El paisaje socioeconómico de Colombia experimentó importantes transformaciones según las más recientes cifras del Dane, que muestran una reducción en el porcentaje de personas en situación de pobreza. Actualmente, el 33% de la población está catalogada como pobre, en contraste con el 36,6% reportado el año anterior. Este cambio evidencia una mejora en las condiciones económicas de una parte significativa de la sociedad colombiana.
La dinámica de movilidad social se refleja en la redistribución de los estratos socioeconómicos. De los que salieron de la pobreza, un 3,6% pasó a engrosar el grupo de vulnerables, que ahora constituye el 31,5% de la población, comparado con el 30,7% previo.
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El Dane, utilizando una metodologías que incluyen umbrales actualizados, establece que la línea de pobreza está marcada por un ingreso mensual igual o inferior a $435.375 por habitante del hogar. Aquellos que perciben ingresos entre esta cifra y $853.608 mensuales son considerados vulnerables. La clase media, por su parte, corresponde a personas con ingresos que oscilan entre $853.608 y $4.596.352 al mes. Finalmente, se considera clase alta a quienes tienen ingresos superiores a esta última cifra.
Un punto crítico de debate es la percepción de riqueza y cómo se traduce en la realidad cotidiana. Por ejemplo, una persona que vive sola y alcanza un ingreso mensual de 4,6 millones de pesos se clasifica como clase alta según los estándares del Dane. No obstante, al considerar los gastos de vivienda, transporte y alimentación, una gran parte de este ingreso se destina a necesidades esenciales. Más aún, si se añaden otros gastos como el mantenimiento de una mascota o la deuda de una tarjeta de crédito, la percepción de vivir en “clase alta” se ve seriamente cuestionada.
Por tanto, aunque técnicamente una persona con un ingreso de 4,6 millones de pesos se sitúa en la clase alta, según las estadísticas, la realidad es que las obligaciones financieras y el alto costo de vida erosionan esta percepción. En la práctica, la capacidad de disfrutar de los beneficios asociados tradicionalmente con la clase alta —como viajes, educación privada para los hijos, acceso a bienes y servicios de lujo— puede estar severamente limitada.
La desconexión entre los umbrales de ingresos y la capacidad real de gasto sugiere que tener un ingreso elevado no siempre se traduce en pertenecer a la clase alta en términos prácticos.
Las tendencias demográficas también juegan un papel importante. Cada vez es más común que las personas se independicen a una edad temprana, en cuanto consiguen un empleo que les permita sostenerse. Esto, sin embargo, puede implicar un alto costo de vida si se vive solo, especialmente en grandes ciudades donde los arriendos y otros costos básicos pueden absorber la mayor parte del ingreso disponible.
La situación en las ciudades presenta un contraste notable en comparación con el resto del país. Mientras que hay una mayor concentración de oportunidades laborales en áreas urbanas, también se observa un crecimiento más pronunciado tanto en el número de pobres como de vulnerables. Simultáneamente, las clases media y alta también incrementaron, evidenciando una creciente brecha económica.
Las implicaciones de las brechas
Las marcadas divisiones sociales en Colombia tienen diversas implicaciones significativas que afectan distintos aspectos de la vida en el país. Una de las principales consecuencias es la desigualdad económica y social, que se manifiesta en la disparidad en el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda de calidad. Los sectores más pobres y vulnerables carecen de las mismas oportunidades que aquellos situados en los estratos superiores, perpetuando un ciclo de pobreza difícil de romper.
Además, la calidad de la educación está estrechamente vinculada al nivel de ingresos familiares. Los estudiantes de familias de clase alta y media-alta tienen acceso a mejores instituciones educativas y más oportunidades de desarrollo profesional, lo que amplía aún más la brecha social.
En cuanto a las condiciones laborales, una gran parte de los trabajadores en los estratos más bajos se encuentra en el sector informal, lo que significa menor estabilidad laboral, ausencia de beneficios sociales y poca protección legal. El desempleo y el subempleo son también más prevalentes entre los grupos de bajos ingresos, contribuyendo a la incertidumbre económica y a la inseguridad financiera.
La salud y el bienestar de la población están igualmente afectados por estas divisiones. Las personas en los sectores de bajos ingresos tienen menos acceso a servicios de salud de calidad, lo cual repercute en su bienestar general y esperanza de vida. A esto se suma que las limitaciones económicas frecuentemente resultan en una dieta menos balanceada, afectando tanto la salud física como mental.
En el ámbito político y social, la influencia tiende a concentrarse en las clases sociales más altas, que suelen tener una voz más fuerte en la política y en la sociedad. Esto puede resultar en políticas públicas que favorezcan sus intereses sobre los del conjunto de la población. Esta concentración de poder contribuye a la erosión de la cohesión social y puede generar resentimiento y polarización, alimentando tensiones y conflictos.
A nivel macro, la desigualdad obstaculiza el desarrollo económico sostenible del país. Limitar la educación y las oportunidades de empleo para una parte significativa de la población frena la productividad y el crecimiento económico. La fortaleza de las clases medias es crucial para la estabilidad y el desarrollo del mercado interno. Sin su fortalecimiento, Colombia enfrentaría retos económicos más profundos que afectan a todos los sectores de la sociedad.