La firma de abogados Hollman Ibáñez Abogados, en colaboración con Ariel Quiroga Vides & Abogados, se dirigieron a la opinión pública para expresar su rechazo a la reciente actuación de la Fiscalía General de la Nación en el caso que involucra a la reconocida empresaria Socorro Oliveros de Hernández y a su esposo, el exsenador, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Esta desaprobación se fundamenta en la difusión innecesaria y sensacionalista de información sobre el proceso penal que enfrenta la pareja, de acuerdo con los defensores.
Este comunicado surge a raíz de la acusación formal presentada por la Fiscalía contra el exalcalde de Bucaramanga y su esposa, en relación con una presunta financiación irregular durante la campaña presidencial del exfuncionario. Según el ente acusador, el supuesto aporte de fondos no permitidos habría ocurrido en el contexto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
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En ese período, la esposa del exalcalde se desempeñó como gerente de su campaña. Según el ente acusador, una investigación realizada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción reveló que la gerente de la campaña permitió que el excandidato presidencial hiciera aportes monetarios a su propia campaña, a pesar de que fue acusado penalmente en mayo de 2021.
El monto que supuestamente se habría aportado irregularmente a la campaña asciende a $127 millones, sumados directamente por el candidato, que está clasificado como una fuente prohibida para estos fines. Debido a estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes no permitidas. Además, Rodolfo Hernández enfrenta una acusación por el delito de interés indebido en la adjudicación de contratos.
En el escrito de la entidad judicial, se informa sobre la próxima audiencia de formulación de acusación en contra de los mencionados empresarios. Así, ambos enfrentan cargos por el mismo delito: financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Según el Código Penal, esta conducta puede conllevar una pena de prisión de cuatro a ocho años, una multa de hasta 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Desde la perspectiva de la defensa, esta acción resulta ser no solo es innecesaria, sino también una vulneración a la integridad personal de los implicados, que merecen el respeto pleno a la presunción de inocencia que les asiste por ley.
“Haber emitido un comunicado informando a la opinión pública sobre la celebración de la audiencia de formulación de acusación en contra de los ciudadanos ya mencionados, resulta totalmente innecesario y violatorio de la dignidad humana de quienes ostentan incólume la presunción de inocencia, además de resultar una actuación poco humanitaria contra quienes hacen parte de un grupo poblacional de especial protección como lo son los adultos mayores, sumado a que uno de ellos, se encuentra en un estado de salud sumamente delicado”, se lee en el comunicado de los abogados.
El documento emitido por la firma legal destacó que, aunque se respeta el derecho del ente acusador a informar sobre procesos penales en el interés general, la reciente divulgación pública de la audiencia de formulación de acusación contra los acusados resultó, según su opinión, innecesaria y violatoria de la dignidad humana.
“El morbo inhumano e innecesario que se pretende imprimir a este proceso por parte del ente acusador es inaceptable”, se lee. Además, se criticó las debilidades dogmáticas y probatorias que, según la defensa, afectan la acusación presentada por la Fiscalía.
La defensa de Oliveros de Hernández y Hernández Suárez subrayó su compromiso ético y profesional para probar la inocencia de sus clientes. “Reiteramos nuestro compromiso moral, ético y profesional para demostrar a la justicia y al país que la inocencia de los esposos Hernández-Oliveros no debe ser puesta en duda”, afirmaron.