En el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá, el jueves 25 de julio, se llevó a cabo una audiencia crucial en la que se imputaron cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, involucrados en un grave caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión y el Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, los delitos imputados incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Este caso ha llevado a que altos funcionarios de la administración Petro, como Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sean mencionados penalmente.
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En su declaración a la Fiscalía, Olmedo López reveló detalles sobre un encuentro el 4 de diciembre de 2023, donde él y Pinilla asistieron a una cena en un restaurante para celebrar anticipadamente su cumpleaños. En esa ocasión también estuvo presente Luis Eduardo López Rosero, empresario de carrotanques. Durante ese periodo, avanzaba la compra irregular de carrotanques para La Guajira.
Carlos Ramón González, exmilitante del M-19, renunció tras ser mencionado en este escándalo. Según la fiscal Andrea Muñoz, González coordinó con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al representante Andrés Calle, basándose en instrucciones del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Además de los mencionados, Olmedo López insiste que Luis Fernando Velasco, el entonces ministro del Interior, participó en reuniones para desviar recursos de la Ungrd con fines de compra de votos para apoyar la agenda legislativa del Gobierno. López asegura que Velasco lo presionó para realizar pagos millonarios en Nariño. Velasco también es mencionado en un documento de la Fiscalía fechado el 29 de junio de 2023, en el que se menciona su solicitud de pago a la empresa Laythy B Safa para el suministro de gas en el sur del país.
Este escándalo de corrupción ha revelado detalles comprometedores sobre la gestión de recursos destinados a emergencias, particularmente después de un deslizamiento en Rosas, Cauca, que bloqueó la Panamericana el 9 de enero de 2023. “Evento 2, del 29 de junio de 2023: solicitud de pago del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la empresa Laythy B Safa”, dice el documento de la Fiscalía. Tras investigar, se estableció que no se trata de una compañía, sino del nombre del representante legal y gerente de una distribuidora de gas ubicada en Pasto, Nariño: Montagas SA ESP. Su representante legal es El-Laythy Barakat Safa Husein, originario de Ipiales y con estudios en Jordania.
Otros implicados
Según El Tiempo, el Ministerio de Minas estableció un mecanismo jurídico aprobado por el consejo de ministros para facilitar el transporte de gas licuado de petróleo (GLP) desde Estados Unidos hasta el sur del país, tras el bloqueo de la Panamericana. El ministro veló por el proceso y aseguró que el Gobierno asumiría el precio diferencial del transporte. Este anuncio se realizó durante el periodo en el cual Velasco era el alto consejero para las regiones, cargo que posteriormente ocupó Sandra Ortiz.
Uno de los buques empleados para esta tarea fue el Queen Zenobia, con bandera liberiana, que transportó GLP desde Houston, Texas, Estados Unidos hasta Tumaco. Según explicó Safa Husein a El Tiempo, su empresa Montagas, fue una de las cinco seleccionadas por el ministerio para llevar gas al sur del país durante la emergencia. Husein indicó que “todo el trámite de suministro de GLP se hizo a través de la cartera de Minas, que no tuvo contacto con la Ungrd”.
Sin embargo, la gestión del pago estuvo a cargo de la Unidad. Velasco afirmó que habían acordado un mecanismo jurídico aprobado para resolver la situación. Montagas emitió varias facturas a la Ungrd, acumulando una cuenta por cobrar de 5.398 millones de pesos. Según Husein, se escribieron varios mensajes al chat de Velasco solicitando el apoyo para gestionar estos pagos.
“Mis datos. No nos pagan aún contingencia Cauca: estos sobrecostos fueron analizados, auditados y aprobados por Miniminas en los primeros días del mes de mayo, los mismos se encuentran facturados a la UNGRD y cargados en una cuenta por cobrar por $ 5.398 millones. Solo a Monta Gas”, se lee en uno de los mensajes que Olmedo López, entonces director de la Ungrd, reenvió a Velasco. Este último, en otra conversación, añadió que había personas en Nariño reclamando el pago por el suministro de gas durante la emergencia.
