En medio de una situación alarmante que involucra a la comunidad indígena embera asentados en el parque Nacional de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó una serie de medidas rigurosas destinadas a proteger a los menores de edad de esta etnia.
Desde hace algunas semanas, funcionarios del Distrito han llevado a cabo recorridos en el parque, revelando preocupantes hallazgos que derivaron en la implementación de acciones urgentes.
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Carlos Fernando Galán , preocupado por la seguridad y el bienestar de los menores Emberá, anunció la implementación de la Ruta de Acción embera , una estrategia integral que abarca desde la salud y la educación hasta la integración social. Esta ruta también ofrecerá opciones para facilitar el retorno de los indígenas a sus territorios de origen, además de reforzar mecanismos de prevención y protección para niños, niñas y adolescentes.
Las medidas, detalladas por el alcalde, incluyen la creación de un grupo de penalistas disponible las 24 horas del día para presentar denuncias por cualquier vulneración de derechos. Así mismo, se aumentará la presencia de las Comisarías de Familia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para intervenir en casos que afecten a menores de edad. Los ciudadanos también podrán alertar sobre situaciones de riesgo a través de una línea de denuncia dedicada.
Un informe reciente de la Secretaría de Integración Social documentó la grave situación que enfrenta la comunidad: “Encontramos elementos como ropa, conservantes usados, restos de sustancias psicoactivas, entre otros materiales”, comentó Roberto Angulo , secretario de Integración Social.
Este tipo de hallazgos llevó a que se interpusiera una denuncia formal ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y a que se articulen esfuerzos con la Policía Judicial para tomar medidas inmediatas.
Desde enero de 2024, el Distrito redobló esfuerzos para atender las necesidades de la comunidad embera, destinando más de 5.600 millones de pesos en recursos, equipos y personal especializado. Pese a estos esfuerzos, la situación sigue siendo crítica.
El informe indica que en las últimas tres semanas se han identificado 248 situaciones de riesgo para menores de edad, incluyendo 91 casos de niños no acompañados y 77 alertas sobre la presencia de personas ajenas a la comunidad en el parque Nacional.
Entre las inquietudes más serias, la Secretaría de Integración Social registró 20 reportes de menores en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, y siete casos de abuso sexual. “Estas situaciones han recibido respuesta inmediata del Distrito. En el 71% de los casos se han abordado de manera preventiva y se ha brindado acompañamiento psicosocial”, afirmó Galán.
La instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el parque Nacional ha sido fundamental para esta coordinación interinstitucional. De manera continua, siete entidades del Distrito han trabajado para garantizar la seguridad y prevención de riesgos. La subsecretaria de Paz, Isabela Mercado, resaltó la importancia del equipo legal conformado: “Esta medida permitirá documentar en tiempo real y formalizar denuncias frente a posibles delitos que pongan en riesgo a la población menor de edad”.
La Secretaría de Salud , por su parte, documentó importantes desafíos en la atención sanitaria de la comunidad embera. Gerson Bermont , secretario de Salud, resaltó que desde 2021 hasta diciembre de 2023, 24 niños de la comunidad fallecieron debido a condiciones críticas y restricciones para el acceso a servicios sanitarios. A pesar de las brigadas médicas y la presencia constante de ambulancias, los líderes comunitarios dificultaron la entrada de equipos de salud, lo que exacerbó la vulnerabilidad de las madres que desean recibir atención médica para sus hijos.
En términos educativos, Isabel Segovia , secretaría de Educación, informó que 940 niños emberá están escolarizados en Bogotá. De ellos, 236 residen en el Parque Nacional, y aunque se ha alcanzado una tasa de asistencia del 65%, aún persisten desafíos derivados de problemas de salud, vulnerabilidad y esfuerzos familiares por mantener a los niños en actividades no adecuadas para su edad.
El Distrito identificó y respondido a 77 alertas sobre la presencia de personas no pertenecientes a la comunidad en el parque, así como a 30 situaciones de riesgo vial que amenazan la seguridad de los menores. Estos datos refuerzan la importancia de un enfoque integral y preventivo en todas las esferas: sanitaria, educativa y de protección, para salvar los derechos y el bienestar de esta población vulnerable.
Roberto Angulo advirtió que entre las acciones futuras se priorizarán aquellas de protección inmediata. En los próximos días, cualquier niño encontrado en situación de riesgo o abandono será declarado como tal y se activarán rutas de intervención rápida, que pueden terminar con la participación del Icbf y otras instituciones de protección, para garantizar el cuidado adecuado.
La estrategia comunicacional será vital para involucrar a la comunidad y los vecinos del parque Nacional, permitiendo que, por medio de la línea 141 del Icbf, los ciudadanos reporten situaciones de maltrato, abuso o violencia hacia menores de edad, bajo una premisa de confidencialidad y gratuidad.
Estos esfuerzos interinstitucionales, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán, no cesarán hasta lograr una mejora sustancial en las condiciones de vida y seguridad de la comunidad embera. La administración se mantendrá vigilante y actuará con firmeza contra cualquier acto que atente contra los derechos de los menores de edad.