Gobierno como GAO, no tendría que acogerse obligatoriamente a la ley de sometimiento, en cambio podría optar por un proceso de desmovilización en el que la mayoría de las responsabilidades recae en la administración Estatal.