Director de la UNP reveló violaciones de protocolos por parte de protegidos: habló de disidentes en camionetas

En una sesión de control político llevada a cabo en el Senado de la República, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encontró en el centro de la polémica debido a la inadecuada utilización de sus vehículos oficiales. Durante el debate, surgieron acusaciones sobre el transporte de miembros de disidencias de las Farc que cuentan con órdenes de captura vigentes, lo que provocó un escándalo.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, fue contundente al afirmar que los escoltas involucrados en el incidente no son responsables de las irregularidades reportadas. En su intervención, el funcionario aclaró que el personal de protección no posee las facultades necesarias para realizar labores de policía judicial. En particular, los escoltas no tienen la autoridad para requisar a los pasajeros de los vehículos ni para verificar si alguno de ellos tiene órdenes de captura vigentes.

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“No pueden requisarlos, no tienen funciones de policía judicial, o pueden pedirles las cédulas a los que se están subiendo; están en inferioridad. La presión es manifiesta en el terreno, al no tener funciones de policía judicial no pueden cotejar si tienen órdenes de captura, o si los pide algún juzgado o si tiene procesos vivos, estamos en una situación compleja”, destacó Rodríguez.

En su opinión, el incumplimiento de los protocolos fue responsabilidad de los protegidos que abordaron los vehículos, que subieron a individuos que no debieron hacerlo, contraviniendo los acuerdos establecidos con la oficina del Comisionado de Paz.

Augusto Rodríguez aclaró las normativas y responsabilidades asociadas con el uso de estos vehículos oficiales. En su intervención, el director de la unidad enfatizó la importancia de adherirse a las regulaciones establecidas para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio.

“Las personas protegidas tienen como obligación no subir a los vehículos a personas que no estén autorizadas dentro de la resolución que ha facultado el servicio de protección, a excepción de que el servicio de protección lo extienda a su grupo familiar (...) los protegidos no pueden manejar los vehículos y es algo que comúnmente se encuentra”, señaló el director de la unidad.

Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ofreció una perspectiva adicional sobre el incidente. El líder destacó que se tomaron medidas correctivas para prevenir futuros problemas similares. Según el comisionado, el incidente se produjo porque los disidentes alegaron una situación de riesgo extraordinario; sin embargo, Patiño enfatizó que dicha alegación no puede justificar el incumplimiento de las normas establecidas.

“Ellos alegaron una situación de riesgo extraordinaria, pero los primeros que debemos saber esto debemos ser nosotros, no pueden ellos frente a una actitud de riesgo echar por la borda toda la confianza que se ha construido y decir que se van a portar como si estuvieran en la ilegalidad y menos ellos, que tienen un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad por el proceso de paz”, expresó Patiño, de acuerdo con el medio citado.

El debate en el Senado acentuó la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de seguridad y protección para evitar que situaciones similares se repitan. La controversia puso de relieve las dificultades inherentes a la protección de personas en procesos de paz, así como la necesidad de asegurar que todos los involucrados cumplan con los estándares legales y operativos establecidos.

El director de la UNP junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comisionado para la Paz, Otty Patiño, se encuentran en el centro del debate político tras el reciente escándalo relacionado con una caravana de vehículos oficiales. La situación fue objeto de un intenso debate de control político en la Comisión Segunda del Senado.

La controversia se desató luego de que el Ejército reportara la localización de una caravana de camionetas de la UNP en la vía Medellín-Anorí, en Puente Gabino, Antioquia. Según el reporte militar, la caravana transportaba a miembros del Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente liderada por alias Calarcá, que sigue participando en las negociaciones de paz con el Gobierno.

Durante la operación, se encontraron armas, fajos de dinero en efectivo, celulares y un menor de 17 años que había sido reclutado por el grupo armado a los 13 años.

El Gobierno había autorizado previamente el uso de estos vehículos como parte del esquema de protección para las cabecillas del EMC, en el contexto del proceso de paz en curso. Sin embargo, el episodio desató un torrente de críticas debido a la presencia de disidentes con órdenes de captura vigentes entre los pasajeros de la caravana, lo cual está claramente prohibido bajo las normativas de protección.

Durante el debate, los funcionarios explicaron diversas irregularidades. Entre las principales preocupaciones se encuentran la presencia de disidentes con órdenes de captura en los vehículos, una práctica que contradice las normativas establecidas para el uso de los recursos de protección. De los guerrilleros transportados, solo tres, incluyendo a alias Calarcá, tenían una suspensión temporal de sus órdenes de captura.