La Corte Suprema ordenó investigación en el Congreso por caso de corrupción de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una exhaustiva inspección en el Congreso de la República, según un trino en X publicado por La Fm.

El objetivo de la Corte es recabar información clave sobre el trámite legislativo de las reformas sociales propuestas por el actual Gobierno.

Esta acción investigativa se enmarca dentro de la indagación más amplia del caso de corrupción vinculado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una entidad que ha sido objeto de serias acusaciones por malversación de fondos y gestión irregular.

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La Ungrd, encargada de coordinar las políticas y estrategias para la gestión del riesgo de desastres, ha sido señalada por presuntas irregularidades en la administración de recursos destinados a la prevención y respuesta ante emergencias. La investigación reveló una serie de prácticas cuestionables que involucrarían desvío de fondos, contratación indebida y falta de transparencia en los procesos de adquisición.

Este caso ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción en el país en los últimos años, generando una ola de críticas tanto desde la oposición política como desde la sociedad civil. La presión pública ha llevado a la Corte Suprema a intensificar su escrutinio sobre todas las instituciones y procesos asociados con la UNGRD, incluyendo el Congreso, que ha jugado un papel crucial en la tramitación de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno.

Esta medida, ordenada por el magistrado Francisco Farfán, de la Sala de Instrucción del alto tribunal, se enmarca en la investigación que afecta a altos funcionarios del Legislativo, incluyendo al expresidente del Senado Iván Leonidas Name y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Delegados de la Corte Suprema realizaron una revisión exhaustiva en las oficinas de la Comisión VII y de Crédito Público del Congreso específicamente en la mañana del martes 30 de Julio.

El objetivo principal de esta inspección es recolectar pruebas sobre la supuesta influencia de fondos irregulares provenientes de la Ungrd en las iniciativas legislativas aprobadas en estas comisiones. Las acusaciones surgen a partir de denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, quienes se han declarado culpables de corrupción y afirman que varios congresistas recibieron sobornos para apoyar iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según las revelaciones de López y Pinilla, se habrían distribuido aproximadamente $4.000 millones entre los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para facilitar la aprobación de proyectos gubernamentales. Específicamente, se alega que Iván Leonidas Name recibió $3.000 millones y Andrés Calle $1.000 millones.

Además, se menciona que al menos ocho congresistas, cuyos nombres incluyen a Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya y Germán Rogelio Rozo Anís, fueron sobornados para respaldar proyectos del Gobierno en la pasada legislatura.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación está trabajando en la preparación de una solicitud de prisión para los exdirectivos López y Pinilla, cuya audiencia está programada para el próximo 7 de agosto, fecha en que el presidente Gustavo Petro cumplirá dos años en el cargo. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación también está participando en la investigación, colaborando estrechamente con la Corte Suprema y la Fiscalía.

Además de los mencionados, las versiones de los exdirectivos de la Ungrd apuntan al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como una figura central en el esquema de corrupción. Según El Espectador, estos testimonios, Bonilla habría liderado reuniones clandestinas para coordinar la distribución de contratos y fondos, y fue responsable de incrementar el presupuesto de la Ungrd en $700.000 millones durante 2023, de donde se habrían destinado recursos para los contratos de los llamados “carrotanques” y otros.

Por otro lado, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco también ha sido señalado en las investigaciones como uno de los principales negociadores de sobornos para congresistas. Las versiones sugieren que Velasco jugó un rol crucial en la asignación de coimas y en la gestión de estos acuerdos ilícitos.