Revelan el nombre del enlace de Olmedo López que sigue en la Ungrd y parece que se atornilló a su puesto

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), antes de los señalamientos que lo involucran en el escándalo de corrupción en esa entidad, había sido denunciado por estafa, de acuerdo con una información revelada por La W.

Antes de asumir su cargo en la Ungrd, López fue acusado por un exsocio de la empresa Practimax, radicada en Antioquia.

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Según la denuncia, Olmedo López habría solicitado un préstamo de trescientos millones de pesos sin consultar a sus socios y nunca devolvió el dinero.

Fernando Albert Granada Escudero, uno de los gerentes de esa empresa, habría certificado un documento falso que indicaba un “paz y salvo” de la deuda de López con sus socios. Este documento, según el denunciante, es totalmente fraudulento.

La persona que hace la denuncia sostiene que Granada Escudero ayudó a López a “salir limpio” de esta situación, lo cual le valió un puesto en la Ungrd, negándose ahora a entregar el cargo, según la dirección de la entidad.

La W tuvo acceso a un documento que describe el contenido del contrato otorgado a Granada Escudero en la entidad estatal, que incluye la prestación de “servicios profesionales especializados al ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGDR) para liderar desde el componente presupuestal, contable y financiero los procesos, programas y proyectos derivados de las emergencias declaradas en el territorio nacional”.

En Practimax, Olmedo López concentraba casi el 70% de las acciones, con sus familiares Leocadio de Jesús López, Martha Isabel Atehortúa y Mateo López Ochoa como los accionistas restantes. Este control le otorgaba un dominio casi absoluto sobre las decisiones financieras y estratégicas de la empresa.

A partir de 2015, comenzaron a evidenciarse problemas financieros en Practimax debidos al gasto excesivo y al supuesto desvío de recursos. Según la denuncia presentada: “El socio Olmedo de Jesús López Martínez presuntamente ha ejercido, en calidad de administrador de derecho, de hecho y como socio en la ya referida sociedad, actos y negocios jurídicos en beneficio propio y/o de un tercero con el abuso de su posición dominante como socio fundador y mayoritario de la sociedad. Ha dispuesto fraudulentamente de los bienes de la sociedad contrayendo obligaciones financieras a cargo de ésta, causando así perjuicios económicos a la misma empresa y los demás socios, sin la previa autorización de los demás socios y violando flagrantemente los estatutos de la empresa”.

Aunque los detalles más específicos del impacto de estos problemas financieros no se han hecho públicos, la cooperación entre López y Granada Escudero para “sacar en limpio” a López plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética de su gestión, tanto en Practimax como en el UNGRD.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es una entidad crucial para la gestión y prevención de desastres en Colombia. Sin embargo, las acusaciones en contra López socavan la confianza pública en la organización.

La relación de López con Granada Escudero y la negativa a entregar el contrato a las autoridades estatales plantea serias preocupaciones sobre conflictos de intereses y la integridad administrativa. La situación se complica aún más dado que el contrato de Granada Escudero estaba destinado a liderar procesos financieros y contables cruciales en situaciones de emergencia.

Hasta el momento, ni Olmedo López ni Fernando Albert Granada Escudero han brindado declaraciones públicas al respecto. La falta de transparencia en la entrega del contrato y la falta de una respuesta oficial aumentan las sospechas y ponen más presión sobre las autoridades para que investiguen el asunto a fondo.

Las entidades fiscalizadoras y los medios de comunicación han pedido claridad y una investigación exhaustiva de las alegaciones. La situación se ha convertido en un foco de interés tanto para la opinión pública como para los actores políticos, que observan con atención las repercusiones que esto podría tener en la gestión de riesgo y en la política pública en Colombia.