Fiscalía brindará todas las garantías al ministro de Hacienda para defenderse por el escándalo de la Ungrd

Las recientes declaraciones de Olmedo Lopéz, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), salpicaron al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción al interior de la entidad, por, presuntamente, sobornar a altos mandos del Gobierno para impulsar las reformas sociales del presidente de la República Gustavo Petro.

Según López, la función del ministro Bonilla era coordinar supuestos contratos que desfalcaron a la entidad. Ante las acusaciones, el jefe de cartera solicitó a la Fiscalía General de la Nación escuchar su versión de los hechos y presentar pruebas que ratifiquen su inocencia.

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En ese sentido, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, afirmó que el órgano de control encargado de investigar los hechos brindará todas las garantías procesales para que Bonilla rinda sus declaraciones si se le imputan cargos sobre su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Ungrd.

“Al ministro y a todos los involucrados, transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen las garantías que la ley les otorga para defenderse, para solicitar que se practique un interrogatorio. Además, la viabilidad de estos espacios “los define el equipo de investigación y el equipo de fiscales”, sostuvo Camargo.

A su vez, mencionó que el equipo de investigación designado para el caso “ha estado practicando pruebas para realizar la correcta imputación de cargos”, indicando que pese a la imputación que se formuló a los tres principales responsables del escándalo de corrupción: Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, alias El Pastuso, la entidad continuará trabajando para definir una eventual negociación en la que obtengan una reducción en la pena a cambio de revelar a todos los involucrados y devolver el dinero perdido.

El 25 de julio de 2024, tuvo lugar la audiencia de imputación de cargos. Andrea Muñoz, fiscal 79 delegada contra la corrupción, atribuyó a Olmedo López, Schneider Pinilla y a Luis Eduardo López cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado; interés indebido en celebración de contratos; peculado por apropiación en favor propio y de terceros; falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

La fiscal Muñoz también develó la entrega de coimas por valor de $60.000.0000.000 y $10.000.000.000 al expresidente del Senado de la República, Iván Name y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle por orden de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que, en ese entonces, fungía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

De igual manera, explicó cuál fue el supuesto papel del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla en el escándalo de corrupción, que presuntamente participó en el direccionamiento de tres contratos avaluados en $ 92.000 millones con los que buscaban beneficiar a seis congresistas, para que estos dieran su voto para ampliar el cupo de endeudamiento del Gobierno nacional.

Según el testimonio del exdirector de la Ungrd, en una reunión Bonilla dio la orden de adjudicar los mencionados contratos a las poblaciones de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar por valor de $11.700 millones; Saravena, Arauca por la suma de $35.631 millones, y Cotorra, Córdoba un contrato de $46.000 millones.

El contrato que más preocupación generó ante las autoridades fue el de Saravena, pues se presume que el acuerdo fue a parar a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para favorecer al grupo armado. Según la información entregada por López, se pidieron recursos por 35.631 millones de pesos entre el 6 de septiembre y el 21 de diciembre, fechas en la que el ELN se encontraba en conversaciones de paz con el Gobierno nacional.