El resultado de los comicios para la elección de Nicolás Maduro como presidente, alterado para que el mandatario se mantuviera en el poder hasta 2031, generó un fuerte rechazo social dentro del territorio, ya que miles de venezolanos salieron a protestar en las calles. De igual manera, varios países no aceptaron el triunfo de Maduro y amenazaron con sanciones si no se presentan las actas electorales que ratifiquen la elección del pueblo venezolano.
Ante la crisis política del país vecino, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que el impacto político y diplomático de las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela podría frenar los planes del Gobierno del presidente Gustavo Petro para el abastecimiento de gas importado desde el país vecino.
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“La gran discusión es si eso que hoy se está importando se podría importar de otra parte. Ese es el convenio que se tenía con Venezuela. Con la situación actual en el territorio venezolano, eso puede dificultarse, porque las perspectivas eran que se levantaran las sanciones a Venezuela y que pudiéramos importar gas de allí, que está más cerca y es más barato. Por ahora, tenemos que seguir importando gas con el precio del Golfo de México”, explicó el ministro Bonilla.
En la hoja de ruta de Ecopetrol para los próximos 10 años, se advirtió que en 2025 habrá un déficit de 80 Gbtud, de los cuales 61 Gbtud pueden ser cubiertos con gas local. Parte de las acciones para neutralizar esta situación incluía el abastecimiento desde Venezuela.
Según dio a conocer Blu Radio, la dictadura de Nicolás Maduro está dispuesta a capitalizar la sucursal de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Gas en Colombia para pagar sus deudas y realizar las inversiones necesarias para que el gasoducto entre los dos países pueda operar nuevamente y Colombia pueda comprar gas a Venezuela.
Sin embargo, Estados Unidos anunció que revertirá parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, bajo el argumento de que el líder dictatorial, Nicolás Maduro, incumplió con sus compromisos electorales al inhabilitar a la candidata opositora María Corina Machado.
“Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando, se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados de esta elección para que todos puedan ver los resultados”, aseveró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en una rueda de prensa.
El funcionario estadounidense confirmó que el Gobierno de Joe Biden “comparte” las afirmaciones publicadas por el Centro Carter, organización norteamericana, que asistió como veedora por una invitación del país, y aseguró que las elecciones del 28 de julio no fueron democráticas.
Kirby también señaló que las manifestaciones durante los días posteriores por resultado de los comicios presidenciales en Venezuela se deben a que “el pueblo venezolano está saliendo a las calles para exigir que se cuenten sus votos” y afirmó que “no se les puede culpar por eso”.
En ese sentido, afirmó que desde la Casa Blanca “tenemos serias preocupaciones sobre las órdenes de arresto que Maduro y sus representantes podrían emitir hoy contra los líderes de la oposición”. Asimismo, fue enfático al rechazar y condenar la “violencia política y la represión de cualquier tipo”.
Además, dijo que tanto el Gobierno norteamericano como los miembros de la comunidad internacional continúan atentos a los sucesos en este país. “Estamos observando y responderemos en consecuencia”, advirtió.