El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, está cumpliendo desde el viernes 26 de julio de 2024 una orden judicial de arresto informó la Federación Colombiana de Municipios. La medida, que ha generado descontento en la organización, fue ordenada por un juez debido al desacato de una acción de desalojo de más de 30,000 personas.
Gilberto Toro Giraldo, director Ejecutivo de la Federación, expresó su inconformidad con la decisión judicial. En declaraciones recogidas por Semana, Toro Giraldo afirmó: “Somos los primeros en acatar las decisiones judiciales; sin embargo, en esta oportunidad tenemos que alzar nuestra voz de protesta contra la injusticia que se está cometiendo con el alcalde Ernesto.”
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La gobernadora de Cesar, Elvia Milena Sanjuan, se sumó a las críticas y solicitó al Gobierno Nacional la reglamentación de la Ley 2044 de 2000, que aborda el saneamiento de terrenos ocupados ilegalmente. Sanjuan opinó que es injusto para las autoridades tener que tomar decisiones contra el bienestar de los ciudadanos y reiteró el pedido de Orozco para que se reglamente la ley mencionada.
El desalojo afecta a sectores como Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, áreas que han sido ocupadas por asentamientos sin servicios básicos como agua potable. Orozco Durán, en eventos anteriores, había señalado la necesidad de legalizar estos predios, petición que fue reiterada en el pasado Congreso Nacional de Municipios.
La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) también expresó su solidaridad con el alcalde y con la población de Valledupar a través de un comunicado oficial. La organización destacó la necesidad de que el Gobierno Nacional tome acciones para regularizar la situación de los predios ocupados ilegalmente y así evitar futuros conflictos similares.
“Respetamos las decisiones judiciales, pero no estamos de acuerdo con la orden de arresto contra el alcalde de Valledupar”, expresó la Federación Nacional de Municipios.
El alcalde Ernesto Orozco Durán se pronunció en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido por parte de las entidades y los ciudadanos: “Ojalá que esta situación, que ha logrado tanto respaldo, nos ayude a que junto al Gobierno Nacional se le busque una solución definitiva a este tema que ha afectado a miles de personas durante tantos años. Gracias por tanto apoyo”.
La decisión fue tomada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar a raíz del incumplimiento de la sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional, que exige el desalojo de un predio ocupado en la capital del Cesar.
La sentencia se refiere a un extenso terreno donde miles de personas, entre ellas víctimas del conflicto armado, se han asentado y se niegan a abandonar sin garantías adecuadas.
El alcalde ha pedido ayuda al Gobierno
Ernesto Miguel Orozco, alcalde de la ciudad, explicó que la administración municipal había fijado el desalojo para octubre de 2024, pero que aún no se había cumplido en su totalidad la orden de tutela de la Corte Constitucional, según publicó RCN Radio. “Estamos pidiendo ayuda al Gobierno Nacional porque la misma sentencia nos pide que garanticemos la vivienda y el tema de albergues para esas personas que están ahí”, afirmó Orozco.
El conflicto legal ha durado varios años y ha enfrentado a los herederos de Alberto Pimienta Cotes, propietarios del predio, contra los ocupantes y la administración municipal. Estos propietarios solicitaron el inicio de un incidente de desacato que fue acogido por el juzgado para promover el cumplimiento del fallo constitucional.
El contenido de la sentencia T-946 de 2011 establece la especial protección constitucional a cerca de 800 familias que ocupan las tierras, lo que incluye aproximadamente 1.600 menores de edad y 1.400 adultos.
Por otra parte, el alcalde ha manifestado su preocupación por una posible crisis humanitaria de llevarse a cabo el desalojo sin las garantías necesarias. “Las condiciones han cambiado totalmente”, indicó Orozco, argumentando la necesidad de apoyo del Gobierno Nacional.
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