Procuraduría ratifica sanción de 12 años a Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente clave de la administración Petro

Luis Guillermo Pérez Casas, exsuperintendente de Subsidio Familiar del Gobierno de Gustavo Petro, enfrentó un revés judicial definitivo: la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación ratificó su destitución e inhabilidad por 12 años debido a faltas disciplinarias gravísimas. Esta confirmación se suma a la suspensión provisional que ya había sufrido desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2024.

El proceso disciplinario señala que Pérez Casas, quien también fue exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exdirectivo del Colectivo de Abogados José Alvear, incurrió en una serie de irregularidades relacionadas con la gestión de las cajas de compensación.

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Específicamente, se le acusa de haber solicitado públicamente, el 9 de diciembre de 2022, un aporte solidario de los directivos de las cajas de compensación en favor de la denominada Paz Total para la población de Buenaventura. Además, modificó “sin justificación constitucional” una resolución de agosto de 2022 que trataba sobre una lista de elegibles para la selección de directivos administrativos y agentes especiales de intervención de dichas cajas, cometiendo lo que la Procuraduría describe como prevaricato.

La Procuraduría sostiene que la intervención de Pérez en la resolución permitió que personas que no habían participado en la convocatoria abierta por la Resolución 0275 de 2022, ni cumplido los requisitos mínimos exigidos, pudieran integrar la lista de elegibles. Un caso en particular que llama la atención es el de Juan Carlos Carvajal, quien fue incluido en esas listas y luego designado como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfahuila).

El conflicto legal de Pérez Casas no terminó con su destitución inicial. Apeló la decisión de primera instancia, argumentando que sus derechos fundamentales fueron gravemente vulnerados y alegando “falta de certeza de los cargos imputados”, entre otros fundamentos. Sin embargo, la Procuraduría desestimó todos sus alegatos, manteniendo la sanción que lo aparta del ejercicio público por 12 años.

El caso suscitó críticas y debates, especialmente en lo que respecta al manejo de poder y la corrupción en las instituciones encargadas de velar por los derechos y bienestar de los ciudadanos, como las cajas de compensación.

Luis Guillermo Pérez Casas, exsuperintendente de Subsidio Familiar, anunció su intención de radicar una queja disciplinaria y una denuncia en contra de la procuradora general Margarita Cabello y los tres funcionarios de la Procuraduría responsables de su destitución. Pérez Casas los acusa de haber incurrido en varios ilícitos, incluyendo abuso de autoridad, tráfico de influencias y prevaricato.

El exsuperintendente también comunicó que tramitará una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la justicia contenciosa administrativa. Además, está en proceso de preparación de una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando otras esferas de justicia y revisión de su caso.

Insistiendo en la legalidad de sus actos, Pérez Casas argumentó que la modificación de la resolución sobre la lista de elegibles sigue siendo válida. “No hubo pronunciamiento de ninguna autoridad contenciosa administrativa, único juez natural para juzgar si un acto administrativo es o aconstitucional o ilegal. Mi decisión de abrir la lista no fue nunca demandada por nadie, por tanto, sigue gozando de presunción de legalidad y legitimidad”, afirmó. Pérez defiende la modificación que realizó en la lista de elegibles argumentando que ninguna autoridad judicial cuestionó su legalidad.

En cuanto a las acusaciones relacionadas con el aporte solidario para la ‘paz total’ en Buenaventura, Pérez Casas sostuvo que no manejó personalmente ningún fondo. “Y por lo de Buenaventura jamás pasó por mis manos ni un solo peso, las Cajas que contribuyeron lo hicieron directamente a la cuenta de la Pastoral Social de Buenaventura”, añadió.