![Durante una inspección en Caregato, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, evidenció el abandono de las obras del dique por parte del consorcio RCG - crédito @javier_pava_s/X - Colprensa](https://www.infobae.com/new-resizer/AnTVdfj-_0FLl0yV7azXibMkMS0=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KODTAAAHRNDVJG7FYKJGICGFNI.png 420w)
En un pronunciamiento el miércoles 31 de julio, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Desastre (Ungrd), Carlos Carrillo, anunció la implementación de medidas jurídicas contra el consorcio a cargo de las obras del dique en Caregato, La Mojana, una región que abarca cerca de 11 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, luego de evidenciar el abandono de la construcción que buscaba frenar el cauce del río Cauca.
Este proyecto, vital para la protección de la comunidad de la zona baja de La Mojana, se encuentra en un estado crítico tras el rompimiento de las obras el 6 de mayo de 2024, lo que derivó en la declaración de calamidad pública en la región.
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Durante una visita a la zona afectada, Carrillo expresó su preocupación por la falta de actividad en el sitio de construcción. “Bueno, yo básicamente lo que veo aquí es abandono, aquí a las 11:00 a. m. prendieron esa draga, que está allá, solitaria en la mitad (refiriéndose a la obra que no está en marcha). Hasta acá escuchamos cómo se prendían los motores, vemos a unos contados —un pequeño puñado— de miembros del consorcio, que, pues bueno, parece que al momento en que llegamos vinieron de afán, pero aquí no hay volquetas. Aquí no hay bolsas aquí, pues creo, yo no se está haciendo mayor cosa”, afirmó el director, describiendo la desoladora escena.
La obra, de poco menos de tres kilómetros de extensión, es esencial para controlar el desbordamiento del río Cauca y proteger a la población de La Mojana. Sin embargo, la evidente falta de compromiso del contratista, unión temporal RCG, dejó a la comunidad en una situación de vulnerabilidad extrema. Carrillo enfatizó que se tomarán las acciones legales necesarias para abordar esta negligencia, asegurando el debido proceso para el contratista.
“El paso siguiente, pues, es hacer, tomar las medidas jurídicas que sean pertinentes, por supuesto, garantizando en el debido proceso al contratista (sic)”, añadió.
La situación en Caregato no solo representa un problema de infraestructura, sino que también tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de los habitantes. La suspensión de actividades educativas afectó a cerca de 200 estudiantes, que vieron interrumpida su formación debido a la calamidad, de acuerdo con cifras del diario El Tiempo.
Carrillo también hizo una crítica más amplia sobre la estrategia de la administración de entregar proyectos de tal magnitud a contratistas que, según sus palabras, “lo único que tienen es un ánimo de lucro, que lo único que quieren es hacer dinero a hacer negocio y que poco les importa cumplirle al pueblo mojado”. Estas declaraciones reflejaron una preocupación sobre la capacidad del Estado para supervisar y ejecutar proyectos críticos cuando se delegan en empresas privadas con fines lucrativos.
![Durante una inspección en Caregato, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, evidenció el abandono de las obras del dique por parte del consorcio RCG - crédito EFE](https://www.infobae.com/new-resizer/3o11tBDT-fjgGiXgnvY50yei7_E=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3IYXHQQ37FHEPI4KARB2J4MUKQ.jpg 420w)
La administración pasada de la Ungrd, liderada por Olmedo López, es cuestionada por varios contratos —incluido el mencionado dique de Caregato—, ya que es señalado de haber redireccionado, al menos, un billón de pesos al frente de la entidad, de los cuales reconoció, en entrevistas a los medios, que al menos 380.000 millones de pesos sí se habrían comprometido en corrupción, lo que puso en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y ejecución de obras públicas.
Asimismo, Carrillo señaló a principios de julio que, con los seis meses restantes del año por delante, el fenómeno natural de La Niña podría agravar aún más la situación si el chorro continúa abierto. En este sentido, mencionó que el Gobierno está evaluando “recursos legales” en relación con esta contratación, con el objetivo de adaptar el marco legal de las medidas de emergencia a las condiciones climáticas actuales.