Continúan las protestas en La Guajira por exclusión en consultas del Cerrejón: ya van 11 días

La Defensoría del Pueblo le hace nuevamente un llamado al Gobierno Nacional para que implemente soluciones definitivas en el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas de la etnia wayú en los municipios de Uribia, Maicao y Albania, en La Guajira.

Esta petición se produce en medio de las protestas que llevan 11 días por los desacuerdos con las decisiones de la Oficina de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

La inconformidad de la comunidad es debido a la exclusión de ciertas comunidades en las consultas que la empresa minera Cerrejón debe llevar a cabo para cumplir con la Sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional.

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Si bien, la Defensoría del Pueblo intervino para mediar y garantizar los acuerdos, sustentando que esta exclusión viola los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

El Defensor del Pueblo encargado, Julio Luis Balanta Mina, durante una reunión reciente se refirió a la necesidad que tiene el Gobierno Nacional de ofrecer soluciones concretas y reales para evitar que las comunidades recurran a medidas de hecho para ser escuchadas.

“No debería ser necesario que las comunidades lleguen a las vías de hecho para ser escuchadas y atendidas. Invitamos al Gobierno Nacional a darles soluciones concretas y reales para que las comunidades sean compensadas de manera adecuada en el marco de un diálogo constructivo”, indicó Balanta.

A pesar de las múltiples mesas de trabajo y las visitas en terrero realizadas con diversas entidades gubernamentales, los compromisos no se han materializado, por esta razón las protestas no han parado.

La Defensoría también destacó que el “cierre del territorio” como lo denominan las comunidades ha ocasionado pérdidas económicas significativas para la región.

En dicho encuentro también presentaron un pliego de peticiones al presidente Gustavo Petro, en las cuales manifestarán sus inconformidades y denuncias en contra de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (Dancp) y la empresa minera Cerrejón, por posibles violaciones a sus derechos fundamentales como pueblos indígenas, en el marco de la sentencia T-704 de 2016.

“Esperamos que todas las comunidades afectadas sean reconocidas en el marco de la sentencia. Es crucial que el Estado colombiano y sus instituciones garantes de los derechos del pueblo escuchen y resuelvan cada punto de la denuncia de las comunidades”, afirmó José Silva, líder de la comunidad ancestral.

El líder indígena indicó que este acuerdo “representa un paso significativo hacia la resolución de los conflictos entre las comunidades Wayuú y la empresa minera, esperando que se traduzca en beneficios concretos para los afectados y un cumplimiento estricto de la sentencia”.

Adicionalmente, Silva envió una petición a la compañía minera para que “actúen con sensatez y cordura en sus comunicados de prensa, los cuales, solo dividen y revictimizan a las comunidades, poniendo en riesgo la vida de activistas y defensores de los derechos humanos”.

Hay que tener en cuenta que en esta reunión participaron representantes de los ministerios del Interior, Ambiente y Salud, del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de La Guajira y alcaldías locales.

Al final del encuentro se estableció una mesa técnica con representantes de las comunidades Nación wayú, la empresa Cerrejón y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. El objetivo es desarrollar un cronograma de trabajo para iniciar las consultas previas en los próximos tres meses.

Indígenas y Gobierno nacional, la empresa Cerrejón ya había insistido en el levantamiento de los bloqueos a la vía férrea, al considerar que se les está impidiendo la entrega de agua potable a 164 comunidades de La Guajira.

“Exhortamos a esta organización a honrar el proceso de consulta en curso, liderado por el Ministerio del Interior, en el que, a la fecha, Cerrejón ha formalizado exitosamente 374 acuerdos con comunidades de los 427 indicados dentro de las consultas requeridas por la sentencia T-704. Estos acuerdos engloban más de 2.260 iniciativas sociales que las comunidades han definido y están implementando progresivamente de forma autónoma”, dijo la compañía en un comunicado.

Así mismo, Cerrejón señaló que, de mantener estos bloqueos, “se impedirán el suministro de bienes, el libre movimiento de personas y empleados, la llegada de suministros esenciales para nuestra operación minera y el transporte de carbón a puerto (...) están afectando la reputación de Colombia como proveedor confiable y afectan la capacidad de Cerrejón de enviar carbón oportunamente a sus clientes, quienes tienen a alternativas diferentes a Colombia”.