Por el escándalo de los disidentes de las Farc en camionetas oficiales, la Procuraduría inspeccionó las oficinas de la UNP: investigan posibles irregularidades

Tras la captura de varios disidentes de las Farc que se movilizaban en camionetas adscritas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por carreteras del departamento de Antioquia el pasado 23 de julio, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra los directivos de la entidad y realizó una inspección disciplinaria a la entidad.

El ente de control señaló que sus hallazgos en la UNP buscan identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad, manuales y protocolos que regulan el ejercicio de la función relacionada con los esquemas colectivos de protección.

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La directora nacional de Investigaciones Especiales del órgano de control Lucila Mercedes Vidal Luque aseguró que en los primeros hallazgos a la entidad de protección se recopilaron contratos con agentes terciarios, en la que analizarán si estos tendrían vinculación con las camionetas retenidas por el Ejército Nacional en territorio antioqueño, donde se movilizaban algunos integrantes del Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

“Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la directora nacional. A su vez, recalcó que “si bien es cierto, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados, no descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”.

A su vez, Vidal Luque advirtió que, de encontrar responsabilidad alguna en este caso, “podría llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en la que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros”, y no descartó nuevas inspecciones a otras entidades, como la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello, Antioquia.

Durante el operativo militar, que se realizó en jurisdicción del municipio de Santo Domingo, Antioquia, soldados detuvieron una caravana donde se movilizaban un grupo de disidentes de las Farc con órdenes de captura, entre los cuales, se encontraban Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, y Alexander Días Mendoza, alias Calarcá, integrantes de la mesa de diálogos con el Gobierno nacional, así como Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, quien es cabecilla del frente 36 del EMC y referenciado como responsable de la muerte de seis soldados en Valdivia, Antioquia.

En total, iban 13 disidentes movilizándose en estos vehículos por las vías de Antioquia, entre ellos, un menor de edad que había sido reclutado por las disidencias, pero que fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Mientras que alias Firu fue capturado por las autoridades y dejado a disposición de un juez de control de garantías donde se definirá su condena.

Además, las autoridades confirmaron que en los vehículos había prendas de oro y armamento, incluyendo dos pistolas 9 mm, así como dinero en efectivo.

Horas después de la retención, los disidentes fueron movilizados hasta el batallón Pedro Nel Ospina, en el municipio de Bello, Antioquia, donde se llevó a cabo la inspección de las camionetas por orden de la Fiscalía General de la Nación.

Frente a estos hechos, se generó una nueva tormenta que dificultaría las negociaciones de paz con el grupo armado. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó la utilización de vehículos de la UNP para el traslado de disidentes de las Farc y sostuvo que es responsabilidad del Gobierno nacional inspeccionar que las camionetas estén siendo utilizadas de manera debida.

“Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de proyección que el Gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz se le dé una utilización indebida. El Gobierno lo rechaza y vamos a exigir explicaciones en la mesa por parte de las disidencias”, indicó el jefe de cartera.

Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, mencionó que “en caso de que haya alguna persona distinta a las protegidas dentro de los vehículos, los responsables del esquema y los escoltas responden, tienen que responder y están incumpliendo con su deber y si encuentran elementos extraños no contemplados también estarían en problemas”.