Desmantelan a ‘Los Conde’, un clan familiar que se habría apropiado de 2.762 millones de pesos de contratación estatal

La Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de San Pablo, Colón y Buesaco, en Nariño, así como Puerto Caicedo, en Putumayo, habrían sido víctimas de ‘Los Condes’, una organización criminal conformada por Jhon Jairo Conde Carrera y sus hijos Juan Sebastián y Valentina Conde Bustos.

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación reveló que, desde al menos 2020, este clan familiar presuntamente integraba consorcios para acceder a contrataciones estatales. Posteriormente, mediante maniobras fraudulentas de subcontratación, lograban el avance financiero de los anticipos, los cuales no eran invertidos en las obras civiles pactadas, sino que eran apropiados ilícitamente por la organización, alcanzando un monto de 2.762 millones de pesos.

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La Fiscalía, a través de su cuenta de X, compartió un video en el que se ve a las tres personas.

Adicionalmente, según la Fiscalía, ‘Los Condes’ recurrían al pago de coimas y porcentajes para obtener contratos de infraestructura vial. La organización también engañaba a inversionistas, induciéndolos a invertir grandes sumas en la comercialización de un estabilizante químico para pavimentación de vías terciarias, generando así un beneficio ilícito.

Ante estos hechos, la Fiscalía imputó a Jhon Jairo Conde Carrera y a sus hijos los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, estafa agravada, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Ninguno de los involucrados aceptó los cargos.

El proceso legal avanzó con la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario para Jhon Jairo y Juan Sebastián, mientras Valentina Conde Bustos enfrentará el juicio en libertad, según determinó un juez con función de control de garantías en Bogotá.

A finales de junio la Fiscalía presentó ante una jueza de control de garantías de Valledupar a tres miembros de una misma familia, acusados de participar en una red de contrabando de mercancías procedentes de Panamá a través del puerto de Buenaventura. Johan Andrés Marín Bernal, su compañera sentimental Angie Paulín Behaine Durán, y su hermano Sergio Felipe Marín Bernal fueron señalados de crear dos empresas en 2019 supuestamente para importar y comercializar diversos productos, así como ofrecer asesoría para actividades comerciales internacionales.

Sin embargo, la investigación reveló que estas empresas no tenían una sede física real ni un domicilio fijo, y carecían del respaldo financiero adecuado para manejar el volumen de mercancía adquirida. Además, se encontró que una de las empresas no declaró las transferencias en dólares realizadas a proveedores en el exterior ante el Banco de la República.

Durante la investigación, se llevaron a cabo 14 diligencias que resultaron en la aprehensión, decomiso y destrucción de cigarrillos, calzado, vestuario, medicamentos y vitaminas valorados en más de 7.639 millones de pesos. Nueve de los cargamentos incautados consistían en cigarrillos que carecían de la documentación necesaria para su nacionalización y certificación de origen.

Como resultado de estos hallazgos, la Fiscalía imputó a los tres acusados los delitos de concierto para delinquir agravado y contrabando agravado. Todos ellos fueron sujetos a medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia, en espera de los avances del proceso judicial.

En Colombia, los delitos de concierto para delinquir agravado y contrabando agravado, como los imputados a Johan Andrés Marín Bernal, Angie Paulín Behaine Durán y Sergio Felipe Marín Bernal, pueden conllevar severas sanciones penales, según el Código Penal Colombiano:

• Concierto para delinquir agravado: este delito implica la participación de varias personas que se organizan para cometer delitos de manera sistemática y coordinada. La pena puede ser de prisión de 6 a 12 años y multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Contrabando agravado: involucra la importación o exportación ilegal de mercancías, con agravantes como la cantidad o la naturaleza del producto. Las penas pueden ser de prisión de 6 a 12 años y multa hasta del doble del valor de la mercancía.

Las autoridades mencionaron un decomiso valorado en más de 7.639 millones de pesos y múltiples operaciones de contrabando; lo que significa que es probable que los imputados enfrenten condenas significativas si son encontrados culpables. Además, el hecho de que hayan sido sujetos a medida de aseguramiento privativa de la libertad indica la gravedad de las acusaciones y la posibilidad de que enfrenten un proceso judicial prolongado y complejo.