Procuraduría abrió investigación para encontrar a los “responsables” de la presunta campaña de desprestigio contra Verónica Alcocer

El escándalo de corrupción más grande que envuelve al Gobierno nacional y a varios de los más cercanos al presidente Gustavo Petro se ha convertido en el punto de partida de una serie de investigaciones por parte de diferentes entidades de control.

Mientras la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia intentan averiguar lo que ocurrió en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), donde se han resultado salpicados ministros y exfuncionarios del Gobierno, la Procuraduría General también ha intervenido y ha tomado dos decisiones que, esta vez, buscaría defender a la primera dama Verónica Alcocer.

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El ente de control disciplinario ha anunciado la apertura de una investigación contra tres altos funcionarios del Gobierno involucrados en el caso: el director de Inteligencia, Carlos Ramón González, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

González, que recientemente presentó su renuncia, junto a Bonilla y Velasco, ha sido mencionado en declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos responsables de la Ungrd. Según las declaraciones, estos funcionarios habrían estado involucrados en el desvío de fondos públicos para la compra de votos en el Congreso con el fin de apoyar las iniciativas legislativas del Ejecutivo.

Pero la Procuraduría también investiga la posible implicación de funcionarios del Gobierno Petro en una campaña de desprestigio denunciada por la primera dama, según reveló El Tiempo. De hecho, la noticia se da después de un mes de que Alcocer hizo la denuncia sobre el “fuego amigo” del que estaría siendo víctima el Ejecutivo y los cercanos al presidente.

La primera dama alegó que la campaña estaría siendo impulsada por personas dentro de entidades gubernamentales para desacreditarla, asociándola con supuestos hechos de corrupción dentro de la unidad de gestión del riego.

Alcocer afirmó en un comunicado que la campaña de desprestigio estaba siendo promovida, incluso, por “personas pertenecientes a entidades del Gobierno” y que pretendían asociarla con hechos de corrupción en la Ungrd, por lo que la decisión de la Procuraduría incluye una indagación preliminar para determinar la posible implicación de funcionarios públicos en la campaña de desprestigio contra la primera dama.

De hecho, el diario nacional reveló que dicha estrategia para enlodar a Verónica Alcocer estaría a cargo de “el sindicato”, un grupo de funcionarios que hacen parte del equipo del presidente, pero que han tenido roces con el mandatario y otros miembros del Ejecutivo por cuenta del manejo que se le estaría dando al Gobierno nacional.

Por eso, la delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Téllez, ha ordenado que se investigue a los funcionarios involucrados y ha solicitado al Dapre los contactos necesarios de la primera dama para ampliar detalles sobre la denuncia y proveer las pruebas disponibles.

Además, el caso también ha sido impulsado por la defensa de la primera dama que está a cargo del abogado penalista Mauricio Pava, quien también representa al mandatario en el caso de la presunta violación de topes electorales de la campaña presidencial de Petro y a Laura Sarabia en el escándalo de las chuzadas y las pruebas del polígrafo.

Entretanto, la primera dama ha señalado que está dispuesta a colaborar con su equipo jurídico para facilitar toda la evidencia necesaria ante la Fiscalía y la Procuraduría y se espera que en las próximas semanas comparezca para entregar la información que tiene en su poder.

En cuanto a la investigación que adelanta el ente de control contra varios funcionarios del Gobierno por su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional del Riego (Ungrd), la Procuraduría ya tiene en su poder las pruebas de la circulación de una cadena de WhatsApp mencionando a personas cercanas a la Casa de Nariño.

Entre los mencionados aparece Jaime Ramírez Cobo, un asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Sus vínculos han sido asociados con Laura Sarabia y Daniela Andrade, antigua funcionaria de la Fiduprevisora y pareja de Ramírez.

Sneyder Pinilla mencionó en su testimonio que varios proyectos en Cotorra, El Salado y Saravena involucrando 92.000 millones de pesos que no alcanzaron a materializarse debido al escándalo ligado a Carlos Ramón González y que coinciden con unos chats de Ramírez. En los mensajes, se reveló que un asesor comentó sobre la posible caída de los créditos nacionales si los contratos no se finalizaban.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, también se ha visto implicado al asumir el control del presupuesto de la Ungrd el 16 de febrero de 2023. Mensajes revelados por el diario nacional indican que Bonilla mostró su frustración cuando Pinilla no respondió sus llamadas sobre la administración de contratos.

Por su parte, varios asesores del ministro de Hacienda han aclarado que algunos mensajes han sido sacados de contexto y que es común que su cartera se interese en dichos proyectos.