El Centro Democrático solicitó formalmente la pérdida de investidura de los senadores Martha Peralta y Wilson Arias, del Pacto Histórico, alegando que estos violaron el “régimen de conflictos de interés” al no declarar su impedimento para participar en el debate sobre el proyecto de Reforma a la Salud. La solicitud fue presentada y aceptada por el Consejo de Estado.
El Centro Democrático sostiene que tanto Peralta como Arias recibieron financiación a través de un crédito proporcionado por la sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., la cual, según la denuncia, podría también operar como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS). A pesar de la supuesta relación financiera con esta entidad, el partido de oposición acusa a los senadores de no haberse abstenido de participar en el debate y la votación del proyecto de ley que promovía giros directos a las IPS en lugar de a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
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El Centro Democrático argumentó que esta participación constituye un beneficio directo para la sociedad que financió las campañas de los senadores. En sus demandas, se destacó que, a pesar de tener conocimiento de este vínculo financiero, Peralta y Arias no se declararon impedidos para tratar el proyecto en cuestión, lo cual, según el partido opositor, representa una clara infracción a las normativas de conflicto de interés.
El Consejo de Estado está ahora encargado de revisar las pruebas presentadas y determinar si hay mérito suficiente para proceder con la pérdida de investidura de los senadores del Pacto Histórico.
La demanda presentada también señaló que Manuel Julián Molina Pérez, esposo de la senadora Martha Peralta, ocupa el cargo de representante legal de “la empresa Farmacia 13 de Mayo S.A.S., identificada con NIT 901.503.027-6, cuyo objeto social es la distribución y venta de productos o especialidades farmacéuticas”. A pesar de esta conexión, según el Centro Democrático, Peralta participó en los debates sobre la Reforma a la Salud sin declarar ningún conflicto de intereses.
En cuanto a Wilson Arias, el documento entregado al Consejo de Estado destacó que “para su campaña al Senado de la República en 2022 recibió un aporte vía crédito por parte de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.-SADI-, identificada con NIT 800179783-1., por sesenta millones setecientos ochenta y dos mil trescientos treinta y siete mil pesos m/cte ($60.782.337)”. A pesar de haber recibido este financiamiento, Arias tampoco declaró conflicto de intereses durante su participación en los debates relacionados con la Reforma a la Salud.
Estos señalamientos forman parte de la solicitud del Centro Democrático para la pérdida de investidura de los senadores Peralta y Arias, argumentando que ambos violaron el régimen de conflictos de interés al no abstenerse de participar en discusiones legislativas en las que tenían intereses personales. La situación se agrava con el hecho de que ambos senadores están vinculados a entidades que podrían beneficiarse directamente de las decisiones legislativas en cuestión.
Otro escándalo de Peralta
El entramado de corrupción denunciado en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue revelando nombres de congresistas y políticos involucrados. En este creciente escándalo, surgió en repetidas ocasiones el nombre de la congresista guajira Martha Peralta Epiayú, quien negó reiteradamente cualquier vínculo con la red criminal.
A pesar de sus negaciones, en La Guajira, varios ciudadanos continúan asociándola con la trama corrupta encabezada por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Además, algunos también la relacionan con la distribución de poder burocrático en otras entidades del Gobierno nacional. Un líder comunitario de Riohacha, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló a Cambio que la coordinación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en La Guajira fue recientemente entregada al grupo político de la senadora Peralta.
La senadora Peralta también fue mencionada anteriormente en un escándalo relacionado con un contrato de ollas comunitarias en el municipio de Albania, La Guajira. Las acusaciones apuntan a que se habría beneficiado de un contrato de 20.400 millones de pesos, que luego habrían sido desviados para favorecer a la alcaldesa de Albania, Nera Eloísa Robles Bonivento, quien es aliada política de Peralta.
Peralta niega todas estas acusaciones, calificándolas de “irresponsables” y alegando que se trata de una persecución política debido a su pertenencia al actual gobierno nacional.
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