“Estimado Olmedo, esta fue la gente que nos salvó y nos suministró el gas en Nariño durante la emergencia trayendo un barco desde USA. Están desesperados, pues aunque los recursos existen, entiendo no les han pagado… ruego tu buena gestión”.
El proceso de desembolso se aceleró después de una reunión en Pasto entre representantes de Montagas y un asesor de López en la Cámara de Comercio de la ciudad. Según Husein, el pago se realizó una semana después de este encuentro. Safa Husein le dijo a mismo medio de comunicación que solo acudió a Velasco para agilizar el pago, confirmando que todo el procedimiento del transporte de GLP había sido supervisado por el Ministerio de Minas.
En total, fueron pagados 9.000 millones de pesos a las cinco empresas involucradas en el transporte de GLP durante este periodo de emergencia; 5.398 millones de pesos correspondían a Montagas.
Vinculos de Pedro Rodríguez Melo en el caso de los carrotanques
El nombre de Pedro Rodríguez Melo se ha convertido en el centro de una investigación que inquieta a las autoridades. Según El Tiempo, Rodríguez Melo, conocido por su implicación en el negocio de los carrotanques, es señalado por el empresario Luis Eduardo López Rosero de haber recibido 700 millones de pesos como comisión por conectarlo con un negocio turbio de carrotanques.
Rodríguez Melo es una figura conocida en los círculos de poder de Nariño. Fue asesor jurídico de Camilo Romero cuando este era gobernador de Nariño y mantuvo una relación familiar con él, al haber estado casado con una prima del ahora embajador. En una entrevista con W Radio, el embajador confirmó que una de las hojas de vida entregadas a Olmedo López pertenecía a Rodríguez Melo, reafirmando los lazos estrechos entre ambos.
Uno de los puntos más destacados es que López Rosero fue quien inicialmente denunció a Romero y a su entonces asesor jurídico por un contrato relacionado con el aguardiente en Nariño, lo que añade una capa de complejidad al caso. Romero, por su parte, ha sido enfático en que explicará todos los puntos cuestionados y aclarará las reuniones donde advirtió a Olmedo López sobre los posibles conflictos de interés. Sin embargo, prefirió contratar a un abogado para defenderse de los señalamientos.
Según documentos obtenidos por El Tiempo, el nombre del embajador Romero aparece en una lista de implicados que deberían ser investigados por la Corte. No obstante, por razones que aún no se han esclarecido, la compulsa de copias no se llevó a cabo.
Luis Fernando Velasco, exministro y actual figura clave en el manejo de los pagos adicionales por la tragedia en Rosas, Cauca, intervino en el tema del gas argumentando que fue el presidente Petro quien le solicitó gestionar la crisis. Según palabras de Velasco, ofrecieron pagar los sobrecostos del transporte del gas hacia la región afectada. “Quien hizo la auditoría de esa operación fue el Ministerio de Minas y Energía cuando todo estaba claro se ordenó el pago que debía hacerlo la Ungrd”, enfatizó Velasco.
Safa Husein afirmó, en la misma entrevista con El Tiempo, que su contacto con Velasco fue totalmente legal y se limitó a averiguar el estado del proceso de pago. Sin embargo, se negó a revelar la identidad de los dueños de la compañía, argumentando un acuerdo de confidencialidad. Aún así, documentos del acta de asamblea general de accionistas de 2020 revelan que controlan la empresa tres firmas: Nortesantadereana de Gas S.A. E.S.P., JGB Inversiones e Inversiones Pasto SAS.
El portal también tuvo acceso al certificado de disponibilidad presupuestal de la Ungrd, que mostraba un monto total de 11.400 millones de pesos destinados para solventar los gastos adicionales en la zona afectada por el deslizamiento en Rosas, Cauca.
El informe también menciona a otras cuatro empresas seleccionadas para el servicio de transporte de gas, a las cuales se les pagó un total de 3.602 millones de pesos. Las firmas incluidas en esta lista son Chilco Distribuidora de Gas y Energía, Supergas de Nariño, Ingeniería y Servicios, y Alcanos de Colombia.
Finalmente, Safa Husein aseguró que el exasesor de Olmedo López, Pedro Rodríguez Melo, fue quien le entregó el documento de disponibilidad presupuestal.