El Inpec tendrá que trasladar los detenidos que están en las estaciones de Policía a las cárceles: la Corte Constitucional dio la orden

La Corte Constitucional tomó medidas para obligar al Gobierno nacional a contrarrestar el hacinamiento carcelario.

El alto tribunal ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que todos los privados de la libertad que están en calidad de condenados en las estaciones de Policía sean trasladados de inmediato a las cárceles del país.

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El alto tribunal alertó sobre la persistencia del hacinamiento en el país debido a las condiciones de precariedad que enfrentan las personas privadas de libertad.

La Corte Constitucional ha señalado que, desde que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en 2022 por la vulneración sistemática de derechos en los centros transitorios, las condiciones no han mejorado.

Estos centros están diseñados para detenciones de hasta 36 horas, pero hasta julio de 2024 se encontraron más de 1.500 personas condenadas y más de 5.000 imputados viviendo allí por más de 12 meses.

“Los centros de detención transitoria en la actualidad representan una tragedia humanitaria para Colombia, avergüenzan a la República y no pueden permanecer huérfanos de atención”, indicó el alto tribunal con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez.

Ante esta situación, la Corte dio un ultimátum al Inpec para que traslade de manera inmediata a todos los condenados a establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), con el apoyo de la Fiscalía General y de la Policía Nacional.

La Corte Constitucional tammbién ordenó el traslado inmediato de las personas detenidas en las estaciones de Policía, dando prioridad a mujeres embarazadas y adultos mayores.

Además, el alto tribunal destacó la necesidad de implementar un plan de intervención para mejorar la infraestructura y las condiciones de habitabilidad de los centros de detención transitoria en todo el país.

“Ordenar al Inpec que, con apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, traslade de manera inmediata a todas las personas privadas de la libertad a quienes un juez les haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia o concedido la prisión domiciliaria, cuya ejecución está pendiente, al lugar donde debe cumplirse la medida de aseguramiento o la medida sustitutiva de la prisión intramural”, estableció la decisión.

La Corte cuestionó al Inpec por no admitir en las cárceles a condenados cuya sentencia aún no es definitiva. “Es fundamental señalar la errónea y sin fundamento concepción adoptada por el Inpec para impedir el traslado de personas condenadas cuya sentencia aún no es firme a los Eron”, indicó la resolución.

Las causas del hacinamiento en centros de reclusión permanentes y transitorios se relacionan con el uso excesivo de reclusión intramural para resolver conflictos sociales, afirmó Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Javeriana, en declaraciones a Infobae Colombia.

Esta situación provoca que las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de Policía se llenen de personas en proceso judicial, manteniendo su presunción de inocencia.

El hacinamiento genera condiciones adversas y reduce la capacidad de custodia. Jiménez señaló que estas circunstancias afectan la seguridad barrial al disminuir la capacidad de vigilancia y gestión en estos establecimientos. El problema se agrava cuando las cárceles y centros de reclusión se convierten en focos donde se fortalecen bandas y estructuras criminales que continúan operando desde dentro.

Asimismo, se violan los Derechos Humanos de los presos. Las condiciones de hacinamiento atentan contra la dignidad humana, exponiendo a los internos a espacios reducidos, sin ventilación ni luz natural suficiente, lo que propicia problemas sanitarios graves. Informes de organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que estas condiciones pueden llevar a problemas de salud física y mental.

El hacinamiento en las estaciones de policía y URI en Colombia alcanza un alarmante 166%, es decir, más del doble de personas respecto a su capacidad. Esta situación dificulta la efectividad de la justicia y agrava la crisis carcelaria del país.

La situación se agrava ya que muchos detenidos en centros transitorios han sido condenados y deberían estar en cárceles cumpliendo su condena, pero no han sido trasladados a los centros penitenciarios correspondientes. Según datos de W Radio, hay al menos mil personas condenadas que aún no han sido trasladadas, lo que requiere más de 3.500 policías adicionales.