La empresa colombo-venezolana Monómeros, con sede en Barranquilla, le entregó más de 30 millones de dólares al gobierno de Nicolás Maduro: cambios realizados por Gustavo Petro habrían facilitado las transferencias

El gobierno de Gustavo Petro ha sido señalado de facilitar transferencias de fondos de la empresa Monómeros, con sede en Cartagena, al régimen de Nicolás Maduro y a la sancionada Petroquímicas de Venezuela (Pequiven), a través de una firma ubicada en Hong Kong.

La operación se ejecutó bajo la dirección de Rodrigo Ramírez, hombre designado por Petro y estrechamente ligada a su hijo Nicolás Petro, que también está involucrado en el escándalo de la Ungrd. Esta acción se produce en medio de un contexto de fuertes acusaciones de corrupción tanto en Colombia como en Venezuela.

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Monómeros había estado bajo la administración del gobierno de Iván Duque y el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó desde 2019. Durante ese período, la compañía registró ingresos de aproximadamente 1 billón de pesos en 2022, pero también reportó pérdidas superiores a 87.000 millones de pesos. Con el retorno del control al régimen de Maduro en 2022, las transferencias millonarias se reanudaron.

La FM publicó que Rodrigo Ramírez fue nombrado por Gustavo Petro para el proceso de empalme con el régimen de Nicolás Maduro para devolver el control de Monómeros al mandatario venezolano en el 2022. Tras esa designación, Ramírez ingresó en la junta directiva de la empresa que representa una pieza estratégica del aparato petrolero venezolano en territorio colombiano.

Según la denuncia del periodista Santiago Ángel del medio mencionado, “Monómeros le envió en 2023 120.000 millones de pesos (30 millones de dólares) a Pequiven a través de una empresa creada en Hong Kong (Ipcl), ambas controladas por el régimen”. Esta transferencia se realizó el mismo año en que Rodrigo Ramírez estaba en la directiva de Monómeros, puesto al que fue designado por Gustavo Petro.

Además, en 2023 se registraron viáticos por un valor de 14.500 millones de pesos desde Monómeros a Pequiven.

Ángel evidenció que Monómeros llevó a cabo esta transacción a pesar de que Pdvsa (Petróleos de Venezuela S.A.), matriz de Monómeros, está sancionada por los Estados Unidos y está en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), lo que desacredita a Petro en su rol de mediador en la crisis venezolana.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la empresa colombo-venezolana Monómeros se han pronunciado ante la denuncia del periodista.

Fundada en conjunto por Colombia y Venezuela en 1967, la empresa Monómeros mantuvo un equilibrio de participación, con Colombia como el mayor beneficiario de su producción y Venezuela proveyendo muchas de las materias primas. Un pequeño grupo empresarial holandés tenía cerca del 5% de la compañía.

Durante el mandato del presidente Álvaro Uribe, en un período de buenas relaciones con el presidente venezolano Hugo Chávez, Colombia tomó la decisión de vender su participación en Monómeros.

En ese momento, Colombia tenía una participación del 47% en Monómeros, dividida entre el Instituto de Fomento Industrial (IFI) y Ecopetrol. En 2006, Venezuela compró el total de las acciones colombianas, obteniendo el 100% de la empresa. La transacción le reportó a Colombia aproximadamente 56 millones de dólares.

Con el paso del tiempo y el deterioro de las relaciones bilaterales entre los dos países, comenzaron a emerger problemas logísticos y de suministro de materias primas para Monómeros. Según W Radio, la situación se agravó visiblemente cuando el presidente colombiano Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en 2019.

El reconocimiento de Guaidó no solo tuvo repercusiones diplomáticas, sino también corporativas. Ese mismo año, Guaidó asumió el control efectivo de Monómeros y nombró una nueva junta directiva y administradores para la empresa.

Bajo la administración designada por Guaidó, la producción de Monómeros disminuyó considerablemente, causando incumplimientos en los pagos y afectando la cadena de suministro de agroquímicos cruciales para la agricultura colombiana. Las dos partes involucradas, la administración de Guaidó y el gobierno de Maduro, se han acusado mutuamente de sabotaje y corrupción, respectivamente.