Proyecto de ley busca crear un nuevo ministerio para la atención a víctimas del conflicto armado: “Derroche”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció la presentación de un nuevo polémico proyecto de ley. Se trata de una iniciativa que busca crear una nueva cartera en el Gobierno: el Ministerio para la Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado. De acuerdo con el documento compartido por el servidor público, esta sería una disposición con la que se facilitaría la atención y reparación de las personas afectadas por la guerra en Colombia.

El nuevo ministerio no surgiría de la nada, según la propuesta, sino que se transformaría la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv) para tal fin. La cartera, entonces, sería un organismo principal de la administración pública, de nivel central, enfocado en la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado. También cumpliría funciones a ejecución de las políticas públicas orientadas a la atención, asistencia y reparación de estos ciudadanos y ciudadanas.

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Según lo plasmado en el texto publicado por el concejal, la cartera contaría con dos despachos: el del ministro o ministra y el del viceministro o viceministra. También tendría siete direcciones, además de las territoriales: de gestión internacional; gestión social y humanitaria; reparación; registro y gestión de información; asuntos étnicos; talento humano; y administrativa y financiera. Adicionalmente, estaría compuesta por una secretaría general y por órganos de asesoría y de coordinación.

Los impulsores de este proyecto de ley son representantes a la Cámara que cuentan con curules de paz y que representan a diferentes departamentos y regiones del país: Nariño, Pacífico, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Huila, Tolima, Arauca, Antioquia, Bolívar, Urabá y Catatumbo.

Briceño criticó la intención de crear este nuevo ministerio, asegurando que, si se aprobara el proyecto, habría un malgasto de recursos públicos. “No les basta con el inútil Ministerio de la Igualdad que crearon y ahora quieren otro. Derroche”, sostuvo el concejal de Bogotá.

Cabe resaltar que una de las representantes a la Cámara que aparece como firmante de la propuesta es Karen Astrith Manrique Olarte, mencionada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exdirector de la entidad Olmedo López aseguró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que la congresista fue clave en el redireccionamiento de contratos, con los cuales se habría beneficiado a otros congresistas y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La funcionaria se pronunció al respecto, insistiendo en que no tiene nada que ver con el entramado de corrupción, que también involucró la desviación de recursos públicos. “Quiero precisar que mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en mi ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso de la República represento en mi calidad de víctima del conflicto armado, buscando siempre la atención prioritaria a sus necesidades”, detalló Manrique en un video publicado en sus redes sociales.

Aseguró que las declaraciones de López en su contra son una “infamia” con la que se buscaría “desprestigiar” el acompañamiento que ha estado haciendo a las comunidades. Confesó, además, que espera que la ciudadanía no pierda la confianza en ella por la inclusión de su nombre en el entramado de corrupción.

Briceño mencionó también el Ministerio de la Igualdad y Equidad, del que es titular la vicepresidenta Francia Márquez, porque fue fuertemente criticado al ser considerado innecesario y una fuente de malgasto de recursos públicos. En medio de las críticas, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, demandó la Ley 2281 de 2023 con la que se creó la cartera y la Corte Constitucional le dio la razón. El fallo indica que cuando termine la legislatura correspondiente al periodo 2025-2026 ya no formará parte del ordenamiento jurídico.

Francia Márquez no aprobó la decisión de la Corte, aunque indicó que se acogería a ella. “¿Cómo es posible que una institución que trabaja por la gente más vulnerable de este país tenga que desaparecer? Respetamos la decisión, pero no la compartimos (sic). Vamos a seguir firmes, trabajando por la gente, y firmes trabajando por la transformación de este país, hasta que la dignidad se haga costumbre”, precisó la jefa de cartera en un evento público llevado a cabo en Manizales el 9 de mayo de 2024.