Procuraduría investiga al rector de un colegio por presunto caso de acoso sexual a estudiantes de la institución

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra Bernardo Orobio Riascos, rector de la Institución Educativa Francisco José de Caldas en Buenaventura, por presunto acoso sexual a varias menores de edad. Las graves acusaciones señalan que Orobio Riascos citaba a alumnas de décimo y undécimo grado a su casa, prometiéndoles subir sus notas a cambio de favores sexuales.

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Según la Provincial de Instrucción de Buenaventura, varios padres de familia denunciaron que el rector habría utilizado su posición para coaccionar a las estudiantes. “El rector supuestamente las citaba en su casa y les proponía mejorar sus calificaciones a cambio de sostener relaciones con él”, informaron desde el ente de control a través de un comunicado de prensa.

El escándalo no se limita al rector. La investigación también incluye a Winston Castro, coordinador del colegio, y al docente Carlos Jordi, quienes, según la Procuraduría, omitieron las quejas de las víctimas y facilitaron los abusos. Además, habrían infringido también violencia contra una de las menores: “Castro y Jordi habrían propiciado escenarios para el abuso, alterado notas y, en un caso extremo, estuvieron a punto de golpear a una de las menores”.

Las autoridades buscan ahora verificar la veracidad de las denuncias, determinar si constituyen faltas disciplinarias y establecer si los acusados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad. La solicitud de pruebas por parte del Ministerio Público es un paso crucial en esta investigación. La comunidad educativa de Buenaventura está consternada y exige justicia para las víctimas.

En el caso del rector Bernardo Orobio Riascos, de comprobarse las acusaciones de acoso sexual a menores, enfrentaría graves consecuencias legales y disciplinarias. Penalmente, podría ser procesado por delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, cuyas penas oscilan entre 12 y 20 años de prisión, según el Código Penal Colombiano. Además, podría enfrentar cargos por cohecho si se comprueba que ofrecía beneficios a cambio de favores sexuales. Disciplinariamente, la Procuraduría General de la Nación podría imponerle sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

El coordinador Winston Castro, acusado de omitir las quejas y facilitar los abusos, podría enfrentar cargos por prevaricato por omisión, que se castiga con penas de 4 a 8 años de prisión y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período igual. Adicionalmente, podría ser procesado por encubrimiento si se demuestra que alteró notas o creó condiciones para que los abusos ocurrieran. Disciplinariamente, las sanciones podrían incluir la suspensión, la destitución y la inhabilidad para ocupar cargos públicos, dependiendo de la gravedad de las faltas confirmadas.

En cuanto al docente Carlos Jordi, acusado de alteración de notas y tentativa de agresión a una menor, podría enfrentar cargos por fraude procesal y lesiones personales agravadas, dependiendo de la gravedad de la violencia ejercida. Las penas para estos delitos incluyen prisión y multas, además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos. En el ámbito disciplinario, Jordi podría ser suspendido, destituido e inhabilitado para ocupar cargos en el sector educativo.

En todos estos casos, las sanciones disciplinarias de la Procuraduría podrían ser complementadas con medidas de reparación a las víctimas, así como la implementación de programas de prevención de abuso y acoso en instituciones educativas, como medida correctiva y de sensibilización en la comunidad educativa.

En Colombia, los menores que sufran acoso por parte de un docente o miembro del colegio pueden denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Comisarías de Familia, las directivas de las instituciones educativas, y a través de líneas de atención telefónica como la Línea 141 del ICBF, donde recibirán apoyo legal y psicológico, y se tomarán medidas para garantizar su protección y acceso a la justicia.