El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, enfrenta una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.
La denuncia se presentó debido al escándalo de la caravana de esa entidad en la que se transportaban varios miembros de las disidencias de las Farc, en hechos que ocurrieron el 24 de julio en una vía de Antioquia.
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Por las irregularidades en el transporte de 18 miembros del Estado Mayor Central en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección, varios congresistas de Antioquia decidieron denunciar al funcionario ante el organismo de control.
La senadora Paola Holguín y el representante a la Cámara Juan Espinal acusan a Rodríguez de violar el artículo 67 del Código Penal Disciplinario y de incumplir sus obligaciones de control y vigilancia según el decreto 4065 de 2011 y la resolución 0357 de 2012.
También alegan una falta a los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia que establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Juan Espinal afirmó que Rodríguez reconoció el error por parte de la entidad y añadió que alguien debe asumir la responsabilidad por lo ocurrido.
“Alguien tiene que responder ante lo delicado que ocurrió en el departamento de Antioquia. Estos hechos no se pueden quedar en completo silencio, tiene que responderle a los colombianos y a los entes de control. Tiene que responder por la falta de cuidado”, dijo el congresista.
Según los informes emitidos por las autoridades tras conocerse el escándalo de la caravana de la UNP, siete de los individuos involucrados tenían órdenes de captura vigentes y portaban armas y 100 millones de pesos en efectivo.
Varios disidentes fueron detenidos y judicializados tras el escándalo
Un juez de control de garantías en Antioquia imputó varios delitos a tres disidentes de las Farc en conexión con el escándalo de la caravana de guerrilleros escoltados por la UNP. Los acusados son Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu; Wenser Zabala Duque, alias Oliver González; y María Alejandra Ojeda.
Durante una audiencia en Medellín, en la noche del 25 de julio, se presentaron los cargos a los disidentes. Se esperaba que la Fiscalía General de la Nación solicitara la medida de aseguramiento, pero la audiencia fue aplazada para el lunes 29 de julio.
En la audiencia, realizada de forma privada, alias Firu fue imputado con delitos de homicidio agravado, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir, según se conoció extraoficialmente. Tanto alias Oliver González como María Alejandra Ojeda enfrentan cargos por porte ilegal de armas de fuego.
Los sindicados participaron virtualmente desde el batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, manteniendo su inocencia ante los cargos imputados. Según información disponible, solo alias Oliver González aparece en la resolución 282 del 04 de julio de 2024, que levantó órdenes de captura contra varios disidentes de las Farc en medio de las negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En una decisión que profirieron desde el Juzgado 103 Penal Municipal de Medellín, el 29 de julio, Édgar de Jesús Orrego Arango, junto con Wenser Zabala Duque, alias Oliver González, y María Alejandra Ojeda, fueron enviados a la cárcel.
“Fueron capturados en flagrancia siete integrantes del Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las FARC. Tres de ellos serán dejados en libertad como consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada al margen de la ley (sic)”, indicaron desde la Fiscalía General de la Nación.
Otro implicado es Diego Armando Vargas Betancourt, alias Boyaco, cabeza del frente John Linares del bloque Jorge Suárez Briceño en el Guaviare.
Alias Boyaco enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado, y también negó los cargos. La Fiscalía le atribuye actos de extorsión y amenazas desde 2017, además de ordenar la muerte violenta de Floriberto Mora Agudelo el 21 de febrero de 2022.
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