Bancada independiente radicó su propio proyecto de reforma a la salud en el Congreso: estas son sus principales propuestas

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la bancada de congresistas independientes radicó el jueves primero de agosto su propuesta de reforma a la salud, para que se discuta como una ley estatutaria.

21 organizaciones médicas y de profesionales de la salud, que conforman el grupo Acuerdos Fundamentales, con el apoyo de la bancada independiente compuesta por los congresistas Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Julia Miranda, Jennifer Pedraza, Humberto de la Calle, Alejandro García, entre otros, han presentado una nueva propuesta para la reforma del sistema de salud.

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De esta manera, la representante Catherine Juvinao solicitó al Gobierno que no presente su propia iniciativa con mensaje de urgencia: “La información que tenemos es que el Gobierno va a arrancar esta reforma de salud por comisiones primeras pero además con mensaje de urgencia. Si el Gobierno la imprime de urgencia lo que hace es que de facto los otros proyectos que se están radicando como el de hoy, no serían acumulables. Es decir, perderíamos esta propuesta y solamente se debatiría la del Gobierno”.

Respecto a la representante Jeniffer Pedraza, el proyecto incluye 48 artículos, donde se garantiza el derecho a la salud para todos los colombianos. “Hoy estamos proponiendo cómo podemos mejorar el sistema de salud y esperamos que el Gobierno esté a la disposición de conversar y no de pupetriar esto de manera rapidísima como al parecer se ha rumorado que radicarían una reforma con mensaje de urgencia”, indicó la congresista.

Jeniffer Pedraza contó que el proyecto de la reforma tiene dos puntos claves: “La primera, eliminamos la intermediación financiera, pero reconocemos la experiencia administrativa que al momento de hoy tienen las gestoras, esa transformación de las EPS”.

La congresista explicó que el segundo punto, “hacemos vinculatorio el Consejo Nacional de Salud que contratara un estudio técnico para definir la unidad de pago por capitación”.

El proyecto de las sociedades científicas mantiene funciones esenciales para las gestoras de vida, como la articulación y conformación de las redes de servicio, los centros de atención primaria y los hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad. La propuesta se publicó inicialmente el miércoles 10 de julio y planeaban radicarla el 20 de julio, pero la fecha se movió unos días más adelante.

Los defensores de esta iniciativa han emitido recientemente una carta explicando sus puntos principales. Uno de sus objetivos es reorganizar el sistema de salud a través de la efectiva aplicación y desarrollo de la ley estatutaria en salud.

Proponen eliminar la intermediación financiera y disponer el giro directo a los prestadores de servicios de salud, ordenando una función específica operativa y logística en la organización del sistema. Los prestadores estarían organizados mediante redes integrales e integradas de servicios de salud.

Respecto a las EPS o gestoras de vida, el proyecto plantea que no se permitirá la integración vertical en el nivel complementario, es decir, no podrán ser dueñas de hospitales o clínicas de la red con la que contratan los servicios de sus afiliados en un plazo máximo de dos años. Estas entidades serán las encargadas de realizar funciones de auditoría, complementadas por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES).

Otros puntos destacados responsabilizan a las gestoras por el paciente, mantienen la rectoría del sistema en el gobierno, pero aprovechan la experiencia ganada por las gestoras en la operación de redes y producción de resultados en salud. También propone un ajuste en la metodología y cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el fin de que el Consejo Nacional de Salud contrate un estudio independiente para determinar una nueva metodología que garantice su suficiencia. Anualmente, en conjunto con el Ministerio de Salud, se determinará el aumento de la UPC de forma objetiva y clara.

En cuanto a la financiación, el proyecto menciona la búsqueda de nuevas fuentes y propone corregir la destinación de los impuestos saludables, entre otras rentas específicas, y modificar los porcentajes del sistema general de participaciones.