Cifras del presupuesto del Gobierno para 2025 podrían generar un gran problema para los más pobres

El 29 de julio, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley 090, correspondiente al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025. Este será por un monto de $523 billones (29,4% del Producto Interno Bruto - PIB), cifra menor a los $533 billones para 2024. Según el proyecto, los sectores con mayor presupuesto serán Educación ($75 billones) y Salud ($71 billones). Luego, están Trabajo ($50 billones), Defensa ($44 billones) y Hacienda ($34 billones).

De acuerdo con el director de Presupuesto, Jairo Bautista, el proyecto de PGN contempla $82,4 billones para inversión, mientras que el servicio de la deuda será de $112,6 billones y se destinarán unos gastos de funcionamiento de $327,9 billones.

Por supuesto, frente a dichas cifras, hay profunda preocupación, sobre todo ante la posible reducción del presupuesto de inversión pública en un 53%.

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La Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales de Colombia (Aliadas), presidida por María Claudia Lacouture, también presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), reaccionó al respecto y expresó que esto representaría la cifra más baja de los últimos cinco años. Recordó que, en 2023, ya se había reducido este presupuesto en un 50%, y una nueva disminución profundizaría los efectos adversos en la economía del país.

“Aliadas reconoce la fragilidad fiscal en la que se encuentra Colombia y entiende la necesidad de ajustar el presupuesto nacional. Sin embargo, subraya la importancia de priorizar la austeridad del gasto en áreas no productivas, enfocándose en reducir el gasto de funcionamiento, que se ha incrementado significativamente entre 2022 y 2024, basado en proyecciones de crecimiento no materializadas”, manifestó el gremio.

De igual manera, apuntó que la inversión productiva es esencial para reactivar la economía, promover el crecimiento y generar empleo formal, elementos clave para combatir la pobreza. Además, señaló que la reducción del presupuesto de inversión contraviene estas necesidades y limita la capacidad del país para superar la desaceleración económica.

Para el gremio, el camino propuesto por el Gobierno, que evita reducir el gasto y busca financiarse por medio de una ley de financiamiento (reforma tributaria), podría impactar de manera negativa a la población y a los empresarios, quienes ya soportan desde hace tiempo los efectos de una desaceleración económica e impuestos adicionales que se establecieron en la última reforma.

Por lo tanto, Aliadas hizo un llamado al Gobierno nacional para que reevalúe la asignación del monto de inversión pública en el Presupuesto General de la Nación para 2025. Insistió en que “es fundamental mantener niveles significativos de inversión y asegurar una ejecución eficiente de los recursos, priorizando la austeridad en los gastos de funcionamiento que han crecido sin respaldo en el crecimiento económico esperado”.

Ante esto, manifestó que la recomposición del presupuesto hacia mayor gasto de inversión y menor gasto de funcionamiento estaría en línea con el plan de reactivación económica anunciado por el Gobierno. Así, el esfuerzo de reactivación, que ayuda a tender puentes de diálogo con los diferentes sectores, especialmente con el sector privado, es importante que continúe mediante acuerdos y consensos, como resultado de un debate respetuoso y constructivo que beneficie a todos los colombianos.

A esto también se refirió el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA. Principalmente, criticó que el Gobierno busque recaudar $12 billones con la nueva reforma tributaria. Para él, es un mal mensaje y recomendó eliminar algunos gastos que serían innecesarios.

“Mal mensaje para la economía meterse a recaudar ahora $12 billones adicionales para financiar un presupuesto que crece en exceso en gasto de funcionamiento. Un mejor paso es tomar una decisión audaz de eliminar transferencias monetarias innecesarias y bajar en forma gastos de funcionamiento (muchos burocráticos), que crecieron $100 billones en los últimos dos años (2023-2024) en más de un 50%”, indicó.

Precisó que meterse en una reforma tributaria para recoger $12 billones es inyectarle otra dosis de incertidumbre y desconfianza a la economía y a la inversión privada. Además, que “no sería un plan de reactivación, sino de desactivación”.