Exsenador Álvaro “El Gordo” García, condenado por masacre paramilitar, interpuso nueva tutela contra Gustavo Petro

La defensa del exsenador Álvaro ‘El Gordo’ García Romero presentó una segunda acción de tutela ante el Consejo de Estado, en contra del presidente Gustavo Petro, en la que solicitó que se abstenga de realizar declaraciones denigrantes hacia el excongresista.

Esta solicitud fue radicada en medio de una controversia que surgió a raíz de los comentarios del mandatario, tras una decisión judicial clave que lo envió a prisión.

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El conflicto se originó el 16 de julio, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió imponer una medida de aseguramiento contra García Romero, condenado a 40 años de prisión por conspirar con paramilitares en la masacre de Macayepo, ocurrida en el municipio de Carmen de Bolívar el 14 de octubre de 2000.

En respuesta a esta decisión, Petro emitió fuertes declaraciones durante un evento público en la Plaza de Bolívar, mientras sancionaba la reforma pensional.

“Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”, dijo Petro, apuntando directamente al excongresista García Romero.

“Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puedes salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo”, agregó el mandatario, en declaraciones motivaron a los abogados de García Romero a actuar en defensa de la dignidad del exsenador.

En la nueva tutela, la defensa argumentó que las declaraciones de Petro son denigrantes y atentan contra la dignidad humana del exsenador, por lo que pidieron que el presidente se abstenga de realizar cualquier comentario que pueda vulnerar sus derechos al buen nombre, honra y legítima defensa.

Además, solicitaron que Petro no haga ninguna publicación en redes sociales que supongan, “manifestaciones denigrantes, incitadoras socialmente y trasgresoras a la dignidad humana”.

En su intervención en la Plaza de Bolívar, Petro también señaló que la decisión de la Corte Suprema de Justicia envía un mensaje contundente contra la impunidad y la violencia política en Colombia.

“Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, dijo el jefe de Estado. En sus declaraciones, Petro se mostró firme en su postura de que los actos violentos y de intimidación política deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Cabe recordar que la defensa de García Romero presentó una primera tutela el 26 de julio de 2024 ante el Consejo de Estado, en la cual señala que “la dignidad humana debe entenderse no solo como un derecho fundamental”.

Sino también a su vez, “como un valor, como norma rectora, como un principio”, la cual es fundamento de donde provienen otras normas, “garantías constitucionales relevantes que afianzan esa esfera de protección de intimidad, de libertad, de igualdad, de autonomía, de prohibición de discriminación y de humillación”.

“Las características trascendentales en todas las esferas de la persona y del Estado, política y moralmente de la dignidad humana, revisten tanta complejidad, que no es indiferente a la persona que pretenda reclamar su protección cuando se ha visto conculcada”, se agregó en la reclamación.

Los abogados indicaron que los comentarios del presidente Petro crean “desinformación” en la población en general al hacerse una interpretación subjetiva de decisiones judiciales y calificaron las afirmaciones del presidente como una “mofa” en contra del exsenador.

“Sigo con la pelea jurídica por demostrar de alguna manera, el no haber tenido responsabilidad en los hechos que se me endilgan sin reconocer que ocurrieron, y de gracia que en el proceso que está en manos del magistrado Caldas ya hoy tiene elementos que pueden demostrar la atipicidad de esa conducta en mi nombre, pero hoy más que nunca, siento que sigo siendo una víctima de una guerra jurídica”, se leyó en la acción judicial.