A contrato de la Ungrd de al menos 500 millones en Nariño le faltarían documentos de soporte, según alcalde de San Pablo

En el municipio de San Pablo, Nariño, surgió una denuncia sobre un contrato de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por un valor de 500 millones de pesos. El alcalde Mario Trujillo solicitó a la Fiscalía General de la Nación una exhaustiva investigación para determinar el destino de las ayudas pactadas, y la posible ausencia de soporte documental.

Según las declaraciones que dio el alcalde Mario Trujillo a Blu Radio, el contrato fue firmado en el 2023, cuando aún el procesado Olmedo López llevaba la dirección de la polémica entidad. Sin embargo, Trujillo alegó que no encontró la existencia de los documentos que prueban la entrega de los materiales destinados, según el contrato, a apoyar a las familias damnificadas por la ola invernal del año anterior en el departamento del sur del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Citado por el medio, Trujillo expresó que “pudimos ver cuando empezaron las investigaciones de la unidad nacional con las declaraciones del exdirector Olmedo López, que en San Pablo se habían ejecutado unos recursos alrededor de quinientos millones de pesos,” mencionó.

Según el mandatario local, no se encontraron documentos que detallen no solo la distribución pactada de los materiales, sino que se tampoco se hallaron actas oficiales que muestren el registro a las familias beneficiarias o el proceso de selección de estas.

“En el municipio cuando hacemos el empalme y podemos revisar carpetas y demás, encontramos que no existe ningún documento que manifieste a qué familias, cómo fue el proceso de selección, qué cantidad de materiales fueron entregados,” subrayó Trujillo a Blu Radio.

Trujillo también sostuvo que estos materiales presumiblemente llegaron al municipio en el contexto del proceso electoral de 2023, aunque de manera parcial. “Hablo desde lo que se pudo ver en esos momentos y fueron entregados en esas épocas electorales equipos electorales”, agregó.

La solicitud de una investigación profunda por parte de la Fiscalía obedece a la falta de claridad sobre la cantidad de materiales entregados y la forma en que se realizó la distribución. Trujillo hizo hincapié en que para septiembre y principios de octubre de 2023 llegó material de la Ungrd a San Pablo, pero sin una entrega claramente documentada y eso lo dieron a concoer al Ministerio Público. “En el documento de empalme pudimos también dar a conocer estas irregularidades a la Procuraduría, los entes de control frente a lo que se había pasado”, manifestó el alcalde a Blu Radio.

Es crucial, según Trujillo, dilucidar qué ocurrió con los recursos, si realmente beneficiaron a los damnificados de San Pablo o si hubo irregularidades en su distribución. De acuerdo con el alcalde, la administración municipal ha detectado la posible entrega indiscriminada de materiales tanto antes como después de las elecciones de 2023.

El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue repercutiendo en el gobierno de Colombia. De acuerdo con las recientes confesiones del exdirector de la entidad, Olmedo López, y su segundo al mando, Sneyder Pinilla, se supo que $40.000.000.000 destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira habría sido desviados en coimas para asegurar la aprobación de las reformas sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.

Pero resulta que la cadena de presunta de corrupción salpicó a otros altos funcionarios. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), recibió unos testimonios de López y Pinilla el 2 de agosto de 2024. Con esa información, la CSJ ha enviado una notificación al Congreso.

El documento remitido al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, detalla la vinculación formal de tres congresistas a la investigación que lleva la Fiscalía General de la Nación. En la misiva se lee: “Me permito solicitar, se certifique la calidad foral de los doctores Karen Astrid Manrique Olarte, Julián Peinado Ramírez y Juan Diego Muñoz Cabrera”.

Iván Name y Andrés Calle, ex-presidentes del Senado y la Cámara de Representantes respectivamente, estarían entre los implicados principales al recibir “multimillonarios incentivos” para apoyar varios proyectos de ley, subrayaron las investigaciones.