Luis Ernesto Vargas, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún no reconoce a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela hasta que no se demuestre con evidencias los resultados de las elecciones.
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“Este es un tema en el cual se demuestran los hechos y se dará el derecho, esa es la razón por la cual Colombia todavía no ha dado reconocimiento a la manifestación que hizo el Consejo Electoral en Venezuela. Hasta tanto se haga la demostración correspondiente con actas debidamente publicadas, con escrutinios absolutamente realizados y con acompañamiento internacional y contradicción plena garantizada a los opositores”, expuso Vargas en una Asamblea extraordinaria en Washington.
El embajador explicó que Colombia se abstuvo de votar la resolución por dos razones principales. La primera es que la OEA no puede considerarse un organismo imparcial en esta circunstancia; y la segunda es porque Venezuela no estaba presente en la reunión.
Vargas señaló que “expresamos que es muy complejo que se pueda tomar una resolución contra un país que no está presente, por más de que se haya contado que sí lo estaba. Nos expresamos así, dijimos que la cancillería estaba en la idea de que nos abstuviéramos, el ministro dijo que está haciendo seguimiento al proceso electoral y por eso pedía respaldar el proceso democrático con evidencias. Esa es la posición y solidarios con el pueblo venezolano, no nos cabe la menor duda de que necesitamos la verdad, mi delegación reitera la declaración de hoy del presidente Gustavo Petro”.
En dicha sesión extraordinaria de la OEA celebrada en Washington, la resolución obtuvo 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones (entre ellas, las de Colombia, Brasil y México) y cinco ausencias. De esta manera, no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo.
El embajador Vargas, al detallar los fundamentos de la posición colombiana, destacó la necesidad de que la legitimidad del proceso electoral venezolano sea demostrada de manera tajante. En su intervención, precisó que aún aguardan los informes de los observadores internacionales y un escrutinio transparente que permita contradecir cualquier argumento esgrimido por la oposición política de Venezuela. Según lo expresado por Vargas, la postura del Gobierno colombiano responde a una política de no intervención directa hasta tanto no se comprueben todas las facetas del proceso electoral.
Aparentemente, la decisión de abstenerse de votar sobre la resolución que exigía a Venezuela revelar las actas de votación implica una posición de espera y observación. Al respecto, la declaratoria del embajador indica que su país desea una demostración certera y pública que confiera la potestad para ratificar o rechazar los resultados de las elecciones en Venezuela.
Además, la situación refleja la sensibilidad política existente en la región respecto de la legitimidad democrática en Venezuela. El contexto de la decisión de la OEA se entabla en un espacio mayor de diplomacia hemisférica, donde las posiciones de los países miembros se dividen entre el reconocimiento y la no intervención en asuntos internos de un estado miembro. Este choque de posturas se evidencia con las diversas abstenciones y ausencias registradas en la votación, reflejando las divergencias en los enfoques hacia la crisis venezolana.
En cuanto a la resonancia regional, las acciones de Colombia bajo la dirección del presidente Gustavo Petro aúnan una demanda por transparencia y un enfoque prudente hacia la política interna de Venezuela. La abstención sobre la resolución en la OEA, a pesar de compartir las preocupaciones con otros estados miembros, mantiene una distancia estratégica mientras se espera una clarificación definitiva de los eventos electorales en el país vecino.
El desenlace de la sesión extraordinaria de la OEA deja patente la falta de consenso regional en cuanto a cómo abordar la situación en Venezuela. La división entre votos a favor, abstenciones y ausencias muestra las diferencias profundas en la perspectiva de incluso los estados más influyentes de la región, como Brasil y México, además de Colombia. La resolución fallida se convierte así en un reflejo de una diplomacia regional fracturada y reticente a tomar posiciones unánimes en torno a temas de legitimidad electoral.
Migración de la Asamblea hacia un enfoque más amplio de evaluación internacional de las elecciones venezolanas podría representar un desafío adicional para la diplomacia regional. De hecho, como menciona Luis Ernesto Vargas, la necesidad de una evaluación exhaustiva con participación de observadores y la publicación de actas se perfila como un obstáculo y simultáneamente como una oportunidad para lograr un consenso más amplio y fundamentado respecto de la situación política y electoral en Venezuela.
Por último, la posición expresada por Colombia ante la OEA refleja no solo una cautela político-diplomática, sino también una demostración de solidaridad hacia el pueblo venezolano, insistiendo en la protección de sus derechos democráticos. Queda por observar las siguientes reacciones y decisiones de los estados miembros y cómo se ajustará la postura institucional de organismos hemisféricos como la OEA frente al devenir de la legitimidad electoral en Venezuela.